Limitada propuesta de Peña en garantías para audiencias
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- Ante las omisiones, las y los defensores Beatriz Solís Leree (Radio Educación); Adriana Solórzano (IMER); Francisco Prieto (Canal 22), y Gabriel Sosa Plata (Noticias MVS) propusieron incluir nuevas garantías, como el derecho a comunicar de las mujeres.
Al fijar su posicionamiento en un comunicado, indicaron que los ocho derechos de las audiencias incorporados en la iniciativa enviada por el Ejecutivo el pasado 24 de marzo no sólo son insuficientes, sino también podrían convertirse en “letra muerta”, ya que su debido cumplimiento queda a voluntad del medio de comunicación y del defensor en turno.
Esto porque el artículo 257 de la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que “la promoción y defensa de estos derechos deberán ser incorporados en el contenido de los Códigos de Ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos”.
Afirmaron que ante el incumplimiento de esta norma, no existe un mecanismo de sanción, lo que deja en alta vulnerabilidad a las y los radioescuchas y televidentes, y lo mismo sucede con la mayoría de las disposiciones contenidas en el artículo 227 de la propuesta, relativas a la programación destinada al público infantil.
“Si bien coincidimos en que siempre será mejor la autorregulación que la sanción, consideremos que los derechos de las audiencias deben quedar garantizados y no deben dejarse desprotegidos ante incumplimientos de las defensorías de las audiencias, los medios de comunicación y sus respectivos Códigos de Ética”, explicaron.
Es por ello que sostuvieron que los derechos de las audiencias propuestos no recuperan plenamente los principios de la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada en 2013.
Por ejemplo, el artículo 257 de la iniciativa presidencial establece derechos como: recibir contenidos que reflejen el pluralismo; recibir programación que exprese la diversidad; diferenciar noticias de opinión y publicidad y contenido; respeto a los horarios; de réplica, y calidad de audio y video.
Para las y los defensores si bien estas garantías son adecuadas y pertinentes, el articulado no incluye otros derechos definidos en la propia reforma constitucional y otros ordenamientos legales.
A fin de salvaguardar el espíritu constitucional, las y los expertos propusieron incluir otros derechos y pidieron al Congreso que al revisar el dictamen haga las modificaciones necesarias, e incluso tome en cuenta la experiencia de la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina.
Las y los defensores pusieron el acento en la necesidad de atender las problemáticas de comunicación de población en situación de vulnerabilidad como las mujeres, la niñez, inmigrantes, personas con capacidades especiales, personas refugiadas, así como comunidades lingüísticas y culturales.
Entre las propuestas también expusieron el derecho de contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español o lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva, y explicaron que estos servicios deberán estar disponibles en algún segmento de al menos uno de los programas noticiosos.
Asimismo señalaron que en las informaciones periodísticas se debe garantizar el principio de presunción de inocencia y proteger la identidad de las y los menores de edad involucrados en procesos administrativos y judiciales, así como garantizar el acceso a contenidos plurales.
Por otra parte mencionaron que la mitad de los hogares en México ya cuentan con servicios de TV de paga, pero la iniciativa sólo obliga a las estaciones de radio y televisión abiertas a contar con Defensoría de Audiencias, por lo que mencionaron que los sistemas de cable por ley también deberían tener mecanismos de autorregulación y compromisos con sus audiencias.
Sobre los contenidos, enfatizaron que se debe sacar de la propuesta de ley la facultad de que la Secretaría de Gobernación sea el ente regulador, ya que al depender del gobierno federal se corre el riesgo mayor de hacer un uso político de este instrumento y vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información, como ha sucedido en décadas anteriores.
Por último pidieron al Legislativo que garantice que las defensorías tengan autonomía y que en caso de incumplimiento de la ley exista la posibilidad de que intervenga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se espera que las leyes secundarias sean discutidas en un periodo extraordinario en junio próximo.
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