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2/05/2019

La PGR logró procesar a ocho ex gobernadores, pero sólo Javier Duarte ha recibido sentencia



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▲ Más que grito de alegría parecería amenazante la frase que lanzó Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, en un mensaje emitido después de salir del Reclusorio Oriente apenas el sábado pasado por la noche

De los ocho ex gobernadores que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) acusó durante la administración pasada por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros delitos, hasta la fecha sólo uno ha sido sentenciado.

La PGR investigó a los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; de Quintana Roo, Roberto Borge; Nuevo León, Rodrigo Medina; Tabasco, Andrés Granier; Sonora, Guillermo Padrés; de Chihuahua, César Duarte, pero sólo en el caso de Veracruz, Javier Duarte, logró que un juez lo sentenciara a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Roberto Borge fue detenido el 5 de junio de 2017 en Panamá y tiene un amparo por una causa penal del fuero federal; sin embargo, cuenta con otras cuatro acusaciones en el fuero común por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

En abril de 2017 Tomas Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, fue entregado a Estados Unidos donde enfrenta cargos en la corte federal del distrito sur de Texas. En México tiene pendientes averiguaciones previas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.
Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es requerido por la corte sur de Texas por asociación delictuosa en su modalidad de lavado de dinero y fraude bancario, pero busca no ser encarcelado por la vía del amparo.
Por otra parte, a Andrés Granier –acusado de evasión fiscal y detenido en julio de 2013– le fue otorgado el arresto domiciliario para continuar su proceso por evasión fiscal.
Guillermo Padrés logró hace unos días que un juez concediera libertad tras pagar una fianza; se le investiga por defraudación fiscal y lavado de dinero.
En otro caso, la PGR decidió no ejercer acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero; sin embargo, tiene abiertos otros procesos en el fuero local.

.Foto Pablo Ramos
Periódico La Jornada

5/13/2015

Diputados exigen se entreviste a militares del batallón 27; “PGR no tiene la verdad histórica”


    



(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron que la Procuraduría General de la República (PGR) reactive de manera inmediata la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre pasado, a manos de policías municipales de Iguala, Cocula y del crimen organizado.

Los legisladores argumentaron que ha quedado demostrado que la investigación realizada por la PGR no es una “verdad histórica·, por lo que solicitaron atender el Reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado el 11 de mayo.

Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, señaló que las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH son verdaderamente preocupantes, porque sugieren quejas por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso.

La perredista, junto con los asambleístas Alejandro Ojeda, Gabriel Godínez y Ángelina Hernández, exigieron al gobierno federal atender los argumentos del citado informe y retomar la búsqueda de los estudiantes.

Los diputados exigieron además que se autorice la realización de entrevistas a militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como a los elementos de la Policía Federal y Ministerial, además de concentrar las causas penales en un solo lugar y revisar las denuncias por la presunta tortura a los detenidos y probables responsables del hecho.

Consideraron que, en este caso, el Estado mexicano está en deuda con los padres y familiares de los estudiantes, además de con el resto de la sociedad mexicana, por no dar absoluta claridad y transparencia a una investigación que debería ser completamente objetiva.

Los legisladores aseveraron que las 13 causas penales se deben concentrar en un solo lugar, ya que están dispersas en seis juzgados diferentes, lo que podría generar la pérdida de evidencia.

Finalmente los perredistas calificaron como preocupante los posibles hechos de tortura a los presuntos culpables durante su reclusión, ya que además de ser violatorio a los derechos humanos pueden enrarecer aún más las investigaciones de este caso.

Cabe señalar que los estudiantes desaparecieron en el municipio de Iguala, gobernado por José Luis Abarca, postulado por el PRD. El estado de Guerrero también se encuentra gobernado por el sol azteca, quien ganó la entidad en enero de 2011, con el exprísita Ángel Aguirre Rivero como abanderado y quien dejó el cargo a consecuencia del secuestro de los 43 estudiantes normalistas.

Retrasa PGR investigación de CIDH sobre caso Ayotzinapa

No facilita entrevistas con personal militar y de Policía Federal

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha permitido que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –que investiga la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, Guerrero– entreviste a personal militar del Batallón 27.

