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Uno de los mensajes contra Duarte en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
MÉXICO,
D.F. (apro).- La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler
en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen,
autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras
en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC
de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por
mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.
Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del
entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado.
Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero
Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.
La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen
no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron
la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros
sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en
el caso. El gobierno foxista no se involucró.
La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un
accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el
caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes
policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José
Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.
Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión
Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador,
Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la
colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de
los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al
peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina.
Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del
brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos
desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres
más.
Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los
atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de
Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y,
sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres
priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía
estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico
como la principal línea de investigación.
Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a
comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de
derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones
estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera
(fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a
los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.
Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control
y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y
las arbitrariedades cometidas.
No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado
local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no
solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la
policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López
Esquer.
“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario
de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario
(Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y
de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que
nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”,
declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.
La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro
fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de
Javier Duarte.
El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su
denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó
precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la
habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la
dependencia.
El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles
responsables. El problema fundamental es que los encargados de
investigar en esa entidad son jueces y parte del problema.
Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de
2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña
soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados,
vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como
“revoltosos”.
Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora
de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad
en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son
comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.
En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl
Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso
Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel
López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.
En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez,
asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron
asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y
Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de
Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a
cinco trabajadores en forma violenta.
En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no
fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen
organizado.
Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar
el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución
a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo
móvil no aparece por ninguna parte.
El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.
La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en
el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las
autoridades de Veracruz.
A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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