OHL, corrupción organizada

Manuel Bartlett

La corrupción generalizada es el principal problema, pues no está al margen del régimen político, viven en simbiosis

Nuevo escándalo profundiza la implicación del gobierno en corrupciones: casa blanca, Malinalco, señalamientos al secretario y al subsecretario de Gobernación por posesión de casas financiadas por constructoras beneficiarias de millonarias concesiones. Ahora OHL ya célebre por su espectacular expansión gracias al gobernador Peña, de paso el de Puebla. 

La difusión de conversaciones entre funcionarios de OHL y otra con el secretario de Comunicaciones mexiquense revelaron fraudes, incrementos ficticios de inversiones, sobrecostos, elevaciones arbitrarias de peajes, en torno al Viaducto Bicentenario, Toluca-DF. Las conversaciones descubren no sólo maquinaciones ilegales de OHL, también complicidad con autoridades mexiquenses, de quienes reciben aprobaciones de sus confabulaciones, como rutina, lo que aparece al analizarse las operaciones del binomio delictivo. Las acciones de OHL se desploman; la Bolsa de Valores, de Ruiz Sacristán, hermano del funcionario de OHL, “investigará”; el español de “arreglos telefónicos” huye; el gobernador Eruviel despide, con sanción ridícula, al secretario de Comunicaciones, responsable con él mismo, de las autorizaciones y anuncia “investigaciones a fondo”, ¿como en Tlatlaya? Simulación habitual del gobierno, negar responsabilidad y montar soluciones ficticias: la de la casa blanca, revivir la Secretaría de la Función Pública para, con un secretario aquiescente, “estudiar” si hubo “conflicto de intereses” y por su parte, simple negación de los funcionarios señalados de igual connivencia con constructoras beneficiadas por ellos. Impunidad. 

OHL teje relaciones con el poder, contratando a ex funcionarios de la élite tecnocrática vinculados íntimamente con dependencias que asignan contratos: José Andrés Oteyza, Patrimonio Nacional; Jesús Reyes Heroles, Pemex; Carlos Ruiz Sacristán, SCT; Emilio Lozoya, Pemex; Sergio Hidalgo, ISSSTE. 

OHL controla las autopistas del centro de México; DF, Edomex y Puebla concentran más de 25% del total de autos del país pagando peaje. En 2014 tuvo ingresos por 17 mil millones de pesos, 13 mil millones de utilidades, producto de siete concesiones: Circuito Mexiquense, hasta 2051; Viaducto Bicentenario, hasta 2038; Urbana Norte, hasta 2043; Atizapán-Atlacomulco, hasta 2043; Amozoc-Perote, hasta 2033; Supervía Poetas, hasta 2043; Libramiento Elevado de Puebla, hasta 2044. Además están otros negocios: México-Puebla, Segundo Piso, asociados con gobierno Federal y estatal; Aeropuerto Internacional de Toluca, concesionado hasta 2055. Con Lozoya en Pemex, OHL consiguió tres contratos por más de 2 mil millones de pesos en sólo dos años. El tren México-Toluca, para 270 mil pasajeros diarios, asociada a la familia Hank. 

Gigantesco negocio: OHL, en contubernio con el gobierno, infla inversiones, eleva tarifas a conveniencia, amplía términos. La maquinaria tiene cautivos a millones de mexicanos, hasta ahora 25% del tráfico nacional, hasta por cuarenta años. Peña Nieto pretende desembarazarse de acusaciones de corrupción personal, presentándose como promotor del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia, de aplicación a largo plazo. Pero si no actúa ahora, para destrabar este mecanismo corrupto descenderá a la mayor profundidad de corrupción pública.

La corrupción revelada entre OHL y el poder, ya pública, de quererse resolver, no sería con despidos y renuncias, requiere de la acción de todas las instituciones investigadoras del Estado, auditorías federales y locales, “órganos de control interno” para la revisión de todos los contratos de OHL y conjurar el modus operandi de OHL con los gobiernos federal y locales que las conversaciones exhiben. 

La corrupción generalizada es nuestro principal problema y la impunidad que la alimenta, por ser el poder mismo, responsable de la legalidad, el corrupto corruptor. La corrupción no está al margen del régimen político, viven en simbiosis. Un gobierno carente de ética, sin valores nacionales, sin compromisos sociales, abocado a emprender grandes obras impuestas, como auténtico plan de negocios, genera la descomposición de la República. Enfrentamos así, la corrupción organizada.

Senador de la República 

Hegemón

Manuel Bartlett

Peña Nieto avanza imponiendo medidas serviles al proyecto geopolítico de EU de integración del territorio nacional a los intereses norteamericanos. Simultáneamente expulsan a millones de mexicanos de manera brutal, separando familias, secuestrando a sus hijos nacidos en EU, sin protección de nuestro gobierno.

 

Crecientes sectores de nuestra estructura política, se abren a la intromisión de autoridades norteamericanas para operar en México, paulatino sometimiento a la potencia hegemónica. Recordemos el proyecto adelantado por la Woodrow Wilson de establecer aquí un organismo tripartita —EU/Canadá/México— con preponderancia de la Homeland Security para establecer un mercado energético único en ese territorio, incluido el nuestro, que denominan “Norteamérica”, bajo su férula. El organismo homogenizará a toda la industria energética por encima de fronteras, con énfasis en la seguridad. La presencia de la Homeland Security en la “seguridad” de toda la industria petrolera y eléctrica en México, que pasará a manos de las transnacionales, por la Reforma Energética, dará pie a que el sector energético en México sea asumido por EU como de “seguridad nacional” suya y estará in situ su aterradora Secretaria de Seguridad para su protección directa. Dicho organismo “tripartita” tomaría decisiones fuera del Congreso y demás instituciones. 