Tras concluir su tercera visita a México, el GIEI –nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de las familias y los estudiantes– informó en cuatro puntos sus primeras conclusiones sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en la localidad de Ayotzinapa, Guerrero.

Las y los expertos informaron que como parte de la búsqueda de los 43 normalistas, los familiares se reunieron el pasado 5 de mayo con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta tener certeza del destino de los normalistas.

También acordaron asegurar la adecuada formación, medios y garantías legales para llevar a cabo la búsqueda y asegurar la participación, información y seguimiento de la localización con las y los familiares.

No obstante, en el tema del proceso de las investigaciones, el GIEI señaló que la PGR tiene pendiente realizar “numerosas diligencias” para aportar información que completaría el expediente.

Entre ellas –recordaron las y los expertos–, hace mes y medio que solicitaron a la PGR entrevistar de manera directa al personal militar del Batallón 27, lo que hasta ahora no ha conseguido a pesar de que este elemento aportaría información relevante para la investigación judicial.

Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR, pero luego desistieron y se comprometieron a dar otra respuesta a las y los expertos  en próximos días.

La misma respuesta tuvo el GIEI sobre su solicitud de entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial, que presuntamente estuvo presente en la primera parte de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Por otro lado, las y los expertos detallaron que durante un taller que realizaron del 3 al 5 de mayo con las familias de los estudiantes desaparecidos analizaron los “desafíos” que suponen para ellas el paso del tiempo, la falta de respuestas, la presión y los “intentos de manipulación de terceros”.

Sobre estas formas de victimización secundaria por parte de terceros –sin dar nombres o cargos– que han sufrido las familias de los estudiantes desaparecidos, la Secretaría de Gobernación señaló que ya se presentó la denuncia correspondiente.

En este punto, el GIEI sugirió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que tenga un mapeo completo de las víctimas del caso; dé pasos progresivos para acercarse a las víctimas y familiares; y haga una propuesta de atención en la que se informe a cada familiar sobre sus derechos de forma personalizada.

El grupo de personas expertas informó que ya se estableció un mecanismo para dar atención al resto de las y los familiares, con una primera valoración médica que permita identificar los impactos y necesidades de salud específicas.

De acuerdo con el informe, las autoridades reafirmaron que se mantendrá la atención médica para Edgar Vargas y sus familiares hasta su restablecimiento completo, y en el caso de Julio César Mondragón (cuyo cuerpo fue hallado con rasgos de tortura), se comprometieron a brindar atención y atender las necesidades de la familia.

El GIEI también expresó su preocupación porque la investigación sobre la desaparición de los normalistas está fragmentada en 13 causas distintas en seis juzgados de diferentes ciudades del país.

Además, los presuntos responsables de la desaparición forzada se encuentran en prisiones de tres estados distintos, lo que podría provocar que se pierda la visión integral de los hechos, se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales, y la pérdida de evidencia para hechos conexos, dijeron las y los especialistas.

El GIEI también señaló que los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, además de que se presentaron otras graves violaciones a Derechos Humanos que tienen que ser revisadas con diligencia, como la tortura (en el caso de Julio César Mondragón Fontes); tentativas de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza; y lesiones y amenazas contra los sobrevivientes.

Además, el GIEI reconoció que la noche del 26 de septiembre del 2014 los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” llegaron después de que se terminara el acto público de la presidenta del DIF para realizar actividades de “boteo” y no para sabotear el evento.

El trabajo –dijo el GIEI– se ha centrado en el análisis del desarrollo de los hechos en los más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la información obtenida por el propio Grupo.

El Grupo dijo que analizó las primeras actuaciones en contra de los normalistas, sin que esto suponga una valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa y presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, actualmente presos.

En el cuarto punto del informe –que se refiere a la problemática general de desaparición forzada–, el GIEI calificó como “satisfactoria” la reciente aprobación de la reforma constitucional que faculta al Poder Legislativo a elaborar leyes en materia de desaparición forzada y tortura.  

