Cuauhtémoc Cárdenas
21 de mayo de 2014, 119 aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas
Entre los cambios que se
están dando en la política petrolera, producto de las recientes
contrarreformas constitucionales, aparece la ronda cero como
el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo federal asignará a
Petróleos Mexicanos (Pemex) sus áreas de explotación de hidrocarburos.
Constituye así la primacía que se concede a Pemex para que escoja las
áreas donde desea participar, dejando el resto a la gestión de empresas
particulares. Es el comienzo de la entrega de nuestro petróleo a
intereses contrarios a los de México y la mayoría de los mexicanos.
El 14 de marzo pasado, el consejo de administración de Pemex acordó
enviar a la Secretaría de Energía la solicitud para la asignación de
las áreas de exploración y los campos en producción de los que Pemex
pretendería hacerse cargo (o seguirse haciendo cargo, pues hasta este
momento Pemex los gestiona).
Hasta este momento se carece de información pública respecto de qué
campos y cuáles áreas específicas abandonará y cuáles continuará
operando Petróleos Mexicanos. Es indispensable que esa información se
haga del conocimiento público, aunque al parecer ya fue reservada por
varios lustros como es costumbre cuando algo importante se quiere
ocultar a la opinión pública, aunque no exista razón evidente o de
sentido común para ello.
La información que la Secretaría de Energía ha dado a conocer es que
Pemex solicita 83 por ciento de las reservas 2P (probadas y posibles) y
31 por ciento de los recursos prospectivos. La propia secretaría ha
publicado que las reservas 2P ascienden a 26 mil 200 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente.
Según las tendencias de la extracción actual, las reser- vas 2P
tendrían vida de 12 años y, de ellas se estaría cediendo a los
particulares el equivalente a dos años (4 mil 400 millones de barriles
–17 por ciento), cuya magnitud parece indicar que Pemex no sólo sería
retirado de las llamadas áreas complejas de Chicontepec y Burgos, sino
también de alguna o algunas de las áreas de explotación más rentables
del país.
Por otra parte, los recursos prospectivos, que se estiman en 114 mil
800 millones de barriles, han sido explorados y estudiados por
Petróleos Mexicanos, al que se pretende asignar sólo 31 por ciento de
ellos, y el 69 por ciento restante licitarlo a particulares.
La decisión de privatizar una quinta parte de las reservas 2P del
país no es un asunto menor y debió ser ampliamente informado, pues se
trata nada menos que de uno de los principales patrimonios de la
nación. Esa manera poco aseada de proceder, en nada ayuda al desarrollo
de un sistema de mercado donde el propio gobierno es el responsable de
construir un esquema de regulación encargado de hacer valer la ley,
como regla esencial de funcionamiento. Mal comienzan, pues, las cosas.
Entonces, aun cuando el gobierno lo ha negado sistemáticamente,
queda claro que la reforma energética tiene como objetivo central la
privatización, la cesión a particulares de los recursos petroleros de
la nación, lo que se ha visto con claridad en reciente entrevista de la
subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, quien
declaró, según reporta el Financial Times el 26 de marzo pasado, que
la mayor parte de los países no ofrecen reservas en sus rondas de ofertas, lo que hace muy atractivas las de México.
Si se pretende vender a particulares reservas ya descubiertas por
Petróleos Mexicanos, ¿quién y cómo se resarciría a Pemex de los gastos
efectuados? ¿Cuál sería, en este caso, el negocio para México?
Considerando
un promedio reciente de los precios internacionales que ha alcanzado la
canasta de crudos mexicanos, las reservas a subastar a particulares se
estiman con un valor actual del orden de los 200 mil millones de
dólares.
Con esta información, y lo que surge de las iniciativas presentadas
por el Ejecutivo para la legislación secundaria, ya puede precisarse
que el propósito esencial que el gobierno persigue con la reforma
energética en el ámbito de los hidrocarburos, además de paulatinamente
entregarlos de más en más a particulares, es simple y llanamente
aumentar la extracción primaria. Pero, ¿dónde queda una política
racional de manejo de reservas que le den seguridad al país en el largo
plazo, sobre un recurso que es finito y debe ser protegido de la
natural ambición (dirían algunos) de saquear las reservas para luego
abandonar los campos, como ya ocurrió en el pasado?
¿Elevar la producción, hasta cuánto y en qué tiempos? ¿Elevarla para
transformarla y darle valor agregado produciendo combustibles y
petroquímicos en México o para exportarla? ¿Elevarla para que los
particulares dispongan de nuestros hidrocarburos como mejor les
convenga, dentro o fuera del país?
Porque sería muy grave que no se construyera nueva capacidad de
refinación, sino que se buscara, en el mejor de los casos, asociar la
refinación de Pemex con otras empresas para que sólo éstas pudieran
comercializar sus productos en México, y que tampoco se impulsara la
expansión de la industria petroquímica, perpetuando el carácter de
nuestro país como exportador de materia prima e importador de productos
elaborados. Sería grave porque ello implicaría la ruptura de las pocas
y débiles integraciones industriales que ha logrado el país, una vez
que la reforma constitucional canceló las condiciones del TLCAN que
protegían a este sector, y la reforma energética será así no una
oportunidad para impulsar la industrialización del país, sino un factor
para profundizar su desindustrialización.
Por otro lado, ¿cuál sería el negocio para el Estado mexicano si las
reservas descubiertas por Pemex, que deben pagar 71.5 por ciento de su
utilidad comercial como derechos fiscales por adelantado, se darán a
particulares que pagarán menos de 60 por ciento y sólo después de
deducciones de costos que los propios particulares, por sí mismos,
establecerán?
¿Dónde quedó la planeación integral del sector energético, la
búsqueda de un óptimo nacional para garantizar la seguridad energética
del país en el largo plazo, que signifique la garantía del acceso
general a los bienes y servicios energéticos? Las iniciativas de
legislación secundaria nada dicen al respecto.
¿Qué certidumbre puede tener el gobierno de que efectivamente
vendrán las corrientes de inversión para exploración y extracción de
recursos nuevos o deberá pensarse que los inversionistas sólo vendrán y
lo presionarán para que se les cedan, más y más, reservas ya
descubiertas, y mientras tanto se desmantela a Pemex y a la CFE, al
servicio público de energía eléctrica, mandando a retiro a miles de
trabajadores, a cuadros técnicos altamente capacitados que ya no
regresarán y cuyo servicio perderían el Estado y el país para siempre?
Por lo demás, el fortalecimiento de la regulación, la constitución
de un verdadero fondo de ingresos petroleros que proteja la renta
petrolera en el largo plazo, el aumento del contenido nacional en los
proyectos energéticos, incluso la reducción de tarifas eléctricas y de
los precios de los combustibles, todo ello sería totalmente viable sin
privatizar, sin ceder a intereses ajenos a los de México y los
mexicanos montos importantes de la reserva petrolera nacional.
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