MÉXICO,
D.F. (apro).- En medio de las crecientes manifestaciones contra el
gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos, PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San
Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar
las protestas.
De forma sorpresiva, PRI y PAN sacaron de la “congeladora” un
dictamen sobre “movilidad social” que, el 24 de abril pasado, avaló la
Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista e
integrante de la corriente de Los Chuchos, Julio César Moreno Rivera, y
lo pusieron hoy a consideración del pleno.
Se trata de cambios al 11 y 73 constitucionales; en el primero se
establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a
la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad,
accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
En tanto que al artículo 73 se le añadió que el Congreso puede
legislar en “materia de movilidad universal en los términos de la
Constitución… y que podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga
efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad”.
La iniciativa fue promovida por el panista Marco Aguilar, uno de los
operadores del excoordinador Luis Alberto Villarreal, y quien forma
parte del grupo cercano a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN.
Por tratarse de una modificación a la Constitución se requirió el
aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes; el
bloque de PRI, PAN, Panal y PVEM cosechó 292 votos a favor en tanto que
PT, MC y PRD sólo sumaron 100 sufragios en contra.
La minuta fue enviada al Senado y, una vez avalada por éste, deberá
ser aprobada por al menos 17 Congresos locales. Después se tendrán 180
días para elaborar la Ley General de Movilidad.
El tema fue seriamente cuestionado por legisladores de izquierda,
quienes fueron los únicos que hablaron en tribuna, pues el bloque afín
al PRI guardó silencio y sólo espero la votación que de antemano sabía
sería avasalladora.
La perredista Amalia García, quien en abril pasado fue reconvenida
por sus compañeros de partido por haber votado a favor de la polémica
iniciativa, subió este martes a tribuna para hablar en contra y
justificar su voto en aquel momento:
“Hace un año el país era otro, hoy estamos en una situación
extremadamente delicada, y a la luz de lo sucedido hoy en las
manifestaciones, en el PRD estamos en contra… Se deben respetar los
derechos humanos, la libertad, el respeto a la libre expresión. Hay ya
artículos en la Constitución que son el centro y le dan la fuerza a
estas libertades”, resaltó.
Y enumeró: El 35, “que habla del derecho a asociarse para tomar
parte en los asuntos políticos”; el 9 que advierte que no se podrá
coartar el derecho a reunirse con cualquier fin, “que dice que no podrá
ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición o denuncia por un acto o presentar una protesta ante una
autoridad”.
Además, están el primero, que señala que el Estado debe prevenir,
sancionar e investigar las violaciones a los derechos humanos, y el
octavo, que obliga a los funcionarios públicos a respetar el derecho de
petición.
Sin embargo, añadió, con estos cambios a los artículos 11 y 73, en
donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la
movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para
limitar el derecho a la libre manifestación.
“Es sumamente peligroso que se coarten las libertades y los derechos políticos”, alertó la zacatecana.
Lilia Aguilar, vicecoordinadora de PT, fue certera en su
intervención al traer a colación el apunte que los diputados chilenos
hicieron con motivo de su visita a México la semana pasada para buscar
la liberación de Laurence Maxwell, detenido al término de la
manifestación del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino:
“Lo que vemos hoy en México nos recuerda lo ocurrido durante la dictadura de Pinochet”, recordó.
Luego dijo que los cambios propuestos por el panista y llevados al
pleno de forma sorpresiva parecieran una “ley antimarchas”. Enseguida
preguntó: ¿Qué derechos estamos violentando como para que se presente
esta iniciativa? ¿Por qué la urgencia?, ¿Por qué en este momento?
La petista también advirtió que los priistas y sus aliados “están
abriendo una caja de Pandora. La pradera está seca y ustedes no sólo le
echan gasolina sino que están prendiendo un cerillo”.
La legisladora sostuvo que la tentación de utilizar estas
modificaciones en forma “punitiva” se pueden presentar, sobre todo
luego del añadido en donde se establece que “el Estado deberá
garantizar el derecho a la movilidad. ¿De qué manera se dará esto? ¿Ese
derecho no está en la Constitución?, cuestionó para enseguida señalar
que movilidad es el poder trasladarse de un estado a otro, el derecho a
vivir en cualquier lugar, como lo establece el derecho internacional, y
nada tiene que ver con las marchas y las protestas.
La petista exhibió luego a los priistas cuando sostuvo que “pareciera que le están pagando al PAN con esta iniciativa”.
Por parte del MC, Ricardo Mejía Berdeja denunció que con los cambios
se abre la puerta para “una coartada a la represión”. Este dictamen,
añadió, es políticamente inoportuno por la situación que se vive en el
país, en donde se han presentado violaciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa, advirtió el legislador del MC, puede ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Con esta ley, abundó, “por la vía de la justicia se pueden frenar
las movilizaciones, los actos legítimos de protesta se pueden coartar
aunque no lo diga así el dictamen. Hoy México vive una crisis política,
social, económica, de derechos humanos y, en el escenario de
inconformidad que se vive, quieren frenar el descontento social con
estos cambios a la Constitución”.
Con las modificaciones, puntualizó, se tiene el pretexto perfecto para reprimir las manifestaciones.
Griselda Saldaña, del PRD, dijo que los cambios constitucionales son
“ambiguos”, pues se puede caer en “criminalizar la protesta”. Luego
acusó a priistas y panistas de “perversos”.
“Es perverso que ante las masivas manifestaciones que hay se
proponga esta ley. ¿Desde cuándo un derecho humano debe
reglamentarse?”, planteó.
El también perredista Fernando Belaunzarán sugirió cambios para
frenar la tentativa de coartar el derecho a manifestarse, aunque antes
enumeró los errores del gobierno federal: El “ya me cansé” del
procurador general de la República, la irrupción de policías en Ciudad
Universitaria; del Ejército a la Universidad de Coahuila; las
detenciones del 20 noviembre; los ‘levantones’ de jóvenes por parte de
fuerzas de seguridad…
“Se quiere criminalizar las manifestaciones”, acusó Belaunzarán, en
tanto que la petista Lilia Aguilar advirtió al bloque encabezado por el
PRI que “una sola chispa puede incendiar la pradera”.
El dictamen finalmente se aprobó y nadie de PRI, PAN, PVEM o Panal
subió a tribuna para defenderlo; en silencio, la mayoría escuchó los
reclamos de la oposición y así, sin decir palabra, levantaron la mano
para avalar una nueva ley que podría facilitar a las autoridades
impedir, frenar o sofocar una manifestación.
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