El GIEI continuará su investigación en México, de la que se espera deriven más informes en los próximos meses.
 

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

3/27/2015

Transformación de PGR a Fiscalía, para 2018


   Senado elegirá a su titular
En 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) se transformará en Fiscalía General de la República a fin de que la justicia deje de ser tarea de una dependencia de gobierno y se convierta en facultad de un órgano autónomo, de acusación y de la investigación del delito.
La reforma política-electoral estableció nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República autónoma, conformada por la fiscalía anticorrupción y la de delitos electorales.
Esto significa que el nuevo órgano, según afirmaron legisladores en su momento, ya no representará los intereses de la federación porque ahora deberá representar a la sociedad y procurar justicia sin injerencia de otros poderes u órganos y libre de influencias políticas.
El 10 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia política-electoral y con ello diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas la transformación de la PGR.
Con esta disposición se reformó el artículo 102 constitucional que ahora dice que “el  Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”, con lo cual desparecerá la actual PGR.
La Constitución dice que le corresponde al Ministerio Público (MP) la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados.
Como parte de su tarea el MP buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de los imputados en delitos, procurará que los juicios federales en materia penal sea prontos y expeditos; y pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.
Asimismo se estableció que la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por la o el Fiscal General de la República.
Con esta reforma se faculta al Senado para intervenir en la estructura de la nueva dependencia, así por ejemplo, el nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
La ley también dispone que el Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será electo de una lista, de al menos 10 aspirantes, integrada por el Senado de la República quien la enviará al Ejecutivo, para que éste a su vez integre una terna que regresará a los legisladores.
El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
La Constitución prevé que el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley, la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Senado.
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
La reforma constitucional que entró en vigor en 2011 dice que la trasformación de la PGR en Fiscalía entrará en vigor a partir de las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión y así dar autonomía plena al MP y apegarse al Sistema Penal Acusatorio.
Es por ello que el 23 de septiembre de2014 el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República, en donde establece su nueva estructura, atribuciones y facultades.
De acuerdo con la propuesta, se crearán las dos Fiscalías Especializadas que mandata la Constitución (Anticorrupción y Delitos Electorales) y además diversas vicefiscalías y unidades especializadas en investigación y persecución del delito, según lo establezca el nuevo reglamento.
Resalta que actualmente la PGR tiene cinco subprocuradurías: Jurídica y de Asuntos Internacionales; de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo; Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializada en Investigación de Delitos Federales; de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
Asimismo cuenta con Fiscalías como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); y la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade).
También tienen la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia; y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
Una vez que se publique esta ley, el Fiscal deberá establecer las disposiciones reglamentarias de la misma, mientras se expidan, la PGR seguirá funcionando con las normas actuales, siempre que se no se contrapongan con las leyes vigentes.
La iniciativa de ley fue aprobada en diciembre de 2014 por la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su ratificación, allí fue turnada a las Comisiones unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, donde está en análisis.
Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

