El instituto deberá reponer el procedimiento contra el ex líder priista, acusado de encabezar una red de prostitución y usar fondos partidarios para financiarla.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder capitalino del PRI, aún no puede cantar victoria.
Mientras la Procuraduría General de Justicia capitalina no ha ejercido acción penal en su contra, el Tribunal Electoral del Distrito Federal le enmendó la plana al Instituto Electoral y revocó la exoneración que éste acordó en agosto de este año.
Así lo informó la Dirección de Comunicación del TEDF en un comunicado que señala que, al dar vista a a otro órgano del IEDF,
la Comisión de Fiscalización propició que el Consejo General del IEDF,
presidido entonces por Diana Talavera -quien votó en contra de la
mayoría de consejeros- emitiera una resolución incompleta.
En el comunicado, también incompleto, no se precisa cómo fue la
votación de los magistrados ni qué ordenó el TEDF al IEDF, si bien el
diario Reforma informó que el Tribunal ordenó reponer el
procedimiento contra Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de liderar una red
de prostitución y usar fondos del PRI para ello, y emitir nueva
resolución.
El escandaloso asunto fue revelado por Carmen Aristegui en su noticiario de MVS.
Bajo el rubro “TEDF revoca resolución sobre Cuauhtémoc Gutiérrez”, el comunicado es el siguiente:
El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), indebidamente emitió una resolución incompleta, en relación con
la sentencia relativa al juicio electoral 32 del presente año, respecto
del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señaló el magistrado
ponente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF),
ArmandoHernández Cruz.
Cabe recordar que el PRD impugnó la Resolución RS-53-14, aprobada por el Consejo General del IEDF, el veinticinco de agosto del año en curso, dentro del expediente IEDF-QCG/PE/020/2014, en la cual el IEDF determinó que el ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el PRI-DF, “no son administrativamente responsables” de las imputaciones que obran en su contra.
En la sentencia que emitió el IEDF, se razona que al dar vista la
Comisión de Fiscalización a la Comisión de Asociaciones Políticas,
generó que el Consejo General del IEDF emitiera una resolución
incompleta, ya que por una parte este órgano no tomó en cuenta el
resultado de dicha actuación y por la otra, conoció dos procedimientos
diversos sobre los mismos hechos, dividiendo la continencia de la causa y resolviendo de manera incompleta la investigación, generando incertidumbre entre los involucrados al pronunciarse en uno solo de ellos y continuar sustanciando el otro.
Lo anterior implica una violación al procedimiento sancionador y a
los principios que lo rigen. Así es fundado el argumento relacionado
con la violación a las formalidades esenciales del procedimiento,
porque del estudio del presente asunto se pudo constatar que la
solicitud de investigación por parte del partido político actor, en
este caso el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue planteada
para que de manera conjunta se apreciaran los hechos, debiendo
resolverse la queja en un solo acto.En tal virtud, el Consejo del General del IEDF estaba obligado a emitir una sola resolución,independientemente que dos de sus comisiones estuvieran conociendo de la misma denuncia en dos líneas de investigación con enfoques
diversos, a saber:
a) la Comisión de Fiscalización se dedicó a analizar si el ciudadano
CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ DE LA TORRE, durante su gestión como Presidente
del Comité Directivo del PRI-DF, aplicó parte del financiamiento
público a fines distintos a los que tienen encomendados los partidos
políticos como entidades de interés público; y
b) la Comisión de Asociaciones Políticas estudió las probables violaciones genéricas a las obligaciones que el
Código impone a las Asociaciones Políticas y a sus militantes.
Así, es evidente que el Consejo General, al resolver el procedimiento especial sancionador dividiendo la continencia de la causa, violó las formalidades esenciales del procedimiento, en específico, la de emitir una resolución completa que diera respuesta a todos los planteamientos del instituto político denunciante, de ahí que el magistrado Armando Hernández propuso revocar la resolución combatida.
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