Pachuca, México, mayo (SEMlac).-A 20 años de adoptarse la
Convención interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, todavía una de cada tres
mujeres en América Latina y El Caribe es víctima de este flagelo.
No obstante, la falta de cifras precisas y evaluaciones confiables
--no todos los casos de violencia de género se denuncian o registran
como tales-- dificulta elaborar programas efectivos y que se conozca el
verdadero tamaño del problema.
Así se reconoció durante la celebración del Foro Hemisférico Belém
Do Pará +20, inaugurado en esta ciudad, capital del estado mexicano de
Hidalgo, por el secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
En el encuentro, celebrado los días 14 y 15 de mayo, participaron
panelistas de organismos interamericanos y europeos, así como titulares
de instituciones de la mujer de varios países y funcionarios del
gobierno de México.
Andrew Morrison, jefe de la Unidad de Género y Diversidad del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), fue muy explícito cuando dijo que
si su exposición hubiera sido en torno a las buenas evaluaciones sobre
la violencia contra las mujeres en la región, le hubieran bastado dos
minutos.
"Me hubiera gustado hablar de medidas de prevención y sus bondades
sobre la base de 58 excelentes evaluaciones, pero puedo asegurar que,
si acaso, habrá unas cuatro para América Latina", afirmó.
En el Foro Hemisférico +20 de la "Convención de Belém do Pará", la
asesora regional de ONU-Mujeres para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, Adriana Quiñones, dijo que la Convención es una
promesa por cumplir y apuntó que en la prevención es donde menos se ha
avanzado.
En la misma mesa de trabajo sobre "Oportunidades y desafíos en la
prevención", Barbara Evelyn Bailey, experta del Comité CEDAW
(Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada en 1979 por la ONU), señaló que el tema
medular para abatir las tasas de violencia hacia las mujeres es la
educación. Abundó en que son los estereotipos de género los que
perpetúan la discriminación.
Consideró importante destacar el esfuerzo realizado por el Comité de
la CEDAW para desmontar los estereotipos de género perjudiciales en
todos los ámbitos en la vida de las mujeres y llamó a enfocar más la
atención en el sistema de educación desde la niñez, como la política
más eficaz de prevención.
Bailey añadió que la falta de recursos suficientes para registrar
debidamente los actos de violencia en contra de las mujeres ha
provocado la carencia de estadísticas oficiales y la consecuente falta
de programas, con lo cual el problema ha quedado minimizado frente a la
sociedad, que ignora sus verdaderas dimensiones.
Consideró que es sumamente importante hacer visible y punible la
violencia contra las mujeres en el continente americano para
implementar programas que realmente logren prevenir toda forma de
violencia de género.
José Manuel Azpiroz Bravo, director general adjunto de Participación
Ciudadana en la subsecretaría de Prevención de la Secretaría de
Gobernación, de México, sostuvo que esa dependencia ha implementado un
programa focalizado en 99 municipios y 1.200 colonias catalogadas como
muy peligrosas.
Allí han introducido la perspectiva de género, contribuyendo a
mejorar la situación de las mujeres y las niñas de esos lugares, al
poner énfasis en su seguridad, educación y procurar trato de iguales
entre hombres y mujeres.
Agregó que ese programa, diseñado con la colaboración de
organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos
internacionales y la iniciativa privada, contiene cuatro estrategias,
entre ellas la prevención.
Se trata, dijo, de recuperar los espacios públicos que están en
manos de la delincuencia, crear bibliotecas, talleres, escuelas de
tiempo completo, impartir cursos especiales, otorgar créditos a las
familias, darles atención esmerada a niños y niñas, jóvenes y mujeres,
todo ello con enfoque comunitario y de perspectiva de género, y con un
megacentro deportivo en cada municipio y colonia elegidos.
Explicó que los diputados definieron los recursos, se eligieron las
demarcaciones y se hizo una intervención focalizada en cada uno de esos
lugares, en el entendido de que no puede trabajarse de esa manera en
todo el país.
En materia de prevención, Paloma Soria, abogada de Women's Link
Wordwide, una organización internacional de derechos humanos, dijo que
ningún marco legal servirá para prevenir las violaciones de los
derechos humanos de las mujeres si los Estados no ofrecen una respuesta
integral al problema.
Hizo ver la gran importancia de una política de prevención, ya que
"las consecuencias de los actos de agresión pueden redundar en otras
nuevas agresiones" y destacó que si no se buscan verdaderas medidas de
prevención, se estaría entonces vulnerando nuevamente los derechos de
otras mujeres.
Ejemplificó con el caso de las migrantes: el Estado ya sabe qué
ocurre con ellas, entonces tiene que prevenir que otras mujeres se
arriesguen a sufrir esos mismos patrones sistemáticos de violencia.
En materia preventiva, dijo Azpiroz, es factible invertir en los
lugares donde se ocurren delitos con frecuencia, pero advirtió que "si
queremos combatir la violencia, tenemos que invertir en los hombres,
educarlos de una manera distinta; que diputados y senadores empiecen a
hablar de otros temas que han sido exclusivos de las mujeres", indicó.
"Los políticos tenemos que tomar esos temas de ellas, que esos
hombres tengan perspectiva de género y empiecen realmente a cambiar
esos paradigmas", insistió.
Morrison, por su parte, informó que actualmente el BID está
invirtiendo en evaluaciones de impacto en programas con perspectiva de
género que se aplican en varios países de América Latina y adelantó que
ONU-Mujeres ha empezado conversaciones con varios gobiernos para
trabajar proyectos sobre "ciudades seguras", especialmente en países
centroamericanos.
Cada equipo, dijo, contará con expertas en violencia de género para
impulsar los programas, centrados en lograr la autonomía económica de
las mujeres, que es el principal factor de protección, además de
propiciar espacios seguros para mujeres y adolescentes, enfocado en
este último caso a la prevención de violaciones en colegios de
bachilleres.
Dijo que en estos momentos están evaluando varios programas en El
Salvador, Perú y Paraguay, dirigidos a la creación de centros de
emergencia para mujeres, servicios especiales de vigilancia de la
policía, médicos para atender cualquier emergencia y otros servicios de
auxilio, cuyos resultados habrán sido ya evaluados en el próximo mes de
septiembre.
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