3/12/2015

Nombramientos aberrantes

Manuel Bartlett

Hundido en la crisis política que ha generado, Peña insiste en imponer sus intereses contrarios al interés nacional: la entrega del país y su plan de negocios. Los nombramientos en la Procuraduría y la Suprema Corte profundizarán el descrédito presidencial y de ambas instituciones, profundizarán la crisis del gobierno. La designación de Arely como procuradora, se impone con “golpe mediático”, lo notifica Televisa, sin la fundamentación del Presidente de su propuesta y subrepticiamente dando salida inexplicada al procurador Murillo, enredado en una investigación rechazada mundialmente. La propuesta del embajador en Washington, Eduardo Medina Mora, para ministro de la SCJN, mal disfrazada en terna de comparsas, es igualmente inmoral. Ubicando Peña a dos dependientes en posiciones claves transexenales, se garantiza protección e impunidad. Ambos nombramientos vinculados a Televisa, fortalecen su penetración en aparatos del poder público, instrumentos de los intereses oligárquicos, cuyo proyecto sostiene el presidente. Peña llego al poder mediante Televisa y se mantiene, pese a su impopularidad, por la construcción de realidades virtuales, teleteatro presidencial y la desinformación. 
Arely en la PGR no garantiza la recuperación del prestigio perdido por la simulación e inconsistencia de Murillo, porque igualmente carece de independencia de la Presidencia, requisito que se exige para la Procuraduría hacia la futura Fiscalía General de Nación. No buscará Arely la verdad oculta de Ayotzinapa ni de Tlatlaya, no transformará la PGR acusada de violación sistemática de derechos humanos, no tiene posibilidad para una investigación exhaustiva y en plenitud que se demanda, atada a los intereses que impiden el encuentro de la verdad. Arely carece además, de los requisitos profesionales que demanda la procuración de justicia, su entronización no obedece a una capacidad supuesta, sino a los intereses de Peña Nieto. 
Medina Mora es nombrado con la misma perversión, incluido en una terna como comparsa; incumple los requisitos constitucionales para ministro de la SCJN, no tiene la residencia obligada de 2 años en el país; incumple los requisitos de buena reputación y fama, carece del prestigio profesional requerido. Un alud de críticas de académicos, articulistas independientes, ciudadanos lo denuncian fundadamente como “garrote policiaco” que, como director del Cisen, secretario de Seguridad Pública y procurador, utilizó esos instrumentos del Estado para reprimir a satisfacción de los intereses del poder: Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, las Truchas, Pasta de Conchos, detenciones ilegales de indígenas; acuerdo con el gobierno norteamericano para introducir ilegalmente armas a México, fallido intento para detectar destinatarios, provocando asesinatos de mexicanos. Operador con García Luna de la “guerra contra el narco”, impuesta por EU, la mayor tragedia humana mexicana, sin más resultado que la penetración de las agencias norteamericanas en territorio nacional; incongruente, abogado de la nación fue promotor del Aspan y del Plan Mérida, instrumentos de dominación norteamericana, fundados en acuerdos “intersecretariales”, violando funciones del Senado. Embajador en EU, pieza clave en el acuerdo de Peña con ese país para introducir a sus empresas en la explotación del petróleo y la electricidad en México; participante en la definición de la estructura constitucional y legal de la reforma energética que establece privilegios a las transnacionales, particularmente la “ocupación de tierras” de mexicanos. Como ministro de la SCJN seguirá representando los intereses oligárquicos que defendió en diversas funciones y estará en el alto tribunal cuando comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos busquen amparo por el despojo que sufrirán de las transnacionales, su voto no amparará a los mexicanos, sí a los intereses extranjeros que apoyó para introducirlos a México. La sumisión del Senado que aprobó los aberrantes nombramientos, fortalecerá el dominio presidencial del Poder Judicial. Anulación de la división de poderes.
Senador de la República

3/11/2015

Se impone voluntad de Peña; Senado elige como ministro a Medina Mora


Eduardo Medina Mora, extitular de la PGR. Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Por escasos tres votos que hubieran anulado la mayoría calificada –ante la ausencia de igual número de senadores del PRD–, las bancadas de PRI, PAN y PVEM eligieron por 83 votos a favor a Eduardo Medina Mora como próximo ministro de la SCJN, a pesar de las más de 50 mil firmas ciudadanas entregadas esta mañana en el Senado para argumentar en contra de la designación del exprocurador y exembajador en Estados Unidos.


Los otros dos candidatos, Horacio Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, recibieron 15 y 4 votos a favor, respectivamente, y se registraron 16 votos nulos, que se contabilizan como abstenciones en esta sesión donde hubo muy pocos argumentos para defender la elección de Medina Mora.

Por el contrario, a lo largo de más de cuatro horas, legisladores del PRD como Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Luis Sánchez, Alejandro Encinas, o Manuel Bartlett y Layda Sansores, del PT, y el solitario panista Javier Corral argumentaron en tribuna por qué la elección de Medina Mora contradecía “la independencia, profesionalismo y honorabilidad”, requisitos para ser ministro de la Corte.