Dos ejemplos más, la aprobación en el Senado de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Hidrocarburos y las Reformas y Adiciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos instrumentos impulsados por Peña Nieto, ocultan dolosamente que obedecen a exigencias externas; serán aprobados en el Congreso de la Unión, cómplice del ocultamiento doloso. La Ley para Sancionar Delitos en Hidrocarburos fue presentada como instrumento contra la ordeña de ductos; sin embargo, en realidad establece un régimen penal especial para toda la industria petrolera, incrementando penas, incorporando delitos, como el terrorismo, que no conocemos y ello sí, falsamente atribuido para proteger a Pemex, cuando se destina a proteger a las transnacionales, otra dócil respuesta a exigencias externas. Este régimen especial amenaza intereses comunitarios y sociales mexicanos inconformes con afectaciones inminentes a sus propiedades. 

La Iniciativa de Peña sobre la Ley de Armas de Fuego y Explosivos se presentó con una larga descripción de reformas administrativas aduanales y migratorias que establecerán instalaciones con participación de funcionarios extranjeros en México; y que, sin mayor argumento, afirman que requieren “condiciones idóneas”, entendiendo por “idóneo” que agentes extranjeros porten armas de fuego en instalaciones que no están definidas en ninguna ley, pero estarán en todo el territorio nacional. Independientemente de que estos mecanismos aduaneros y migratorios no existen en las Leyes respectivas, no tienen porque estar en una Ley de Armas de Fuego, que sólo sirven de parapeto para que, sin la menor explicación del porqué, deban portar armas de fuego agentes extranjeros en el territorio nacional. Peligra nuestra soberanía. 

Las reformas administrativas citadas se sustentan en un simple acuerdo con Estados Unidos, no referido, suscrito por Videgaray y Jeh Johnson, prolijo en menciones a la existencia de amenazas para el comercio bilateral, de organizaciones delictivas trasnacionales y peligro de terrorismo, por lo que “conviene fortalecer la cadena de logística comercial para nuestra seguridad” y “forma de vivir”, traducción del American Way of Life que ya nos van enjaretando. En el Acuerdo no existe ninguna mención a la portación de armas de fuego por agentes extranjeros.

Este proyecto de Peña, entregar México a EU, se disimula, no se discute en el Congreso lo que debería ser un asunto fundamental de interés nacional, se impide que los mexicanos cobren consciencia del avance de la pérdida no sólo del Estado, sino incluso, de nuestro territorio nacional. Defendamos a México.

Senador de la República 

Nombramientos aberrantes

Manuel Bartlett

Hundido en la crisis política que ha generado, Peña insiste en imponer sus intereses contrarios al interés nacional: la entrega del país y su plan de negocios. Los nombramientos en la Procuraduría y la Suprema Corte profundizarán el descrédito presidencial y de ambas instituciones, profundizarán la crisis del gobierno. La designación de Arely como procuradora, se impone con “golpe mediático”, lo notifica Televisa, sin la fundamentación del Presidente de su propuesta y subrepticiamente dando salida inexplicada al procurador Murillo, enredado en una investigación rechazada mundialmente. La propuesta del embajador en Washington, Eduardo Medina Mora, para ministro de la SCJN, mal disfrazada en terna de comparsas, es igualmente inmoral. Ubicando Peña a dos dependientes en posiciones claves transexenales, se garantiza protección e impunidad. Ambos nombramientos vinculados a Televisa, fortalecen su penetración en aparatos del poder público, instrumentos de los intereses oligárquicos, cuyo proyecto sostiene el presidente. Peña llego al poder mediante Televisa y se mantiene, pese a su impopularidad, por la construcción de realidades virtuales, teleteatro presidencial y la desinformación. 

Arely en la PGR no garantiza la recuperación del prestigio perdido por la simulación e inconsistencia de Murillo, porque igualmente carece de independencia de la Presidencia, requisito que se exige para la Procuraduría hacia la futura Fiscalía General de Nación. No buscará Arely la verdad oculta de Ayotzinapa ni de Tlatlaya, no transformará la PGR acusada de violación sistemática de derechos humanos, no tiene posibilidad para una investigación exhaustiva y en plenitud que se demanda, atada a los intereses que impiden el encuentro de la verdad. Arely carece además, de los requisitos profesionales que demanda la procuración de justicia, su entronización no obedece a una capacidad supuesta, sino a los intereses de Peña Nieto. 

Medina Mora es nombrado con la misma perversión, incluido en una terna como comparsa; incumple los requisitos constitucionales para ministro de la SCJN, no tiene la residencia obligada de 2 años en el país; incumple los requisitos de buena reputación y fama, carece del prestigio profesional requerido. Un alud de críticas de académicos, articulistas independientes, ciudadanos lo denuncian fundadamente como “garrote policiaco” que, como director del Cisen, secretario de Seguridad Pública y procurador, utilizó esos instrumentos del Estado para reprimir a satisfacción de los intereses del poder: Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, las Truchas, Pasta de Conchos, detenciones ilegales de indígenas; acuerdo con el gobierno norteamericano para introducir ilegalmente armas a México, fallido intento para detectar destinatarios, provocando asesinatos de mexicanos. Operador con García Luna de la “guerra contra el narco”, impuesta por EU, la mayor tragedia humana mexicana, sin más resultado que la penetración de las agencias norteamericanas en territorio nacional; incongruente, abogado de la nación fue promotor del Aspan y del Plan Mérida, instrumentos de dominación norteamericana, fundados en acuerdos “intersecretariales”, violando funciones del Senado. Embajador en EU, pieza clave en el acuerdo de Peña con ese país para introducir a sus empresas en la explotación del petróleo y la electricidad en México; participante en la definición de la estructura constitucional y legal de la reforma energética que establece privilegios a las transnacionales, particularmente la “ocupación de tierras” de mexicanos. Como ministro de la SCJN seguirá representando los intereses oligárquicos que defendió en diversas funciones y estará en el alto tribunal cuando comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos busquen amparo por el despojo que sufrirán de las transnacionales, su voto no amparará a los mexicanos, sí a los intereses extranjeros que apoyó para introducirlos a México. La sumisión del Senado que aprobó los aberrantes nombramientos, fortalecerá el dominio presidencial del Poder Judicial. Anulación de la división de poderes.

