Reforma laboral de 2012 cobra la factura a las trabajadoras

   Despidos por embarazo, subcontratación, negación de derechos…

Aspecto de la presentación del “XVII Informe de violaciones a los Derechos Humanos laborales 2013” | 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

A un año de las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012, en 2013 las trabajadoras enfrentaron la precarización del empleo y diferentes violaciones a sus Derechos Humanos y laborales, acusaron expertos.

Durante la presentación del “XVII Informe de violaciones a los Derechos Humanos laborales 2013”, que elaboró el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Manuel Fuentes Muñiz, académico de la UAM, dijo que el desempleo es un fenómeno que ha ido en aumento para las mujeres y que sus condiciones laborales no son adecuadas, ya que no existen mecanismos eficientes para exigir responsabilidades a las empresas.

Cabe detallar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación (TD) para las mujeres en el primer trimestre de 2014 fue de 5.01 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina, mientras que la TD para los hombres fue de 4.66 por ciento de la PEA masculina.

El también abogado indicó que a pesar de que el gobierno ha tomado medidas legales para sancionar a los empleadores que condicionen el empleo, despidan durante el embarazo, no otorguen paridad salarial o permitan el hostigamiento sexual, éstas no se cumplen en la mayoría de los casos.

Manuel Fuentes explicó que esto se debe a que no existe un modelo operativo que haga efectiva en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) las disposiciones de la LFT, y agregó que esta problemática se agrava porque las autoridades laborales o de inspección carecen de perspectiva de género.

Agregó que otro obstáculo para las mujeres en el mercado laboral es que algunos reglamentos internos de las empresas limitan su promoción a puestos de dirección si no se embarazan en los siguientes cinco años después de ocupar el puesto.

El académico señaló también que las madres solteras son obligadas a mantener jornadas superiores a las ocho horas sin el pago de horas extras, con lo que ellas pueden llegar a laborar hasta por 12 horas sin recibir la remuneración correspondiente.

Añadió que la afectación a las jóvenes es aún mayor porque tienen contratos temporales y experimentan despidos injustificados, con lo que las condiciones de trabajo son peores y la estabilidad laboral es mínima.

Respecto a las trabajadoras del hogar, Fuentes Muñiz indicó que a la fecha aún se espera la ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para brindarles protección social, pero para ello –advirtió– también son necesarios los mecanismos que la garanticen, ya que ahora instancias como el IMSS no tienen la adecuada instrumentación y los recursos para dar la seguridad social.

El especialista indicó que en 2013 se pudo observar que la aplicación de las reformas laborales impactaron en un incremento del 30 por ciento de quejas por despidos injustificados ante la JFCyA.

Acotó que también ha crecido el número de empresas “outsourcing” (subcontratistas) y de empleados con contratos temporales. Esto, observó, trae como consecuencia que las y los trabajadores sean despedidos sin ninguna responsabilidad para los patrones.

Todas estas condiciones laborales, acusó por su parte Raquel Gutiérrez Aguilar, investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla, son una forma de despojo para las y los trabajadores, pero no sólo de riqueza material, sino incluso de su capacidad para incidir políticamente.

En su turno, Cristina Auerbach Benavides, integrante de la asociación Familias de Pasta de Conchos, dijo que con la privatización de las empresas mineras ahora hasta el lavado del uniforme de los trabajadores mineros y el costo que ello implica corre a cuenta de las esposas y madres del personal, y no por el Estado como antes ocurría.

Abundó que con un salario semanal de 700 pesos, las familias tienen que costear el uso de hasta dos lavadoras para darse abasto con las complicaciones de quitar el carbón de las prendas. Es decir, recalcó Auerbach, las mujeres asumen el costo de una obligación patronal y son ellas quienes se desgastan física, económica y emocionalmente por una inversión que no hacen las empresas.