Documento final de la comisión especial que investigó el caso Monex
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
La
comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la
triangulación de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto entregó ayer a la mesa directiva su informe final, en el cual
alerta que si no se aplican las disposiciones para limitar los gastos
de los candidatos, ‘‘en las siguientes elecciones continuará la compra
de presidencias municipales, diputaciones, senadurías y, por supuesto,
de la Presidencia de la República’’.
En el documento de 95 cuartillas, que será presentado públicamente
hoy, la comisión confirma que ‘‘sí hubo ejercicio de recursos de
procedencia dudosa’’ y cuestiona que ni el desaparecido Instituto
Federal Electoral (IFE) ni la Procuraduría General de la República
(PGR) investigaron el caso hasta sus últimas consecuencias.
La comisión, que se integró el 27 de noviembre de 2012 para
investigar el expediente conocido como Monex, recordó que su objetivo
fue indagar la forma en que, a través de distintas empresas, algunas de
ellas fantasmas, se dispersaron recursos para la estructura electoral
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, y que sus
principales planteamientos fueron:
Las tarjetas
‘‘¿Quiénes y por qué aportaron dinero a la campaña de la
coalición Compromiso por México? ¿De dónde salió el dinero para
capitalizar las tarjetas? ¿Cuánto dinero fue utilizado realmente en la
campaña de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo se realizó la triangulación de
recursos?’’
En su informe, la comisión que presidió el diputado Roberto López
Suárez (PRD) recordó que esa instancia legislativa estuvo sujeta a las
presiones del PRI y sus aliados del PAN, PVEM y Panal, que ‘‘se
opusieron a cualquier intención de preguntar directamente a los
involucrados; en otras palabras, no existió voluntad de investigar’’.
También refirió que el 16 de abril de 2013, el PRI pretendió
sustituir a López Suárez por José Rangel Espinosa, del mismo partido tricolor,
acción que buscaba disolver al grupo de trabajo, y una de las razones
para ello fue ‘‘que el Presidente de la República, cuya campaña se
presume obtuvo gran parte de su financiamiento a través de los recursos
transferidos en Monex, pertenece al Revolucionario Institucional’’.
El
documento confirma que durante la campaña presidencial el PRI llevó a
cabo distintos contratos con Monex, pero también con Bancomer y
Santander, para distribuir a través de 9 mil 924 plásticos un total de
70.8 millones de pesos.
La comisión explicó que ‘‘con beneplácito de la autoridad electoral,
que le permitió reducir en más de 20 millones el financiamiento
descubierto’’, el tricolor trató de ocultar algunas
evidencias para realizar ‘‘un control de daños al quedar al descubierto
el financiamiento oculto e ilícito’’.
Las cifras del gasto para la estructura electoral del PRI no son
consistentes con lo que reportó ese partido y el análisis que realizó
la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral.
De los montos depositados a enlaces estatales, coordinadores
territoriales, enlaces distritales, representantes generales y
representantes de casilla, la suma es de 66 millones de pesos. ‘‘Ello
se debe a que la autoridad fiscalizadora tomó la información tal cual
se la presentó el PRI con la finalidad de probar el destino lícito de
los recursos’’.
El reporte indica que durante la campaña presidencial, el Partido de
la Revolución Democrática interpuso una serie de quejas por el presunto
rebase de tope de gastos de campaña, y sostuvo que de la investigación
que realizaron los diputados ‘‘se desprende que no sólo se utilizaron
recursos financieros de procedencia dudosa para las tarjetas Monex,
sino que este tipo de operaciones también se usaron para cubrir otros
gastos de la campaña’’, entre ellos espectaculares, anuncios en
Internet, periódicos y cines, así como páginas web, transporte aéreo y
publicidad en diversas editoriales.
Según la comisión, los gastos no reportados de la campaña
presidencial de Peña Nieto, incluyendo las tarjetas Monex, ‘‘ascienden
a 4 mil 599 millones de pesos, cuando el tope era de 336 millones’’.
La comisión legislativa consideró que aun cuando el caso ya no será
investigado por el Poder Legislativo, el tema seguirá vigente porque
entre el 9 y 11 de enero de 2014 la PGR reabrió el expediente por
delincuencia organizada y lavado de dinero contra empresas
presuntamente responsables de financiar los monederos electrónicos
Monex.
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