Senador de la República

Despidos canallas

Manuel Bartlett

Dolosamente, envuelto en el engaño y la manipulación característicos de la reforma energética de Peña Nieto, inicia el despido de trabajadores de Pemex, pretextando la caída de los precios del petróleo. El despido no surge con la contingencia presupuestal, es parte un diseño decretado en las reformas constitucionales y legales. El propósito de la reforma: eliminar a Pemex como empresa para el desarrollo nacional, disminuida, como empresa privada, de extracción, imposibilitada de competir con las transnacionales, conducirá a su desaparición. 

Previamente Lozoya y Romero Deschamps firmaron un convenio para “redimensionar la plantilla sindical”, recorte, pero Lozoya en el Senado negó que despedirían trabajadores. En la Reforma Constitucional, Segundo Transitorio, se estableció que los derechos laborales se respetarían, pero el Vigésimo establece que “su régimen de remuneraciones será distinto al previsto en el artículo 127 constitucional”, o sea no corresponderá a su responsabilidad como servidores públicos, que dejan de serlo, sino como empleados de empresa privada, que es en lo que deviene Pemex, y elimina garantías laborales del pacto social del Estado con sus trabajadores. El artículo 13, fracción IX, de la Ley de Pemex da al Consejo de Administración la facultad para “aprobar las provisiones económicas máximas para la negociación del contrato colectivo de trabajo”, o sea elimina derechos que establece el contrato colectivo de los petroleros. El artículo 73 establece que las remuneraciones del personal obedecerán a “las condiciones del mercado laboral nacional e internacional y las empresas conservarán a los trabajadores idóneos para cumplir eficazmente con su objeto”, de empresa privada “redimensionada”. El Noveno Transitorio afirma que el cambio de su naturaleza jurídica “no deberá afectar los derechos de los trabajadores en activo ni de los jubilados y pensionados”, pero perversamente el Tercero Transitorio de la reforma de la Ley de Deuda Pública incluyó que “el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso, siempre que Pemex modifique su Contrato Colectivo de Trabajo, el Reglamento para el Personal de Confianza e implemente un programa de austeridad. Dichas modificaciones deberán conllevar a una reducción de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones de la empresa”. 

El secretario de Energía, falaz, atribuyó el recorte de personal a los bajos precios del crudo, tangencialmente para mantener eficiencia en la competencia con la iniciativa privada, que demanda la reforma energética, ocultando que el recorte masivo está anunciado en los textos de la reforma; eso sí, “con todo respeto a los derechos laborales que serán indemnizados”, o sea despedidos. El cómplice Romero Deschamps afirma que ese recorte presupuestal obliga una “depuración” de la planta laboral; cuando en el Senado, durante el proceso de reforma, se le acusó de que con su apoyo se estaba aprobando el despido de los trabajadores por él representados y la pérdida de sus derechos, lo negó. Ahora acepta que el Consejo de Administración definirá dónde se aplicará el recorte presupuestal, o sea los despidos, que llama “depuración”. 

Los trabajadores petroleros pierden su contrato colectivo; sólo no serán despedidos los trabajadores “idóneos” que decida el Consejo de Administración; sus remuneraciones obedecerán al mercado nacional e internacional, abstracción discrecional. Serán despojados de sus derechos constitucionales a pensiones y jubilaciones. Todo orquestado antes a la caída de los precios del petróleo. 

Mediante el espurio control sindical y la desinformación de los medios de comunicación se ha ocultado a los trabajadores la brutalidad en su contra de la reforma energética, reforma ruin impulsada por el Presidente de la República contra de trabajadores mexicanos que han sostenido nuestro desarrollo. Desaparecerá Pemex si los mexicanos lo permitimos.

Senador de la República 

Movimientos regeneradores

Manuel Bartlett Diaz

Comienza 2015 con dos eventos contradiciendo la inevitabilidad del neoliberalismo: el tercer mandato de Evo Morales y el triunfo electoral del partido griego Syriza de Alexis Tsipras, más otros pronosticados. Evo ha ganado 7 elecciones con el 60% promedio. Puede afirmar que ha cambiado la situación social y económica de Bolivia, levantándola de ser el país más pobre de América Latina, víctima centenaria de gobiernos militares y plutocráticos, racistas y corruptos, a un modelo consolidado de crecimiento. 

Apoyado en sus movimientos sociales supera “el Estado colonial limosnero”, afirmando una política propia, crea un Estado social protector y equitativo hacia una sociedad postliberal. Nacionalizó sus recursos naturales, dinamizó la economía. Exhibe datos incontestados: entre 1997 y 2005 el PIB creció 3.2%, con Evo el 5.1%; en 2005, el PIB per cápita era de mil dólares, en 2014 de 3 mil. La inversión estatal en 2005 fue 629 millones de dólares, en 2014 de 5 mil 628. En hidrocarburos, la inversión en 2005 fue de 246 millones de dólares, toda extranjera, en 2014 de 2 mil 50; en 2005 la renta petrolera fue de 300 millones de dólares, pasó en 2014 a 5 mil 350; la pobreza extrema, 37.2% en 2005, se redujo a 18.8%. 

