Tanto en EU como en México se violentan sus derechos
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- De acuerdo con Victoria Kline, coordinadora del proyecto Unidad Familiar del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), las familias trasnacionales enfrentan separaciones y la pérdida de comunicación, y además tienen que realizar trámites legales y tomar decisiones para su reunificación sin la suficiente información ni apoyo institucional.
La experta explicó que las familias trasnacionales son aquellas cuyos miembros viven en más de un país parte del tiempo o de modo permanente, por lo que cuando deben tomar decisiones económicas, afectivas y de organización se apegan a las leyes de más de un país y quedan a merced de las políticas y programas migratorios de los gobiernos implicados.
Durante la tercera sesión del “Foro Migraciones”, celebrado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Kline explicó que esa situación puede suceder con las familias de migrantes que tienen hijas e hijos menores de edad, los cuales nacieron y viven en el país a donde sus padres emigraron.
Por lo tanto, los gobiernos involucrados deben responder a sus necesidades de bienestar, demandó la especialista.
No obstante, si uno o ambos padres son detenidos o repatriados, las familias en esta condición enfrentan la necesidad de decidir dónde van sus descendientes, quienes –para el caso de México– adquieren, además de la nacionalidad de su país natal, la del lugar de origen de sus progenitores.
Según el Instituto Nacional de Migración (INM), 345 mil 542 personas de origen mexicano fueron repatriadas desde EU en 2012; de ellas, 31 mil 540 eran mujeres.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que entre 2010 y 2014 van 9 mil 780 solicitudes de apoyo consular en casos de custodia de niñas y niños en EU.
PESADILLA
Victoria Kline precisó que cuando las madres y los padres son repatriados o detenidos por autoridades migratorias pueden decidir si su descendencia se queda en el lugar donde crecieron, para seguir sus estudios y tener mayores oportunidades de vida, o bien si los llevan consigo de regreso al país de origen.
No obstante, señaló la experta, ambos casos presentan panoramas complicados para las familias, ya que si deciden que sus hijas e hijos se queden en EU tienen que enfrentar a distancia trámites legales sobre custodia, educación, salud, bienestar social y económico, o incluso por pensión alimenticia.
Tales procedimientos los realizan con poca información sobre las leyes que regulan estos procesos y sin suficientes instancias de gobierno capacitadas para atender la particularidad de cada caso.
Además, si la madre considera que sus hijas o hijos están siendo maltratados o descuidados por quien tiene la custodia, se encuentran ante la imposibilidad y desconocimiento para acudir a las instancias encargadas de llevar los procesos, o bien ir a los tribunales de lo familiar en EU, por lo que, en el mejor de los casos, siguen el proceso por teléfono.
Kline detalló que si las y los niños se quedan bajo la custodia de los Servicios de Protección a la Infancia (casas hogar), entonces los progenitores están ante la posibilidad de perder contacto con los trabajadores sociales durante su detención y después de su deportación, y de las dificultades para establecer un lugar de residencia y obtener un empleo a su regreso a México dentro de los plazos establecidos para que su descendencia regrese con ellos.
En esta situación Imumi ha detectado casos en los que las madres que no pueden regresar de manera regular a su país y que se comunican con el Sistema de Bienestar Infantil (instancia similar al DIF en EU) para conocer el paradero de sus hijas o hijos, sólo son notificadas de que ya fueron dados en adopción.
En 2011 el Centro de Investigaciones Aplicadas de EU estimó que al menos 5 mil 100 menores de edad, cuyos padres fueron detenidos o deportados, estaban bajo la custodia de las autoridades de bienestar infantil en el país del norte.
Por otro lado, si los padres deciden quedarse con sus hijos, comentó la especialista, entonces las niñas y niños enfrentan acceso limitado a escuelas y servicios sociales por la falta de documentos, dificultades para adaptarse al ambiente escolar por barreras del idioma y diferencias culturales, y la insuficiencia de programas sociales de readaptación.
Por todos estos obstáculos en el proceso de reunificación, Victoria Kline apuntó que generalmente las madres que son deportadas enfrentan la separación permanente de su familia, la pérdida de la patria potestad e, incluso, la desaparición de sus hijas e hijos.
La especialista observó que estos casos debieran ser atendidos en México por la SRE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el INM y las dependencias estatales de asistencia a migrantes, no obstante –destacó– son las organizaciones civiles las que orientan, registran y dan seguimiento a los casos.
Por esto, señaló, es necesario desarrollar y fortalecer servicios sociales y legales para garantizar que se respete a las familias el derecho al proceso correspondiente, acceso a la reunificación, información sobre derechos de paternidad, y procedimientos para proteger los intereses de las niñas y los niños.
Según los datos del informe “¿Ahora hacia dónde?”, elaborado por el Imumi, para más de una cuarta parte de las mujeres que residen en la frontera entre EU y México, la reunificación familiar es el factor principal que las motivaba a regresar.
En el informe se asienta que a partir de 2008 iniciaron las deportaciones masivas; pero fue hasta apenas el pasado 30 de abril que el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Migración, el cual se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El programa establece la obligación de distintas instancias de gobierno para crear protocolos interinstitucionales para identificar y atender casos de separación familiar, que coadyuven a la reunificación; fortalecer los servicios de orientación y representación legal para personas migrantes, particularmente en casos de separación familiar, y aplicar la capacidad institucional para el desahogo de requerimientos solicitados por tribunales extranjeros en casos de custodia de menores de edad.
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