Incluso, Corral Jurado aportó un argumento nuevo que no se había ventilado en los medios y en el Senado. El legislador de Chihuahua consideró que la candidatura de Medina Mora constituyó un “pago de facturas” del presidente Enrique Peña Nieto al exprocurador general por el “cerrojazo” del expediente de corrupción de Arturo Montiel en 2008.

“Es una afrenta al Poder Judicial. Se lastima aún más la maltrecha República”, consideró Corral.

En tribuna, argumentó que los panistas privilegiaron que el exdirector del Cisen y extitular de Seguridad Pública era “pro-vida” y estaba en contra de la despenalización del aborto.

“Yo también estoy a favor de la vida desde la concepción, pero no estoy dispuesto a llevar mis creencias personales a la Suprema Corte”, afirmó Corral, el único panista que argumentó en contra de Medina Mora.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna subió varias veces a tribuna, primero para argumentar su voto particular en contra, junto con la senadora Angélica de la Peña, y después para exponer las razones del voto en contra de la bancada perredista.

Padierna afirmó que Medina Mora se convertirá en el “ministro incómodo”, a la usanza del “hermano incómodo” del salinismo, Raúl Salinas, y sentenció que nombrarlo es “premiar la incompetencia, la impunidad y la violación a los derechos humanos”.

Antes de iniciar el debate sobre la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte, Angélica de la Peña, del PRD, y Manuel Bartlett, del PT, propusieron dos mociones suspensivas, al argumentar que la Comisión de Justicia no realizó una investigación profunda sobre el perfil de los candidatos ni tomó en cuenta las más de 50 mil firmas en contra de Medina Mora, así como las expresiones de repudio de asociaciones de abogados, de magistrados y jueces y de los especialistas.

“Simularon un procedimiento”, reprochó Bartlett a Roberto Gil Zuarth, panista, presidente de la Comisión de Justicia.
Bartlett Díaz argumentó que Medina Mora incumplía los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución por no acreditar su residencia y carecer de prestigio, aparte de no garantizar independencia; “es un policía que actuó contra los mexicanos”, remató.

Las mociones suspensivas fueron rechazadas por la mayoría automática del PRI, PAN y Verde por 83 votos y sólo 21 a favor.
La senadora campechana Layda Sansores incomodó a los priistas cuando afirmó que todo era un ejercicio “de simulación” y de “cinismo extremo”.

Irónica, Sansores felicitó al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, porque “hoy puede sumar dos estrellas más a su canal: Arely Gómez (actual procuradora general de la República) y Eduardo Medina Mora”.
En respuesta, el priista Omar Fayad afirmó que “no podemos decir que somos simuladores porque esto abona a la crisis de credibilidad” y enseguida defendió el procedimiento.

La misma línea de argumentación expresó Roberto Gil Zuarth, presidente de la comisión dictaminadora, quien además reprochó a los académicos y especialistas que presentaron más de 50 mil peticiones para desechar a Medina Mora:
“Ustedes pretenden encarnar el único progresismo válido”.
La académica y analista de temas políticos Denise Dresser, presente durante toda la sesión, encabezó la presentación de las 50 mil firmas y recordó la famosa frase “¡Que coman pastel!” para reprochar a los senadores que votaron a favor de Medina Mora.
El tema de la despenalización del aborto también estuvo presente en la sesión. El panista Gabriel Ávila Ruiz dijo a los legisladores: “No nos hagamos bolas”, el PAN votará a favor de Medina Mora porque defendió “el derecho a la vida” y este es un asunto “de principios y valores”.

El perredista Luis Sánchez, en su voto particular en contra, hizo una detallada explicación de por qué Medina Mora fracasó en su acción de anticonstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Niega represión en Atenco y Oaxaca

En sus 20 minutos de intervención ante el pleno del Senado, Medina Mora pretendió responder a todas y cada una de las críticas que se le hicieron. Insistió en que la Suprema Corte lo exoneró de las acciones represivas en San Salvador Atenco y en Oaxaca, contra la APPO.
“¡Es falso!”, gritó desde su curul la senadora del PRD, Dolores Padierna, la única que expresó su desacuerdo público con el discurso del exembajador.