El crecimiento del salario mínimo, de 1997 a 2005, 83%, a 227%, en 2014; en 2005 el 10% más rico tenía 128 veces más ingreso que el 10% más pobre, para 2013, se redujo a 42 veces; el desempleo urbano disminuyó de 8.1% en 2005 a 3.2% en 2014. En educación, de 2005 a 2013, creció la inversión 250%, para ser el segundo país de la región que más invierte; en salud aumentó su presupuesto casi 400%, en el mismo periodo; en pensiones a adultos mayores de 65 años, Bolivia tiene la mayor cobertura de la región con 97%. Comparaciones mínimas: Bolivia superó a México en crecimiento, en reducción de la pobreza, en empleo y en crecimiento del salario mínimo. 

Grecia: el triunfo de Syriza, izquierda radical, es el triunfo sobre la troika: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y su imposición humillante de programas de austeridad generadores de una tragedia humanitaria, la mitad de los jóvenes desempleados, corrupción pública y privada; Syriza exige reducción de la deuda, con un programa socialmente viable, pagos financiados por el crecimiento, no por presupuesto; restablecimiento del Estado de bienestar; reconstrucción productiva incrementando la inversión pública, aumentar salarios y pensiones para impulsar el consumo y la demanda; suspensión de las privatizaciones; revertir la desintegración económica y social, protegiendo a los estratos más vulnerables. Opiniones de expertos vaticinan que el triunfo de Syriza anuncia próximas insurrecciones similares contra el modelo neoliberal en España, en donde el nuevo partido Podemos crece arrolladoramente, y en Portugal e Italia. Y retomando los últimos comentarios críticos de la revista The Economist al gobierno de Peña Nieto, subrayando su pérdida de autoridad y las encuestas presagiando su fracaso electoral, ubicando a regañadientes, como principal beneficiario del cinismo del Presidente, a López Obrador, desde luego con su nuevo partido, Movimiento Regeneración Nacional, y su combate al modelo neoliberal, a la corrupción y la pobreza. 

Coinciden en estos eventos el rechazo radical al no crecimiento, al desempleo, a la falta de protección social, a la pobreza, la corrupción, al sometimiento a las hegemonías financieras y poderes extranjeros, pérdida de soberanía y el consecuente repudio a todos los partidos de izquierda y derecha tradicionales, en el poder o acomodados, con pérdida de identidad y corrupción y el fortalecimiento de nuevos movimientos, auténticas izquierdas defensoras inequívocas de la justicia social.

Senador de la República 

Besos del diablo

Manuel Bartlett

El Congreso clausuró el periodo sin considerar el Decálogo de Peña, respuesta intrascendente a la crisis. Se le descalifica en todo el mundo, las protestas siguen, nuevos escándalos. Aunque también recibe singulares apoyos. Entrevistado en Telemundo, se pregunta a Obama si ante el secuestro de normalistas por la policía, no es tiempo de reconsiderar la ayuda a México; su respuesta: “Es un problema de narcotraficantes”. Repreguntan: “¿No es un asunto de funcionarios aliados a los narcos?”; Obama: “México es nuestro socio, amigo y vecino, queremos que salga adelante”; insisten: “¿Debe condicionarse la ayuda por violación de derechos humanos?”; Obama: “Lo mejor que podemos hacer es ser buenos socios y construir sobre los progresos que ha hecho”. Catorce senadores pidieron al secretario de Estado, Kerry, ofrecer ayuda a México para localizar a los desaparecidos, “en momentos en que el presidente Peña ha realizado grandes esfuerzos para reformar los sectores económico y energético de México”. Kerry, en la Cumbre de las Américas, declara: “Nuestro gran socio y vecino está enfrentando un momento difícil, la desaparición de 43 estudiantes, apoyaremos a Peña para promover reformas en seguridad y justicia”. 

El apoyo se concreta: Peña Nieto recibe al secretario de Seguridad Interna de EU, Johnson, supuestamente para intercambiar asuntos de seguridad fronteriza, migración. Esta secretaría no es una más; creada por Bush subordinando 22 agencias federales para incrementar la seguridad —ante el atentado las Torres Gemelas—; incorporó al FBI, Defensa, Energía y Justicia, con funciones radicales en materia de seguridad energética, entrenamiento policiaco. Criticada por conculcar derechos civiles. Johnson es considerado oficialmente el arquitecto de las políticas de contraterrorismo. 

Otros apoyos: el secretario de Defensa, general Cienfuegos, expresó a medios de comunicación: “Ante estos hechos que han cimbrado al país, la mentira, el reproche, la crítica infundada, la violencia y la intolerancia poco abonan, debemos unirnos frente a la adversidad”; “los retos de inseguridad y crimen organizado son problemas de todos, problemas de Estado, no de gobierno”. El secretario de Marina, Vidal Soberón, también ante los medios, afirmó: “Pese a todos los esfuerzos del gobierno, PGR, Marina, Cisen y Ejército, hay muchos actores desacreditando lo hecho. Me enoja que manipulen a los padres de familia, para seguir incrementado esto; no les interesan ni ellos ni los muchachos, únicamente sus objetivos de grupo, lucran con el dolor de los padres, mienten, manipulan la información”. 

