Fue obligada por policías federales a declararse secuestradora
CIMACFoto:especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-Cerca de las 2 de la tarde del miércoles 8 de junio de 2011, Verónica Razo Casales caminaba afuera de su casa, en la delegación Cuauhtémoc de esta capital, cuando de pronto fue rodeada por un grupo de hombres, unos de mezclilla y otros de pantalón negro; uno la tomó del cabello, la golpeó, la arrojó al suelo y luego la subió a un auto.
Sin saberlo, la mujer fue detenida por policías federales vestidos de civil que horas más tarde la llevaron a una oficina gubernamental donde la humillaron, golpearon y torturaron sexualmente para que se declarara culpable de secuestro, delito por el que está presa en el Centro de Federal de Readaptación Social de Tepic, en el estado de Nayarit, en espera de sentencia.
Este caso corrobora la afirmación del relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, quien en su reciente visita a México encontró que en el país la tortura es una práctica habitual durante las detenciones o cuando las personas son privadas de su libertad sin orden judicial, según dijo a los medios.
Austreberta, madre de Verónica y testigo de la detención y las irregularidades del proceso contra su hija, narra en entrevista con Cimacnoticias lo sucedido desde aquella tarde hasta ahora que ambas se sumaron a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, una cruzada emprendida por víctimas que buscan justicia.
SECUESTRO POLICIACO
En 2011 el nombre de Verónica Razo apareció en un comunicado de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), que informó que asestó un “golpe” a la delincuencia al detener a una banda de secuestradores.
En ese momento se dijo que la mujer, ahora de 35 años, fue detenida junto con sus cómplices en un operativo que la Policía Federal (PF) realizó en una gasolinería ubicada al oriente de la Ciudad de México. Movilización que realizó tras recibir una llamada anónima que alertó de la existencia de un grupo de plagiarios.
Sin embargo, la realidad dista mucho de esa información. Según Austreberta, aquel día Verónica y ella regresaban a casa. Llegaron en su camioneta y de inmediato la joven bajó porque tenía planeado ir a hacer unas compras, mientras que su madre se estacionó para después entrar a casa y preparar la comida.
En ese momento la mujer en el carro escuchó gritos, giró la cabeza y vio un tumulto de gente, de inmediato bajó del vehículo para ver qué sucedía. “Ella (mi hija) estaba a media cuadra y pienso ‘¿qué pasa?’ y me acercó. Veo como el policía la agarra de los cabellos, la somete al piso, la esposa y la avienta a un auto”, cuenta la madre.
Austreberta pensó que se trataba de un secuestro, pidió auxilio y corrió tras el auto pero no consiguió nada. Tras el caos fue a la Agencia del Ministerio Público (MP) número 8, en la delegación Cuauhtémoc, donde quiso denunciar el hecho pero se encontró con que debía llevar testigos para realizar el trámite.
La mujer, proveniente de una familia de policías y conocedora de algunos procedimientos, fue a la Agencia del MP número 50 en el Búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Su esperanza era que la policía capitalina hubiera interceptado a los secuestradores y los llevaran a ese lugar.
Después de esperar por horas, cerca de las 10 de la noche, decidió ir a la oficina de servidores públicos, ubicada en otro piso del Búnker. Allí pudo denunciar el supuesto secuestro de su hija.
Ya en la madrugada llamó a un familiar policía y le contó lo sucedido, después de hacer cruces de información y llamadas sus conocidos le dijeron que su hija no estaba desaparecida sino que había sido detenida por la PF.
DETENCIÓN ARBITRARIA
Verónica estaba en las oficinas de la entonces SIEDO, en la delegación Cuauhtémoc. La mañana del 9 de junio la madre fue al lugar a preguntar por su hija. La sorpresa fue que al llegar vio el carro de su hijo Iván estacionado.
Confundida, la madre hizo otras llamadas a su familia y se enteró de que su hijo estaba desaparecido desde el día anterior. Su angustia creció, pero decidió seguir adelante con la búsqueda y preguntar ahora también por Iván.
Al entrar a la SIEDO le negaron que su hija estuviera allí. “Nos dicen ‘aquí no hay nadie’; en una hora vuelvo preguntar. Allí estuve toda la tarde del día 9 hasta la 1 o 2 de la mañana hasta que me sacaron”. Sin embargo otro abogado le dijo que sí estaba pero que aún no había declarado y por eso no la tenían registrada.