Conciliador, Medina Mora afirmó que es “sensible” y “escucho las críticas” que se han expresado en los medios de comunicación y en las redes.

“En todos los casos mi actuación fue sustentada en la buena fe y en el cumplimiento de la ley”, justificó.
Luego señaló que él no participó ni planeó el operativo Rápido y Furioso sobre trasiego de armas de Estados Unidos a los cárteles mexicanos; dijo que los encarcelamientos de las indígenas otomíes ocurrió antes de su gestión y que la Suprema Corte de Justicia le dio la razón “en el 98 por ciento” de las acciones de anticonstitucionalidad que interpuso.

Sobre la liberación de los millonarios fondos de Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas, Medina Mora afirmó que no lo hizo para beneficiar a los inversionistas ni al expreso, sino fue “un trámite legal”. “Ya no había fondos”, sentenció.
Medina Mora afirmó que los ministros de la Suprema Corte deben actuar “con sentido de Estado, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo”, aunque ignoró todas las críticas que insistentemente le cuestionaron justo por carecer de esas cualidades.
Los otros dos aspirantes, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, intervinieron subrayando su perfil de carrera en el Poder Judicial.

Fuentes Barrera detalló ocho propuestas en caso de ser elegido ministro de la Suprema Corte. Afirmó que pugnaría por el acceso a la información pública del máximo tribunal  y que entablaría “un contacto permanente” con organizaciones de derechos humanos, la academia y asociaciones de abogados.
A su vez, Hernández Orozco hizo un recuento de su formación profesional y mencionó que cree en las instituciones jurídicas porque ha formado parte de ellas durante 29 años.

3/10/2015

Medina Mora liberó 73 mdd a Raúl Salinas de Gortari



Cinco días antes de dejar el cargo, liberó las cuentas que habían sido congeladas siete años antes por la propia PGR

lasillarota.com

Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la liberación de una cuenta de 73 millones de dólares cinco días antes de que Eduardo Medina Mora dejara la Procuraduría General de la República (PGR).

Los recursos habían sido asegurados siete años antes por la dependencia en el juicio de desvíos de la "partida secreta" contra Salinas de Gortari.
A pesar de una investigación contra varios indiciados, Medina Mora llevó a cabo la acción para favorecer al hermano del ex presidente.

Los hechos se concretaron el 2 de septiembre de 2009, cuando Medina Mora era procurador, de acuerdo con documentos judiciales, que detallan que se dejó sin efecto el aseguramiento a las cuentas decretado por la propia PGR en una averiguación previa SE/028/96-06.

Además, se decretó el retiro del aseguramiento dictado en noviembre de 2002 y febrero de 2001 por el Juzgado Noveno de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.

La información se consigna en la sentencia del 19 de julio de 2013 emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, en la que Salinas fue absuelto de enriquecimiento ilícito. Los documentos no detallan el destino del dinero al ser liberado.

Medina Mora dejó la PGR el 7 de septiembre de 2009.

El caso de peculado fue resuelto en definitiva hasta el 12 de diciembre de 2014, cuando fue absuelto de ese delito el contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez.

Por lo que Medina Mora levantó de manera indebida el aseguramiento del dinero un lustro antes de que el juicio concluyera.

Con información de Reforma

3/04/2015

Cambios en PGR arriesgan intervención de grupo de la CIDH


No obstante, madres confían se esclarezca caso Ayotzinapa

Madres y familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, confían en la revisión técnica que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso.

 
Ayer, familiares y compañeros de los normalistas que fueron agredidos y desaparecidos por policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” se reunieron en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, con el Grupo de Expertas y Expertos de la CIDH, para revisar las investigaciones de la PGR para dar con el paradero de sus hijos y garantizarles justicia.
 
María Concepción Tlatempa Colchero, madre del estudiante desaparecido Jesús Jovani Rodríguez Tlatempa, dijo en entrevista telefónica que confía totalmente en el trabajo que realizará el Grupo Interdisciplinario en México, ya que se habló de “investigar a todos, ver los expedientes y ver si en verdad (las autoridades federales) anduvieron buscando a los muchachos vivos y no sólo en fosas”.
 