Afectado Peña por una crisis de legitimidad con probada pérdida de apoyo ciudadano, censurado por movimientos populares, las expresiones del gobierno norteamericano alabando los “progresos que ha hecho sobre los cuales hay que construir” y “las grandes reformas económicas y energéticas”, rechazadas por grandes sectores nacionales, es injerencia política evidente. Finalmente, la entrevista de Peña con el arquitecto del antiterrorismo preocupa, ya se ha deslizado la intención de tachar de terrorismo cualquier oposición y destaca la insistencia de EU en el tema seguridad, cuando están por entregarse porciones del territorio nacional a transnacionales. Por otro lado, los secretarios de Defensa y Marina, descalificando las marchas ciudadanas, según ellos manipuladas por objetivos perversos, apoyan la atribución de Peña a desestabilizadores y resulta violatoria al artículo 17 de su Ley de Disciplina, que les prohíbe estrictamente inmiscuirse en asuntos políticos y viola su obligación de mantenerse apartidistas, necesaria en todo Estado democrático. Sus descalificaciones armadas devienen amenazas. Estos apoyadores de dentro y de afuera, podrían estar anunciando la decisión presidencial de reprimir toda manifestación contraria a sus intereses políticos y económicos, esperemos que no. Besos del Diablo.

Senador de la República 

El derrumbe presidencial

Manuel Bartlett Diaz

Peña Nieto, enajenado, no escucha a su población. Actúa ante las cámaras con auditorios subordinados, confía que las televisoras impondrán la creencia de que su mensaje “Por un México en Paz con Justicia” fue la respuesta adecuada a la crisis que confronta, pero nadie lo creyó. 

Presenta soluciones ajenas a los reclamos, se atrinchera con los suyos, se niega a la autocrítica, defiende inconmovible sus reformas estructurales, los grandes contratos de compinches, los intereses oligárquicos que representa, no altera su ruta insensible. Ante la indignación generalizada y la demanda puntual de justicia para los normalistas, freno a la corrupción, la impunidad, la violación masiva de derechos humanos, continúa atribuyendo la insurrección ciudadana, explosión genuina, a causas ajenas. Nuevamente el secretario de Gobernación afirma que las movilizaciones son “rebote previsto” desde que planearon las “reformas estructurales”. 

La Presidencia se derrumba en las encuestas, afirma asumir el clamor ciudadano y la responsabilidad de encabezar los esfuerzos necesarios para liberarnos de la impunidad, pero su Decálogo no confronta las acusaciones de corrupción personal que lo deslegitiman, señalamiento generalizado. 

En su mensaje a la nación atribuye responsabilidad de la tragedia a los municipios, cuyas policías fueron infiltradas por la delincuencia, no reconoce responsabilidad alguna al gobierno federal, a la Procuraduría, policías, Ejército. El Decálogo es amasijo de refritos del calderonismo, que simplemente eleva a reforma constitucional, proponiendo la desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único en manos de los gobernadores, también impolutos. Propone un régimen policiaco-militar centralizado. Los municipios sin policía harían de la célula básica de nuestra estructura política administraciones sin fuerza para sus responsabilidades, las policías estatales no podrían cubrir todos los municipios, mayores vulnerabilidades. Como resultado oculto de esta centralización, se facilitaría a la Federación imponer la “ocupación de las tierras” autorizada a las empresas transnacionales, con responsabilidad del Estado de imponerlas. 

Continúa la estrategia, atacar la protesta social, las manifestaciones pacíficas serían ensuciadas deliberadamente con violencia paralela por vándalos dejados en libertad para destruir, pretexto para embestidas policiacas a manifestantes, detenciones al azar; amedrentar es la consigna. Es complemento la ominosa aprobación en la Cámara de Diputados del “derecho a movilización universal”, facultad para impedir toda movilización molesta al poder. Las televisoras y la mayoría de los medios ocultan la amplitud de las marchas, sus reclamos, pero destacan imágenes de incendios y vándalos destruyendo, asistir a las marchas es peligroso, disuasión. No transmiten las demandas de los ciudadanos, ni su grito: “fuera Peña”. Ocultan descalificaciones al gobierno mexicano, del mundo entero. El diario francés Le Monde nos llama “Estado Mafia”; el presidente uruguayo Mujica, “Estado Fallido” resultado de la corrupción que se ha convertido en modo de vida mexicano. En el Congreso se bloquea toda discusión de la casa blanca de Peña Nieto. En el Senado se puso a discusión sorpresivamente el Decálogo presidencial con la expresión de numerosas críticas y reservas, se reiteró que es ajeno a los reclamos populares. El resultado debería ser la no aprobación de las reformas constitucionales. La Presidencia se derrumba, no recupera autoridad moral ni legitimidad, de mantenerse, gobernará con la fuerza, sin el consentimiento democrático.

Senador de la República 

La consulta confabulación

Manuel Barttlet Díaz

Desde la Reforma Constitucional que estableció la Consulta, la Reforma Constitucional Energética, el Amparo contra ésta por violaciones al procedimiento, hasta la declaración de inconstitucionalidad de la Consulta Energética, fue evidente la confabulación entre los Poderes de la Unión, para que la voluntad del Ejecutivo de entregar nuestra energía a extranjeros no se impidiera. 

La demanda de Amparo contra el procedimiento en la Reforma Energética, admitida por el Juez Octavo basado en el artículo 1º constitucional, superior a la Nueva Ley de Amparo que estableció la improcedencia contra reformas constitucionales, eliminando la procedencia por violaciones al procedimiento que estaba considerada. El Ejecutivo presentó Queja; la Corte dio al Amparo un tratamiento sinuoso, mientras avanzan en el Congreso las leyes secundarias; el Pleno se negó a atraer el asunto, resolverlo públicamente, hasta que el Tribunal Colegiado desechó el Amparo por improcedencia contra la Reforma Constitucional, ignorando que fue planteado por violaciones al procedimiento; el Pleno rechazó apelaciones, ocultó resoluciones, desinformó, coincidiendo con el Ejecutivo en el ocultamiento del recurso. Confabulación. 

