El derrumbe presidencial

Manuel Bartlett Diaz

Peña Nieto, enajenado, no escucha a su población. Actúa ante las cámaras con auditorios subordinados, confía que las televisoras impondrán la creencia de que su mensaje “Por un México en Paz con Justicia” fue la respuesta adecuada a la crisis que confronta, pero nadie lo creyó. 

Presenta soluciones ajenas a los reclamos, se atrinchera con los suyos, se niega a la autocrítica, defiende inconmovible sus reformas estructurales, los grandes contratos de compinches, los intereses oligárquicos que representa, no altera su ruta insensible. Ante la indignación generalizada y la demanda puntual de justicia para los normalistas, freno a la corrupción, la impunidad, la violación masiva de derechos humanos, continúa atribuyendo la insurrección ciudadana, explosión genuina, a causas ajenas. Nuevamente el secretario de Gobernación afirma que las movilizaciones son “rebote previsto” desde que planearon las “reformas estructurales”. 

La Presidencia se derrumba en las encuestas, afirma asumir el clamor ciudadano y la responsabilidad de encabezar los esfuerzos necesarios para liberarnos de la impunidad, pero su Decálogo no confronta las acusaciones de corrupción personal que lo deslegitiman, señalamiento generalizado. 

En su mensaje a la nación atribuye responsabilidad de la tragedia a los municipios, cuyas policías fueron infiltradas por la delincuencia, no reconoce responsabilidad alguna al gobierno federal, a la Procuraduría, policías, Ejército. El Decálogo es amasijo de refritos del calderonismo, que simplemente eleva a reforma constitucional, proponiendo la desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único en manos de los gobernadores, también impolutos. Propone un régimen policiaco-militar centralizado. Los municipios sin policía harían de la célula básica de nuestra estructura política administraciones sin fuerza para sus responsabilidades, las policías estatales no podrían cubrir todos los municipios, mayores vulnerabilidades. Como resultado oculto de esta centralización, se facilitaría a la Federación imponer la “ocupación de las tierras” autorizada a las empresas transnacionales, con responsabilidad del Estado de imponerlas. 

Continúa la estrategia, atacar la protesta social, las manifestaciones pacíficas serían ensuciadas deliberadamente con violencia paralela por vándalos dejados en libertad para destruir, pretexto para embestidas policiacas a manifestantes, detenciones al azar; amedrentar es la consigna. Es complemento la ominosa aprobación en la Cámara de Diputados del “derecho a movilización universal”, facultad para impedir toda movilización molesta al poder. Las televisoras y la mayoría de los medios ocultan la amplitud de las marchas, sus reclamos, pero destacan imágenes de incendios y vándalos destruyendo, asistir a las marchas es peligroso, disuasión. No transmiten las demandas de los ciudadanos, ni su grito: “fuera Peña”. Ocultan descalificaciones al gobierno mexicano, del mundo entero. El diario francés Le Monde nos llama “Estado Mafia”; el presidente uruguayo Mujica, “Estado Fallido” resultado de la corrupción que se ha convertido en modo de vida mexicano. En el Congreso se bloquea toda discusión de la casa blanca de Peña Nieto. En el Senado se puso a discusión sorpresivamente el Decálogo presidencial con la expresión de numerosas críticas y reservas, se reiteró que es ajeno a los reclamos populares. El resultado debería ser la no aprobación de las reformas constitucionales. La Presidencia se derrumba, no recupera autoridad moral ni legitimidad, de mantenerse, gobernará con la fuerza, sin el consentimiento democrático.

Senador de la República