El Grupo Interdisciplinario fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la CIDH, y las familias y sus representantes, con motivo de las medidas cautelares otorgadas por el órgano del Sistema Interamericano el pasado 3 de octubre de 2014.  
 
En representación de las otras madres, María aseguró que están contentas y agradecidas “porque ellos (el Grupo Interdisciplinario) dicen que le van a echar todas las ganas para que se encuentre a los muchachos, les van hacer sacar la verdad (al gobierno mexicano)”.
 
Tlatempa Colchero contó que las madres pidieron a las y los especialistas “que le echen ganas, porque tenemos un gobierno que no sabe gobernar y que nada más está para reprimirnos”.
 
Las y los expertos aseguraron a las familias que ellas serían las primeras en enterarse de los resultados de esta revisión, y que en tres meses darán la primera información de lo que resulte de su trabajo en México.
 
De acuerdo con el relato de María Inés Abrajam, tía del normalista desaparecido Adán Abrajam de la Cruz –también en entrevista para esta agencia–, el Grupo de expertos informó que su estancia en México sería en total de seis meses, en los que intentará esclarecer las investigaciones de la PGR.
 
María Inés detalló que todas las familias confían totalmente en el Grupo Interdisciplinario, “porque dicen que no se venden, que están con el pueblo y no para solapar lo que hace el gobierno y los funcionarios públicos”.
 
Las mujeres observaron que es obligación del gobierno mexicano no obstaculizar el trabajo de las y los expertos, porque el Estado aceptó formalmente la conformación del grupo y su estancia en el país el 18 de noviembre de 2014.
 
Sin embargo, las familias temen que con la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR, y la transformación de la dependencia a Fiscalía General, no se respete este acuerdo.
 
Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las familias y los integrantes del Consejo Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa exigieron que la PGR garantice las condiciones necesarias, para que el Grupo Interdisciplinario realice la revisión de las investigaciones.
 
De acuerdo con el comunicado, esta es la primera actividad del Grupo Interdisciplinario en México y fue una oportunidad para que los familiares externaran algunas de sus preocupaciones respecto a la actuación del Estado en el caso.
 
El Grupo de Expertas y Expertos analizará tres ejes principales: la búsqueda con vida; la investigación plena y la atención brindada a las víctimas.
 
Al término de la revisión técnica, las y los investigadores de la CIDH podrán formular recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado ante el caso Ayotzinapa, así como recomendaciones estructurales para fortalecer las capacidades del Estado en materia de desaparición forzada.
 
El Grupo fue designado por la CIDH el pasado 16 de enero, y sus integrantes –Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa– fueron escogidos de las propuestas que hicieron el Estado mexicano y las organizaciones civiles.



Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
  

3/03/2015

Los retos de Arely Gómez como titular de la PGR


La dependencia deberá continuar con la investigación del caso Ayotzinapa y su transformación en la nueva Fiscalía General de la República

lasillarota.com

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La próxima titular de la Procuraduría General de la República (PGR) recibe la dependencia con casos pendientes como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa; con varias de sus áreas acéfalas –entre ellas la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)– y en medio de un proceso para su transformación en la Fiscalía General de la República. 

Estos son los retos de Arely Gómez como nueva procuradora.

Los pendientes

Ayotzinapa. El pasado 28 de enero, el aún procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la investigación por la desaparición y homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa no estaba cerrada.
Entre los pendientes del caso está el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la integración de averiguaciones que se van a acumular a las que ya se plantearon, incluida la de desaparición forzada.

Además, en un informe, el Equipo Argentino de Antropología Forense  que participa en las investigaciones a petición de los padres de los normalistas, señaló que hay diferencias en los perfiles genéticos de familiares procesados por la PGR y que fueron enviados al laboratorio de Innsbruck, en Austria para su análisis.
Los familiares de los normalistas han advertido en reiteradas ocasiones que no confían en los resultados de la investigación de la PGR. La investigación no ha terminado.