En la Consulta, el arreglo se da desde la aceptación de la Corte del procedimiento tramposo: esperar la presentación de las firmas, en torno de una pregunta que la Corte calificaría después. López Obrador solicitó informara sí la pregunta era válida, antes de promover las firmas, la Corte contestó que conforme a la Ley debía calificar después, sabiendo que no la aceptarían, estaban injertados los términos del rechazo. El Pleno, por nueve votos contra uno, declaró inconstitucional la consulta. La ministra Sánchez Cordero, presentó proyecto negando la constitucionalidad de la materia alegando que el artículo 35 de la Reforma sobre la consulta, prohibe sean objeto de Consulta los “ingreso y gastos del Estado”, en su acepción más amplia. El ministro Cossío se pronunció en contra, argumentó, la consulta es un derecho humano, la interpretación de estos debe ser la más benéfica para la persona, so pena de violar el Artículo 1º constitucional. La interpretación a las restricciones a un derecho humano deben ser mínimas, restringir la consulta es restringir un derecho humano. La interpretación del Artículo 1º obliga a todos, incluyendo al legislador. Los Ministros Pérez Dayan, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, González Salas, Zaldívar, apoyaron el proyecto, aceptando equivocadamente que el propósito de la Reforma Constitucional Energética es obtener “ingresos”, tema prohibido para ser consultado. Reconocen que la Consulta es un derecho humano pero privilegian la literalidad de la prohibición por los términos “ingreso y gasto. 

La inserción en el artículo 27 de la frase: “con el propósito de obtener ingresos” fue sembrada para situar la Reforma Energética en la prohibición establecida para la Consulta. El ministro Ortiz Mena destacó que el vocablo “ingresos” no está en la Constitución, salvo esta inserción, por esta razón, no me cabe la menor duda de la intención del Constituyente, dijo su conclusión debió haber sido que esa única mención sólo tenía por objeto situar la Reforma Energética en la prohibición, facilitando a los ministros rechazar la Consulta atribuyéndolo al Constituyente. Los objetivos de la Reforma fueron otros: la competencia, la incapacidad en la producción, no los ingresos. 

Los ministros estaban obligados a aplicar al artículo 1º y permitir la Consulta, el propio Presidente lo ponderó en un reciente Congreso de la Judicatura. El ministro Cossío afirmó correctamente: el Pleno debió garantizar una interpretación conforme y pro homine del derecho a consulta ciudadana por tratarse, de derecho humano. Sin embargo la Corte restringió los derechos políticos de millones de ciudadanos, impidiéndole a la mayoría del pueblo, rechazar la desnacionalización petrolera impuesta.

Senador de la República

Responsabilidad presidencial

Manuel Bartlett Díaz

Ante las atrocidades de Ayotzinapa y Tlatlaya, organismos y medios internacionales denuncian al Presidente. Peña, dice The Economist, priorizó la reforma económica ignorando el Estado de Derecho; el New York Times afirmó: se señala que Peña ha pasado por alto la ausencia de legalidad en poblaciones cercanas a la ciudad de México; el Washington Post subraya la sacudida a Peña por las fallas de seguridad; Human Rights Watch acusa que en vez de aclarar el problema de los desaparecidos, Peña genera más interrogantes que respuestas. 

En el Senado ante tal panorama, el PAN denuncia inacción, señalando responsabilidades estatales y federales solicita la desaparición de poderes en Guerrero y la salida del procurador Murrillo Karam. Los partidos se entrampan en la defensa de sus intereses, con la interpretación del artículo 76 fracción V, sobre si el Senado puede “desaparecer poderes”. Terminan por no resolver, centrándose el PRI en demandar a Aguirre su renuncia y en el peloteo desaparece la responsabilidad del Presidente.

Ante la grave crisis nacional resulta absurdo que el Senado no deslinde responsabilidades y demande soluciones, las del gobernador de Guerrero fueron ampliamente señaladas, pero se eludieron las responsabilidades del Presidente, que los medios extranjeros señalan, no los internos. Se analizó el artículo 76 constitucional, pero ignoraron otras normas que establecen la clara responsabilidad del Presidente. 

Conforme al artículo 89 fracción VI de la Constitución, éste tiene como obligación preservar la seguridad nacional, es decir, es el responsable de garantizar la gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio nacional frente a los factores que alteren la convivencia social. 

El Presidente es el jefe de la inteligencia nacional. Según el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, preside el Consejo de Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia están bajo su conducción. 

El Presidente tiene la facultad de disponer de la Fuerzas Armadas para la seguridad interior y exterior de la Nación —Artículo 89 fracción VI de la Constitución—. Cuenta con los medios coercitivos para garantizar el orden público cuando eventos internos lo alteren. 

El Presidente dispone de la Guardia Nacional en las entidades, con la aprobación del Senado, para garantizar la gobernabilidad y la paz —Artículo 89 fracción VII y 76, fracción IV de la Constitución—. 

El Presidente es el jefe del Ministerio Público. Nombra al procurador con aprobación del Senado y lo puede remover —artículos 89 fracción IX y 102, Apartado A de la Constitución—. El Presidente tiene a través del procurador el monopolio de la acción penal y la investigación de los delitos de competencia federal como son los ilícitos relacionados con el crimen organizado y contra la salud. 

El Presidente es el Jefe de la Seguridad Pública Federal —artículo 21— lo que significa que a él y a los funcionarios que dependen de él les corresponde la investigación de los delitos federales. 

El artículo 108 de la Constitución indica que el Presidente es responsable durante su encargo por delitos graves del orden común y por traición a la patria. Sus omisiones e indiferencia pueden dar lugar a la comisión de delitos graves. 

El Senado representa a los estados, lo que les afecte es de su interés, y es su obligación impulsar soluciones. En una democracia un cuerpo representativo puede y debe demandar al Ejecutivo la revisión de programas y acciones ante la evidente crisis nacional. En nada beneficia al país el disimulo político.

