Ventilar órdenes de arresto afecta investigación de caso ABC

   Madres y padres de las víctimas dicen confiar en la PGR

Julia Isabel Escalante en rueda de prensa en la delegación de la PGR en el estado de Sonora 

Madres y padres de familia afectados por el fallecimiento de 49 niñas y niños de la Guardería ABC, desmintieron al abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien declaró a la prensa que la Procuraduría General de la República (PGR) había librado 22 órdenes de aprehensión contra maestras de la estancia infantil, por el delito de negligencia en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.

Julia Isabel Escalante informó que todas y todos son padres afectados y que no los representa ese litigante, por lo que desean conocer la verdad.

Relató que en mayo pasado se reunieron con la procuradora Arely Gómez en la Ciudad de México, y que advirtieron una apertura de parte de la funcionaria, pues –consideró Escalante– se están haciendo diligencias que hace años se habían solicitado y no se habían concretado.

Como padres seguirán buscando la verdad, estén o no estén representados por algún abogado, aclaró la madre de una de las víctimas del siniestro.

Filigonio Martínez, otro de los padres afectados, leyó un comunicado en el que expresó el respaldo de las familias a las pesquisas que realiza la PGR en torno al caso.

Las madres y padres agregaron que quieren saber la verdad para que se haga justicia y que las autoridades hagan su trabajo de manera imparcial. Solicitaron a la procuradora Arely Gómez que tome en cuenta la responsabilidad de los altos funcionarios y particulares involucrados en el proceso.

En rueda de prensa en la delegación de la PGR en el estado de Sonora, las familias reprobaron el actuar del abogado Gabriel Alvarado respecto a sus dichos sobre la existencia de órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse, circunstancia que de ser cierta debería existir mesura en el manejo de esa información para lo cual tomarán las medidas legales conducentes, adelantaron.

Cuestionaron que no entienden cómo un litigante dé esa información a los medios, ya que afecta directamente al proceso. Informaron que fue Alvarado, representante legal de algunas familias, quien interpuso el amparo que apresuró a que la PGR tomara acciones en contra tanto de las maestras, como de altos funcionarios, pero no confirmaron la veracidad de las órdenes de aprehensión.

Julio César Márquez enfatizó que las declaraciones de Gabriel Alvarado pueden afectar el proceso. De igual forma negó que el abogado represente al total de las familias como lo ha estado informando. “Somos un grupo de padres que tenemos voz y el derecho a ser escuchados”, resaltó.

Márquez insistió en que no tienen una notificación formal sobre las presuntas órdenes de aprehensión, y que saben que hay una respuesta de la PGR, pero desconocen el sentido de la misma, y si lo supieran no lo dirían, pues consideran “irresponsable” que se haya ventilado información al respecto.

Filigonio Martínez agregó que es “ilógico” poner sobre aviso a personas con orden de aprehensión. Eso es entorpecer el proceso, reiteró.

Por su parte, Abraham Fraijo externó que en caso de que las maestras sí tengan alguna responsabilidad, no son las únicas, pues existen altos funcionarios y algunos particulares, y que en su momento si PGR no responde a su favor seguirán exigiendo.

Resulta peligroso que en una situación delicada se ponga sobre aviso a quienes podrían ser objeto de orden de aprehensión, que casualmente son también clientes de Alvarado, pues es el representante legal de algunas de las maestras señaladas como responsables, apuntó Fraijo.

CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

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