Tlatlaya. El pasado 26 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue una versión pública de las consignaciones por el caso Tlatlaya, en el estado de México, en el que las investigaciones han comprobado el asesinato extrajudicial de 15 personas por parte de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Lo anterior después de graves cuestionamientos a las respuestas incompletas e incluso “falseadas” a las diversas solicitudes de información, copias de las averiguaciones previas iniciadas, documentos y dictámenes periciales relacionados con esos hechos, así como los turnos de consignaciones.
Los señalamientos de que la PGR intenta encubrir al Ejército son fuertes ante la falta de transparencia y de evidencias a cerca de que la dependencia atrajo el caso hasta el 23 de septiembre de 2014, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio de ese mismo año.

Por el hecho, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de siete militares; sin embargo hasta el momento no se ha actuado contra funcionarios de la Procuraduría del Estado de México ni de la propia PGR.

Oceanografía. En octubre de 2014, el accionista mayoritario de OceanografÍa, Amado Yáñez, quedó formalmente preso, por un fraude a Banamex, banco al que solicitó un préstamo por unos 300 millones de dólares con documentos falsos de contratos con Pemex.
Aunque el caso fue calificado como “un éxito” por las propias autoridades, aún está pendiente el arresto de otros socios de Oceanografía como Martín Díaz Álvarez, a quien le fue negado un amparo.
Las áreas sin dirección
Durante su comparecencia ante Senadores, Arely Gómez escuchó las imputaciones que sus ex compañeros en el recinto legislativo le hicieron respecto a las áreas de la PGR que están “acéfalas”.

Por ejemplo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que tiene como encargado de despacho a Abraham Eslava Arvizu;  la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, con Eliana García Laguna, en el mismo puesto.

Además, se enumeró también a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que tiene como encargado a Francisco Camberos Hernández; en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), también tiene nuevo titular, Santiago Nieto Castillo.
Por si fuera poco,, los cambios también fueron acompañados por la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, puesto que ocupó Arely Gómez pero que quedará vacante una vez que la priísta sea ratificada como procuradora.

Sistema de Justicia Penal

En septiembre de 2014, hace cinco meses, el entonces titular de la PGR Jesús Murillo Karam reconoció que la implementación del nuevo sistema de justicia penal va lento y que incluso la federación está aún más atrasada que los estados.
Al comparecer ante integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno  de Ejecutivo Federal, Murillo Karam dijo que “falta mucho tramo por hacer”.
De acuerdo con la reforma de 2008, el sistema de justicia penal deberá entrar en vigor  todo el país a partir de mediados de 2016. Sin embargo, estados como Querétaro, Michoacán y Tamaulipas registran rezagos en la implementación de los juicios orales.

En noviembre de 2014, en su análisis Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), advirtió que “se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente” pues en su evaluación “ninguna entidad federativa logró el estándar establecido para 2014”.
Otro aspecto que pone en riesgo la implementación del Sistema de Justicia penal es la situación económica por la que atraviesa el país y que llevó al Poder Judicial de la Federación a realizar un ajuste presupuestal por poco más de 400 millones de pesos, lo que equivale al 7.7% de su presupuesto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal anunciaron que el ajuste “no afectará el cumplimiento de sus metas sustantivas y prioritarias”, entre ellas la implementación del nuevo sistema penal, sin embargo algunos estados, como Querétaro, reportan retrasos por falta de recursos económicos.

En plena transformación

Arely Gómez González también tendrá en sus manos el proceso de transformación de la Procuraduría a Fiscalía General de la República que le dará a dicho órgano autonomía administrativa, operativa y presupuestal.

El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) ha enumerado dos grandes dos grandes funciones de la FGR: que no dependerá funcionalmente de un poder público con lo que posibilita la investigación independiente, imparcial y objetiva de los delitos; y que su autonomía financiera y patrimonio propio, buscan facilitar la asignación de todo tipo de recursos para perseguir los delitos de forma eficiente.
La FGR estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General.
El reto para Arely será llevar a buen puerto la transformación de la PGR, pues de esto podría depender que sea nombrada como la primera Fiscal General o que sea sustituida como Jesús Murillo Karam.
bvn