Senador de la República 

Lo que mal empieza

Manuel Bartlett Díaz

El 2 de octubre, el Senado aprobó el nombramiento de los magistrados electorales para 17 estados que tendrán elecciones el próximo año. Estos, como los consejeros de los nuevos órganos electorales locales (Oples) —aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) días antes— no garantizan procesos democráticos. 

La exposición de motivos de la reforma electoral, impuesta por el PAN y asumida por el PRI, destacó como objetivo central impedir la manipulación por los gobernadores y reforzar los principios electorales rectores del artículo 41 de la Constitución: independencia e imparcialidad frente a gobiernos, partidos y poderes fácticos. El arranque de la reforma burla estos principios. 

De entrada, el Senado violentó los procedimientos parlamentarios y legales, y designó a los magistrados electorales locales mediante el “reparto de cuotas” entre el PRI, PAN y PRD; las comisiones no dictaminaron; la Junta de Coordinación Política, responsable, no sesionó, lo que se reclamó de inmediato cuando la Mesa Directiva anunció al Pleno haber recibido el listado propuesto por la Junta de Coordinación Política, que no sesionó, pero el Coordinador del PRI y Presidente de la Junta reconoció paladinamente que no la convocó ni sesionó, lo que consideró “innecesario”, puesto que conforme a “una práctica parlamentaria”, que se inventó, bastaba que se reunieran las tres fracciones más numerosas. Argumento insostenible, ningún acuerdo parlamentario puede situarse sobre los ordenamientos.

Además, de 450 candidatos registrados, presentaron 67 sin justificar cómo fueron seleccionados e impusieron una votación única en una sola cédula con los 67 nombres, sin información alguna de los propuestos, obligando a un solo voto ciego a favor de todos, totalmente desconocidos por los senadores autista. 

Lo absurdo del caso no impidió al Presidente la Mesa afirmar haber recibido un Acuerdo de la Junta, pese a que su Presidente ahí mismo reconoció que no había sesionado. Grave irresponsabilidad del Presidente de la Mesa y Presidente del Senado, cuya obligación es garantizar la legalidad de las acciones del Pleno, puso a votación una lista de magistrados no proporcionados por el órgano responsable, que no fue dictaminada ni debatida, sino confeccionada en secreto por tres coordinadores encerrados, distribuyéndose cargos públicos de acuerdo a sus intereses electorales, fuera de la ley. 

En otro lado, el INE nombró los consejeros electorales para los estados, en medio de protestas, los representantes de MORENA, PAN, incluso PRD, en el Consejo General del INE, apelaron por considerar ilegal la designación. MORENA acusó a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE no proporcionar a los partidos, como era obligatorio, la lista con la totalidad de los candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Estatales, como ordenaban los lineamientos del INE. Los representantes de los partidos y del Poder Legislativo no dispusieron de la información sobre los candidatos, los dictámenes no se elaboraron por entidad federativa, ni acreditaron la idoneidad de cada una de las propuestas. Los partidos políticos mayoritarios, coludidos con una mayoría de consejeros electorales del INE, urdieron una estratagema para repartirse los consejeros. Fue público: 2 consejeros por estado para el PRI, 2 para el PAN, 2 para el PRD, el presidente resultaría de arreglos entre estas fuerzas políticas. El procedimiento violó las formalidades acordadas por la autoridad electoral, para evitar, como se ha dicho las interferencias de gobernadores y garantizar selecciones transparentes. 

La gravedad de estos contubernios ilegales es que las personas así designadas, serán las autoridades electorales locales que organizarán las elecciones estatales y esos magistrados serán los jueces de las mismas. El proceso electoral nace viciado, impone lo que pretendían evitar: preconstruye el fraude electoral.

Senador de la República 

En manos de Lutero

Manuel Bartlett Diaz

El Senado aprobó las propuestas de Peña para comisionados y consejeros para las Comisiones de Energía e Hidrocarburos, los Consejos de Administración de Pemex y CFE, y del Fondo del Petróleo. PRI y PAN matrimoniados votaron para imponer acríticamente la voluntad del Ejecutivo. Entregaron la aplicación de la reforma energética privatizadora a personas seleccionadas con criterios sectarios, vinculados a intereses corporativos internacionales y nacionales. 

La Reforma Energética fue cabildeada por una élite: funcionarios, abogados “corporativos”, intelectuales asociados a “grupos de reflexión” y mecanismos bilaterales, operando para integrar nuestro sistema energético a los intereses estadounidenses; colaboradores en organismos internacionales que forzaron la apertura. El grupo designado pertenece a esa élite ocupada en borrar la distinción entre los intereses mexicanos y los estadounidenses, predicadores de apertura del petróleo y la electricidad a la “competencia”, para introducir a las trasnacionales. Estos nombramientos implican el dominio de esta élite del andamiaje institucional regulatorio y operativo para imponer “el mercado”, disponer de la renta petrolera y eléctrica, para su apropiación por los intereses que representan, transferir nuestra energía a la seguridad energética de EU. 

El análisis de la trayectoria de los nuevos “señores de la energía mexicana” lo evidencia y obliga al señalamiento de nombres y apellidos, sus vinculaciones y su calificación, para eso fueron propuestos al Senado, aunque irrité a la élite a la que pertenecen. 

