Manuel Bartlett
Pese a que, con todo y la desinformación mediática, ha trascendido el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo y a los intereses antinacionales que representa; a que distinguidos analistas describen el “golpe al Parlamento”, su “abdicación” a legislar y a que la opinión pública percibe la inutilidad del Congreso; pese a todo, avanza en el Senado, el proceso para la imposición de las leyes secundarias energéticas, mediante simulación de encuentros de análisis, en realidad propaganda pedestre, para agotar el tiempo y presentar en el último momento un dictamen prefabricado e imponer su aprobación sin debate auténtico, en un periodo extraordinario, predeterminado, precisamente durante la fiebre del futbol.
Al gobierno de Peña Nieto y sus aliados extranjeros no les preocupa el descrédito legislativo, su decisión de alterar la Constitución en sus mandamientos torales, en sí un golpe de Estado, es una operación fríamente planeada, calculando lo necesario para llevarla a cabo sin contemplaciones ni impedimentos éticos: la alianza con la oligarquía nacional abriéndoles negocios de la privatización energética y el intercambiar favores con las cúpulas del PAN, PRI y PRD, para construir una mayoría espuria, contraria a sus electores, basada en la corrupción de sus elites. Todo arropado en la desinformación planeada y operada con las televisoras y la mayoría de los medios y en la preparación de las fuerzas policiacas necesarias con leyes bárbaras que se multiplican por dictado, en los Estados, para ahogar incluso con “armas de fuego” el derecho a la libre manifestación.
Solapado en este arreglo, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, no reconoce límites, violando el reglamento, henchido, se niega a definir el método para dictaminar el paquete energético integrado por 21 leyes, en 756 páginas, que desconstruye todo el sistema que provee de energía a 115 millones de mexicanos. El “operador” senatorial repite la treta aplicada en la reforma constitucional energética: citó a discutir un proyecto de dictamen, ajeno, 300 páginas, con 24 horas para leerlo. La mayoría de los mexicanos están en contra de la desnacionalización, por lo que la estrategia gubernativa es, que los ciudadanos ignoren en qué consiste esta enajenación del patrimonio nacional, lo que afectará a todos sin excepción.
Utilizando los medios reservados a su antojo, el Presidente de la Comisión de Energía declara que comenzará “el diálogo de los Senadores con los especialistas”, “pues ya esperó dos semanas a la izquierda”—ignorando su solicitud—. “El Congreso intensifica la promoción de las iniciativas sobre la reforma energética en el interior del país, antes de llegar al proceso de dictaminación”, transcribe una reportera, “ante diversos auditorios los legisladores explicarán las iniciativas y responderán a cuestionamientos”, así, el presidente y el secretario panista de la Comisión, presentarán 43 láminas confeccionadas por la Secretaría de Energía, prometerán que bajarán los precios de la electricidad y el gas y crearán más y mejores empleos, lo que no es una “discusión”, sino exposición de propagandistas.
La estrategia: ocultar la verdad y evitar el auténtico debate, fingiendo una discusión nacional, corroboran precisamente la abdicación del Poder Legislativo, violando resoluciones de la Suprema Corte, que ha establecido que “…para que los representantes populares puedan ejercer libre, correcta y oportunamente la función pública encomendada, debe dárseles la oportunidad de analizar, discutir y opinar a través de su voto, sobre los asuntos que se ventilen en las comisiones legislativas” o sea, “el cumplimiento de los principios de representatividad y de democracia contenidos en artículos precisos de la Constitución”.
Senador de la República
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