Regresó a su casa y a las 6 de la mañana del 10 de junio Austreberta recibió una llamada de Verónica. “Mamá ya declaré”, fueron las palabras que escuchó. Aunque no dijo mucho alcanzó a decirle que estaba en la oficina de la SIEDO, que fuera a verla y además le confirmó que su hermano Iván estaba detenido junto con ella.
En un par de horas la madre llegó a la oficina. Allí le informaron que sus hijos estaban detenidos pero que sólo podía ver a Iván. Al reclamar por su hija le dijeron que Verónica no estaba. Más tarde se enteró que ella estaba tan golpeada que la llevaron a un hospital.
Austreberta entró a ver a Iván. “Mamá, nos acusan con una banda, que de secuestro, de delincuencia organizada, que nos agarraron en una gasolinería”, le dijo. Así se enteró que el mismo 9 de junio su hijo fue detenido de manera similar que Verónica, pero en un lugar y hora distinta y que los relacionaron por unas llamadas telefónicas.
TORTURA SEXUAL
Conforme han pasado los años, Austreberta ha ido acumulando oficios, documentos, fechas, lugares, indicios, testimonios de otros detenidos de la misma causa penal y ha logrado saber qué fue lo que pasó. Ese día sus hijos se habían quedado de ver para ir a hacer compras, pero Iván fue detenido a las 11:30 de la mañana y Verónica a las 2 de la tarde.
Ahora sabe que tras la detención, sus hijos fueron llevados a las oficinas de la PF en la Calzada Legaria, delegación Miguel Hidalgo. Ambos, junto con otras personas, fueron llevados a una bodega y allí sometidos a golpes, toques eléctricos, insultos y amenazas, y en el caso de Verónica a tortura sexual.
Austreberta logró ver a su hija cuando salió del hospital y fue llevada a un centro de arraigo en el DF, lugar donde permaneció 80 días. Sólo en ese momento pudo decirle a su madre que fue víctima de tortura sexual, pero no lo declaró ante ninguna autoridad porque siempre estuvo custodiada por policías que la amenazaron con ir a matar a su familia.
Verónica contó a su madre que en el hospital, que era privado, fue vista por un médico que tenía la orden policiaca de hacer una revisión de la cintura a la cabeza, y que además fue visitada por una actuaria que registró las lesiones.
Terminado el plazo del arraigo, Verónica y su hermano fueron enviados a prisión; ella al Centro de Readaptación Social en Mexicali, Baja California, e Iván a un penal en Perote, Veracruz. En enero de 2013 ella fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, donde aún permanece en espera de sentencia.
CONFESIÓN SIN SUSTENTO
La tortura sexual también es una herramienta para obtener confesiones o inculpar a otras personas, afirma Natalia Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización que ahora acompaña la búsqueda de justicia de Austreberta, Verónica e Iván.
Verónica denunció la tortura hasta que estuvo en Mexicali, sin embargo aún es investigada por el presunto secuestro de tres personas, aunque según la abogada Natalia Pérez no hay más pruebas que la supuesta llamada anónima y el dicho de los policías que la detuvieron y la torturaron.
Poco a poco la acusación se va desvaneciendo, dice Austreberta, quien hace malabares para llevar el caso de sus hijos y visitarlos, uno en Nayarit y otro en Veracruz.
La mujer considera inverosímil que una llamada anónima diera tantos detalles de un secuestro, lugares, nombres y hasta función de cada persona acusada. Además ya se presentó a declarar el dueño de la gasolinería y afirmó que en ese lugar nunca se realizó un operativo, y por otra parte sólo hay indicios de presuntas víctimas.
La causa penal está en manos del juez Octavo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, Jorge Dionisio Guzmán González, que ha pasado hasta seis meses sin revisar el expediente y quien no se presenta a las audiencias de Verónica e Iván, pese a que los encuentros son en su oficina por videoconferencia debido a la ubicación de los detenidos.
A tres años de lo sucedido, Austreberta quiere pedir al Consejo de la Judicatura el cambio de juez; también desea que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dé respuesta a la queja que presentó en 2011 por un hecho que creyó era un secuestro, y que la PGR rectifique la acusación porque la supuesta confesión se obtuvo bajo tortura.
Finalmente explica que en junio de 2013 se le practicó el Protocolo de Estambul (herramienta para comprobar tratos crueles e inhumanos) a su hija y salió positivo; asimismo en noviembre de ese año se practicó la misma prueba a Iván y también fue positiva.
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