Luis de la Calle y Luis Téllez pertenecen a la Trilateral Comisión Nortamerican Group con Madeleine Albright y Henry Kissinger. Las vinculaciones de los nombrados incluyen a grupos empresariales: Cemex, cuyo presidente fue consejero del Instituto Mexicano para la Competitividad y del Woodrow Wilson Center, promotores de Rafael Rangel Sostmann. Peñoles, matriz del ITAM que aloja a la Woodrow Wilson, con sede en Washington, cuyo director, Duncan Wood, principalísimo promotor de la Reforma, son miembros del centro Jesús Reyes Heroles, representante de empresas de energía extranjeras, Luis Téllez, ex director de uno de los fondos más poderosos del mundo, el Grupo Carlyle y consejero de empresas extranjeras como Sempra; Luis de la Calle, General Electric, vicepresidente de Comexi, fondeado por Shell y Exxon. 

Respecto a los “centros de pensamiento” que entrelazan a los nombrados está el Imco, dependencia del Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC), financiados por la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (USAID). Pertenecen al Imco, Cecilia Monserrat Ramiro, Luis de la Calle y Elizondo Mayer-Serra. Federico Reyes Heroles presidente de Transparencia Mexicana, dependiente de Transparency International, fondeada por Shell y British Petroleum. Jaime Pastrana ex alto funcionario de la Britsh Petroleum. Mario Molina, cuyo centro recibe donaciones de petroleros. Forman parte de los promotores de la desnacionalización: OCDE, Banco Mundial, BID, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 

Es evidente que estas vinculaciones entrañan conflicto de intereses. El análisis de las trayectorias entrelazadas demuestra que reditúan incorporación a consejos de administración de transnacionales, con las que desarrollan ineludibles compromisos. Este grupo operará la reforma energética siguiendo los modelos de la OCDE y la legislación impuesta por los intereses norteamericanos que obligan a imponer la “competencia” y “el gobierno corporativo” con facultades de propietarios, que les permitirá, enajenar, desincorporar, en el régimen de derecho privado impuesto y desprovisto de responsabilidades jurídicas. 

Dispondrán estos personajes de los más valiosos recursos nacionales. Pemex y CFE manejaban anualmente 2 billones de pesos; sus activos en infraestructura integrados durante 75 años, se estiman en 10 billones de pesos y solamente las reservas aseguran 16 billones de pesos. Cuentan con recursos humanos valiosos, 250 mil trabajadores. Estos personajes ajenos a nuestros intereses nacionales decidirán el destino energético de México. 

Senador de la República

Reforma vs. consulta

Manuel Bartlett Díaz

Envuelto en propaganda mediática, aturdiendo a los mexicanos, se ubica el Segundo Informe de Peña Nieto. No importa violentar el artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial, ni el dispendio de millones, así se gobierna: imposición mediática, efectismos, falsedades, demagogia, que luego corrigen con sucesivas ofensivas mediáticas generando nuevos temas en sucesión de proyectos y fantasías con el actor principal leyendo en telepronter. Fueron base del informe: las “reformas estructurales” como califican la demolición constitucional, siendo estelar: la reforma energética. 

Destaca la preocupación por legitimarse: “las 11 reformas representan esa voluntad de cambio de los mexicanos”; “así lo ha decidido México, el México actual”; “México pudo concretar un gran acuerdo nacional para transformar al país”. Pero las encuestas demuestran que dicha “voluntad de cambio” no existió en los mexicanos. Mitofsky (1 de septiembre) 51.3% desaprueban el gobierno de Peña, solo 46% los aprueban; 57% creen que va por el rumbo equivocado; GEA-ISA (junio), 55% desaprobó su gestión. Diario Reforma (julio) sólo el 33% aprueba la reforma energética. En promedio, más del 60% la rechaza. La reforma cuyo resultado es la integración del sistema energético mexicano a la seguridad energética de Estados Unidos es apreciada como imposición por la opinión nacional. 

Se afirma en el Informe que “si bien es cierto que la nación produce más energéticos de los que consume, esta ventaja cada día es menor. Existe el riesgo de que el país se convierta en importador”. Justificación contradictoria, reconoce que somos autosuficientes y oculta que la urgencia de extraer más petróleo es la exigencia norteamericana de seguir recibiendo 1.5 millones de barriles diarios que comprometieron ilegalmente Presidentes anteriores. Un párrafo del informe resumen las tres mentiras centrales: “la reforma pasó a la modernización del sector energético, sin privatizar Pemex y CFE, manteniendo la rectoría del Estado y preservando la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo”. Falso, las reformas privatizan empresas públicas, enajenan la rectoría del Estado en manos de transnacionales, protegidas por el libre mercado y la propiedad de hidrocarburos en el subsuelo se pierde con la autorización a los contratistas extranjeros a hipotecar los hidrocarburos de sus zonas concesionadas, con la banca internacional, haciéndolos intocables. 

Insiste el informe en un supuesto debate nacional, cuando pese a los grandes esfuerzos publicitarios, la opinión pública sabe que no lo hubo, que el gobierno bloqueó toda presencia crítica en los medios y en el Congreso los soliloquios de una menguada oposición, no lograron modificación alguna de las iniciativas del poder. 

Informan que las reformas productos del Pacto por México, concertaron a las principales fuerzas del país, falso, fue acuerdo entre élites del PAN, PRI y PRD. 

Frente a esa reforma que rechazan más del 60% de los mexicanos, la Constitución instituye la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre aspectos trascedentes, bajo la condición de presentar la solicitud con firmas de un mínimo del 2% del padrón electoral, o sea un millón 700 mil. Apegado al procedimiento, Morena presentó 2 millones 700 mil firmas para ser verificadas por el INE y que la Corte valide la constitucionalidad de la materia de la consulta y que la pregunta derive de dicha materia. Esta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la energía eléctrica? Cumplidos los requisitos, no podrá la Corte bloquear la consulta, “de hacerlo”, dijo AMLO, “se estaría dando un golpe de Estado”. 

Senador de la República