Muestra de que denuncias de secuestro son sólo mediáticas
Seis personas que acusan de secuestro a Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, en el estado de Guerrero, no se presentaron hoy a la audiencia que se celebraría en el Juzgado 67 Penal, en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en esta capital.
Esta mañana estaba previsto el primer careo entre Nestora Salgado y seis testigos que la denunciaron por secuestro, delito por el que la activista lleva presa cerca de dos años sin pruebas contundentes.
Sin embargo, los testigos del supuesto plagio no se presentaron, lo que a decir del abogado Sandino Rivero es un “retraso” para el proceso penal, y muestra que las denuncias mediáticas aún no se sustentan en el terreno judicial.
En declaraciones a esta agencia, Rivero precisó que las acusaciones contra Nestora se presentaron en agosto de 2013 en Guerrero, pero como la ex comandanta está presa en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan, al sur de esta ciudad, la causa penal se debe ventilar en un juzgado del DF.
La audiencia –que se tuvo que cancelar y se programó para el próximo 31 de agosto– se debe a una acusación de secuestro que está radicada en el Juzgado Primero de Tlapa, Guerrero. Al respecto, Rivero señaló que aún no tienen conocimiento de si los supuestos ofendidos fueron notificados de este careo.
En este primer encuentro se debieron presentar los padres de dos jóvenes que aseguraron que fueron secuestradas en la Casa de Justicia de El Paraíso, Guerrero, así como otros testigos, mientras que las supuestas víctimas tendrán que comparecer la próxima semana también ante el Juzgado 67 Penal.
Por otra parte, el abogado explicó que hay otra acusación contra Nestora por el supuesto plagio de 43 personas, que está radicada ante el Juzgado Segundo Penal en Tlapa, y por tanto el careo con estas presuntas víctimas también se prevé para la próxima semana, aunque se corre el riesgo de que tampoco se presenten, apuntó.
“Tienen que sostener su dicho, no sólo mediáticamente como lo han venido haciendo. Tendrían que venir a ampliar la declaración y carearse para sostener esas acusaciones”, reiteró Rivero.
Abundó que desde el día de la detención de Nestora, el 21 de agosto de 2013, las supuestas víctimas nunca han declarado ante un juez y por tanto la activista nunca los ha visto directamente, ni ha tenido la oportunidad de defenderse.
Un careo entre ambas sería importante, acotó el defensor, porque se podrían aclarar las contradicciones entre testigos y supuestas víctimas, y porque la defensa de Nestora y el Ministerio Público podrían hacer preguntas para dilucidar los hechos que derivaron en la acusación.
Al juzgado acudió la ex comandanta –quien de inmediato fue regresada a Tepepan–, simpatizantes, su familia y miembros de la PC, quienes informaron que el próximo 21 de agosto, a dos años de la detención, organizarán manifestaciones en Chilpancingo, capital de Guerrero, para exigir la libertad de la activista.
DOS AÑOS DE IMPUNIDAD
En torno al próximo aniversario del encarcelamiento, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos difundió una carta abierta dirigida a autoridades federales y locales para exigir la inmediata liberación de Nestora, pues aseguró que se trata de un caso de criminalización contra las y los defensores de Derechos Humanos.
La Red recordó que la mujer también acusada de delincuencia organizada, pero en marzo de 2014 fue exonerada por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, que revocó el auto de formal prisión y ordenó su libertad, aún así continuó en prisión por las acusaciones vigentes de secuestro.
Además recordó que desde enero pasado, el gobernador Rogelio Ortega Martínez consideró a la activista como una “presa política” y solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria, lo cual no ha ocurrido.
Las defensoras exigieron igualmente la reparación integral del daño para Nestora y su familia, y que haya un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno de Guerrero por la detención arbitraria.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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