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La contaminación en el río Sonora. Foto: AP / El Imparcial |
MÉXICO,
D.F. (Apro).- “Empecé a tener vómitos, diarrea y ronchas en la piel. Me
empezó a arder. Conforme pasó el tiempo, me dolía el cuerpo. Después
perdí la motricidad, no podía caminar”, recuerda, con semblante adusto
y ojos húmedos, Zoila López, una estilista de 32 años.
Madre de tres hijos y avecindada en Baviácora, Sonora, López ha
vivido literalmente en carne propia los efectos del derrame tóxico de
la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora el 6 de agosto de 2014.
“Los doctores y la Unidad Móvil de Cofepris me dieron varios
diagnósticos, que si era gripa, que si era dengue, que si estaba
deprimida, y no lo relacionaban con el derrame. Pedí análisis de sangre
y orina y no me los hicieron”, recuerda en entrevista con Proceso.
En noviembre, tres meses después del desastre, se levantó poco a
poco y volvió a ingerir alimentos. Su esposo, agricultor y ganadero,
cuidó de los niños.
Para agudizar el agravio, la crecida del río Sonora arrasó con sus
plantíos de sorgo, chile verde y otras variedades. Su inversión acabó
en las aguas.
El testimonio de López se suma a los de cientos de personas
perjudicadas por el vertido de 40 millones de litros de sulfato de
cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, brazo de Grupo México
–la mayor minera del país propiedad de Germán Larrea, el segundo
potentado nacional según la revista estadunidense Forbes.
Irregularidades, falta de supervisión, de sanciones apropiadas y
atención clínica adecuada, así como violaciones a las leyes ambientales
y opacidad rodean el derrame, a un año del peor ecocidio en la historia
del país, según una pesquisa de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
“A un año, la zona está cada vez peor. El gobierno ha sido
negligente y cómplice de Grupo México”, asegura Adolfo López,
agricultor y ganadero de Banamichi, a Proceso.
López, padre de tres hijos, vio cómo él y sus homólogos perdieron
las siembras por la inundación, primero, y luego por la falta de riego
debido a que el gobierno federal ordenó el cierre de pozos por la
contaminación.
Chile, cacahuate, frijol, caña de azúcar y nuez engrosan el listado
de perjuicios de la tragedia. Por ejemplo, cada hectárea de cacahuate
rinde entre 2.5 y 3 toneladas, a un costo de 26 mil pesos por tonelada.
“Sólo resarcieron 10 mil por tonelada, es una pérdida y afecta la
economía familiar. Es una burla, no ayuda en absoluto”, denuncia.
A partir del desbordamiento, se puso en marcha una maquinaria
corporativa para ocultar y minimizar el suceso, con la omisión de las
autoridades federales.
Inicialmente, la minera atribuyó el accidente a las fuertes lluvias
caídas en la zona, extremo desmentido por reportes del Sistema
Meteorológico Nacional. Luego, la compañía reconoció una fuga en un
represo que traslada los materiales a otro, llamado Tinajas 1, donde
desaguan los desechos líquidos, y que dio pie al vertido tóxico.
Mediante más de 100 solicitudes de información pública sobre el
derrame y sus secuelas y con el apoyo del Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en
inglés), la organización, que aglutina a unas 300 personas de Arizpe,
Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures,
descubrió que las sustancias que enfilan hacia Tinajas 1 debían de ser
conducidas a través un sistema hidráulico a otra área de la mina.
Pero en el momento en que llegó el flujo excesivo, ese sistema se
encontraba en reparación y, además, carecía de válvulas para controlar
su salida.
Así, la mezcla inició su ruta nociva, al caer en el arroyo “Tinajas”
que desemboca en el río Bacanuchi y se conecta con el Sonora.
El acta de inspección 08082014-SII-I-062, orden de inspección número
PFPA/32.2/2C27.1/113-14-, da cuenta que la minera, a pesar de haber
detectado un filtrado el 6 de agosto a las diez de la mañana, lo
notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
25 horas después mediante una llamada telefónica. Además, Buenavista
del Cobre presentó el formato de aviso inmediato hasta el 8 de agosto,
dos días después del desastre.
Lo mismo sucedió con el formato de aviso de derrames, enviado hasta
el 12 de agosto cuando, por ley, debía hacerlo el 11 como máximo.
Por todo ello, la empresa incumplió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La alianza Méxicoleaks, de la que Proceso es parte,
participa en la difusión de esta investigación de los Comités de Cuenca
del Río Sonora y PODER, dedicada a fomentar la transparencia y
rendición de cuentas de las empresas en América Latina con un enfoque
de derechos humanos.
Buenavista del Cobre es la cuarta mina de ese componente más grande del mundo en términos de producción.
En total, el derrame golpeó a unas 23 mil personas en la zona del río Sonora.
El grupo invertirá 3 mil 400 millones de dólares en Buenavista del
Cobre, puesto que como parte de sus planes de negocio se ha propuesto
convertir a la mina en la tercera más grande del mundo y aumentar 180%
su capacidad de producción de cobre o 505 mil toneladas por año.
A través de su filial, GM posee casi 40% del territorio concesionado
en Cananea, poco más de 104 mil hectáreas con 42 concesiones.
