No hay medidas efectivas ni datos sistematizados, dicen en foro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- En 20 años los gobiernos no lograron traducir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) en beneficio de las mujeres del continente, y tampoco cumplieron con el objetivo de modificar los patrones socioculturales que perpetúan la violencia de género.
Lo anterior lo reconocieron los Estados firmantes de la Convención al concluir el Foro Hemisférico Belém do Pará+20 –realizado los días 14 y 15 de mayo en Pachuca, Hidalgo– y adoptar la “Declaración de Pachuca. Fortalecimiento de la prevención de la violencia contra las mujeres”, con la que se crea una plataforma regional de acción en la que la perspectiva de género sea un eje transversal e interinstitucional de los gobiernos.
En tanto, organizaciones civiles del país –entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– criticaron en un comunicado una “clara violencia institucional en la organización del foro”, pues afirmaron que se imposibilitó la participación e interacción de activistas en el planteamiento de sus propuestas durante las mesas de trabajo (en las que se definió el contenido de la “Declaración de Pachuca”).
Ayer, tras dos jornadas de ponencias y largas discusiones en mesas de trabajo, se leyó el documento que busca la interacción entre diversas instancias de gobierno de las naciones firmantes, así como la participación de los medios de comunicación en la promoción de un lenguaje incluyente y no sexista.
La declaración reconoce que la violencia contra las mujeres “constituye una ofensa a la dignidad humana y una violación a los Derechos Humanos, socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades, e impide el progreso hacia la justicia y la paz”.
Enfatiza que el objetivo en el que menos se ha avanzado es en la prevención de la violencia, pues existe un desarrollo aún incipiente en la materia y poco conocimiento sistematizado de cómo prevenirla y cómo medir los impactos, a lo que se suma que la violencia de género todavía es considerada un “asunto privado”.
La declaratoria establece 20 puntos que deberán ser asumidos por los Estados asistentes al foro, y en los que se destaca el compromiso de reafirmar la vigencia y urgencia de las disposiciones de Belém do Pará, así como de la plataforma de acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.
También sobresalen los compromisos de luchar contra la impunidad; promover que las políticas sean de Estado y no de gobierno para garantizar su continuidad con los cambios de administración (tal y como ocurre actualmente), e incluir en las políticas y programas un componente de evaluación para medir el impacto real de las acciones en la vida de las mujeres.
En materia de comunicación, los Estados deberán impulsar la eliminación de la estereotipos de género, imágenes sexistas y discriminatorias, tanto en contenidos como en publicidad, y por otro lado fomentar el lenguaje incluyente. Además de impulsar la autorregulación de los medios a través de mecanismos ciudadanos como las defensorías de audiencias.
Por separado, grupos civiles como la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Todos los Derechos para Todas y Todos, Católicas por el Derecho a Decidir y el OCNF denunciaron que sus propuestas no fueron incluidas en la declaración final del foro.
En el comunicado firmado también por personalidades como la investigadora Josefina Hernández Téllez y Enma Obrador Garrido, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, se exige que se fomenten “los mecanismos de participación de la sociedad civil en la integración de los resultados de los subsecuentes foros”, y el cumplimiento de las leyes y convenciones que prohíben los estereotipos de género e imágenes sexistas y discriminatorias en la publicidad.
A lo anterior agregaron que en el estado de Hidalgo, sede del Foro Hemisférico, “el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho que dista mucho de ser garantizado por las autoridades responsables”.
Documentaron que en 2013 hubo 17 casos de feminicidio y en lo que va de 2014 van 12 casos. Cabe recordar que el año pasado se presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), que fue negada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).
Las activistas y las organizaciones civiles aprovecharon el Foro Hemisférico para exigir al Estado mexicano que más allá de los nuevos compromisos asumidos, asuma la responsabilidad de crear protocolos de investigación del feminicidio, la violencia de género y la desaparición de mujeres y niñas.
Igualmente demandaron la creación de una Subprocuraduría Especializada en Delitos contra las Mujeres y Feminicidio, y que se hagan efectivos los mecanismos de investigación de la AVG.
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