Deslinde
Buenavista del Cobre ha señalado como única responsable de la
construcción en la zona de los represos a la empresa TECOVIFESA, pero
la responsabilidad por el derrame recae en ambas. La primera, por no
supervisar el correcto funcionamiento, y la segunda, por los defectos
en la construcción, en virtud de la responsabilidad solidaria
estipulada por el artículo 24 de Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.
La minera maneja residuos peligrosos sin las autorizaciones de la
Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). En 2011 la minera envió a la
citada dependencia su Plan de Manejo de Residuos y un año después la
secretaría le solicitó más información para poder avalarlo.
Buenavista del Cobre solicitó una prórroga y durante tres años la
Semarnat no ha exigido esa información. Hasta abril pasado, el trámite
continuaba pendiente.
Hasta el día del derrame, la compañía trabajó con lixiviados en
instalaciones que estaban en construcción y que no contaban con
sistemas de detección y control de derrames.
Además, Profepa señaló que el terreno de los represos -en los que
desde mayo y junio de 2014 se captan y procesan las sustancias- tiene
un avance de 50% en la edificación, según el acta de inspección
PFPA/3.2/2C.27.500040-2014-AI-SON.
En el momento del vertido Semarnat revisaba el cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados, según constató Proceso.
Una de las autorizaciones concedidas prácticamente sin atenuantes se
refiere al proyecto de la presa de jales para la mina, autorizada el 29
de julio de 2013 y vigente hasta esa misma fecha de 2071.
Además, el 24 de agosto de 2012 le autorizó el desarrollo del terrero Tinajas, con una vigencia de 35 años.
En el primer caso, el documento 26SO2013MD082 titulado “Proyecto
nueva presa de jales para Buenavista del Cobre, municipio de Cananea,
SON” describe que esa obra consiste en la preparación, construcción,
operación y cierre de una presa de jales y que permitirá su disposición
final.
“Lo que han hecho es una injusticia. No hay dinero que restituya la
confianza. La solución no es el resarcimiento económico, sino el
saneamiento ambiental. Queremos que se nos haga justicia”, sostiene
Ramón Miranda, vendedor de ropa y calzado en Aconchi, de 56 años de
edad y padre de tres hijos.
Para Miranda, el comercio formal e informal –vital junto a la
agricultura y la ganadería en la zona y que sostiene a unas 6 mil
familias– está devastado.
Grupo México y el gobierno acordaron la creación de un fideicomiso
por 2 mil millones de pesos para atender los perjuicios provocados a la
población. De esta manera la minera evitó enfrentar un juicio por
responsabilidad ambiental.
Pero los afectados critican que ese fondo ha sido copado por un
pequeño grupo que lo ha utilizado con fines políticos. “Por más que
hayan respaldado, no se nota en los bolsillos” de la gente, enfatiza
Miranda.
Los Comités acusan a la Secretaría de Agricultura de incumplir el
Programa de Reactivación Agropecuaria prometido a los productores
agropecuarios de los siete municipios afectados, plasmado en un boletín
publicado el 14 de septiembre de 2014.
“Con picos y palas”
La organización critica que Buenavista del Cobre adolezca de un Plan
de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado.
Luego del derrame, la minera dividió el territorio contaminado en cinco
zonas, con un plan para cada una. Pero hasta julio último sólo había
entregado a Semarnat el plan correspondiente a la zona uno que abarca
30 kilómetros contiguos a la mina y que ya está aprobado. Quedan más de
200 kilómetros sin programas de manejo para abarcar a las siete
comunidades afectadas, sin que Semarnat ni la minera hayan actuado al
respecto.
Los Comités consideran que el plan completo debió entregarse y
aprobarse posteriormente al ecocidio. El saneamiento “es una burla al
público. La han hecho con picos y palas. Hoy no hay trabajo de
remediación”, cuestiona Adolfo López.
Greenpeace estima que el saneamiento puede tomar entre 15 y 20 años,
pues las sustancias tóxicas permanecen en el fondo y los costados de
los ríos y luego pueden ser removidas por las lluvias o se absorben en
los organismos vivos.
El riesgo es que esos componentes pasen a largo plazo a la cadena alimenticia de las personas y algunos animales.
La exposición prolongada a componentes como el cobre, arsénico,
cadmio y plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el
hígado, entre otros perjuicios, precisamente lo que Zoila López y su
familia han padecido.
“Nos dijeron que tenemos niveles cercanos al límite máximo de
metales pesados. Mi esposo y mi hijo mayor tienen cobre elevado. Mi
esposo tiene el hígado inflamado”, enumera López.
En abril pasado, personal de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se presentó en su casa para
revisarla y atenderla. Pero López no recibe ningún tratamiento
especial. “Sólo me dan vitaminas y calcio. Tengo que someterme a un
examen especial que sólo hacen en Hermosillo y no hay dinero para
pagarlo”, lamenta.
Con los amparos interpuestos, los Comités buscan garantizar su
participación en los planes de remediación, obligar a las mineras a
respetar el ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el gobierno
federal reparen el daño de forma integral.
“Queremos que el gobierno cumpla sus promesas, que remedien la zona,
que instalen filtros adecuados en los pozos, que ofrezcan atención
médica gratuita y que se forme un comité ciudadano para supervisar y
auditar el resarcimiento”, demanda Miranda.
A causa del derrame se han presentado seis demandas de acción colectiva que siguen su marcha en los tribunales federales.
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