Por: Cecilia Balderas /
12 agosto, 2015
(12 de agosto,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En su informe final de actividades,
con el que además termina formalmente el trabajo de la Comisión de
Investigación sobre el Caso Monex, legisladores del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), concluyeron que en la campaña presidencial de 2012, Peña
Nieto -abanderado de la coalición “Compromiso por México”, integrada
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)- gastó 13 veces más del tope permitido por
la ley electoral.
La comisión argumenta que el total de
gasto erogado por Peña para conseguir la presidencia y que no fue
reportado al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), asciende a 4
mil 599 millones 947 mil 834 pesos. Estos recursos no fueron fondeados
únicamente a través de las tarjetas Monex, sino con otros 26 tipos de
plásticos, en una “triangulación con más de 35 empresas fantasma que
inyectaron recursos, mismos que se desconocen de donde provenían”.
Cabe señalar que el tope de gatos para
la campaña presidencial, establecido por el IFE era de 336 millones 112
mil 84 pesos con 16 centavos; por lo que el PRI y Peña Nieto rebasaron
esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 749 pesos con 84 centavos.
Los diputados Roberto López Suárez y
Julisa Mejía Guardado, del PRD; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de
Guevara, de Morena, señalaron que, a pesar del esfuerzo por realizar
una investigación seria y profunda sobre Monex, las operaciones
financieras, el dinero involucrado y su relación con el financiamiento
de la campaña de Peña, se presentaron varios factores que han impedido
avances importantes, entre ellos: el acotamiento en la capacidad de
investigación, el nulo acceso a documentos e información sobre la
triangulación de recursos financieros y la posible participación de
empresarios que no pueden ser llamados ni a una mesa de trabajo por la
Cámara de Diputados.
Aunado a esto, los legisladores señalan
que “las comisiones de investigación se encuentran a merced de la
voluntad política de la mayoría que la integra, es decir el PRI. Con la
inasistencia de estos legisladores, la comisión que investiga el caso
Monex simplemente no sesiona, evitando un avance sustancial en las
diligencias”.
El diablo está en los detalles
La aprobación en el Pleno de la Cámara
de Diputados para la creación de la comisión, se dio -luego de varios
intentos del PRI y del Verde por desecharla- el 27 de noviembre de 2012.
La comisión se propuso “investigar las
presuntas operaciones ilícitas que realizaron diversas empresas
fantasmas, a través del grupo financiero Monex, con el objetivo de
financiar la campaña presidencial de Peña Nieto”.
Para lograr su cometido, la comisión
buscó entablar diálogo con el titular de la Comisión Nacional para la
Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Conducef), el
exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mario Alberto Di
Costanzo.
El 23 de enero de 2013 se realizó una
mesa de trabajo con el funcionario, quien según el informe presentado,
“se dedicó a exponer razones, por la cuales no podía intervenir en el
caso Monex”; sin embargo, antes de ser nombrado titular de la
dependencia, Di Costanzo –quien durante la LXI Legislatura se
caracterizó por ser uno de los legisladores más críticos a la
administración de Felipe Calderón- afirmó que “la operación de Monex,
como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de
dinero”.
Un día después, se efectuó una reunión
con Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización
quien afirmó a los diputados que, en caso de encontrar algún tipo de
irregularidad, se giran los oficios a las dependencias
correspondientes, sin haber profundizado en mayores detalles, a pesar
de que él sí cuenta con las atribuciones legales y jurídicas.
“Cabe destacar que durante esta mesa,
Cristalinas Kaulitz dijo al presidente de la comisión investigadora
que, hasta ese momento, todas las diligencias que constaban en el
expediente no habían sido corroboradas, pues él no actuaba como
Ministerio Público”, detalla el informe.
Tras las reuniones, se volvió a dar una
intentona del PRI de dar por concluidos los temas, argumentando que la
comisión de investigación carecía de materia de trabajo, dado que la
Conducef estaba impedida legalmente para investigar a Monex y sus
operaciones financieras y la Unidad de Fiscalización, “se encontraba
realizando las diligencias correspondientes y por lo tanto no podía
revelar ningún tipo de información”.
Sin embargo el asunto no quedó ahí; a
los legisladores de oposición se acercaron exempleados de Monex
–quienes pidieron mantener anónima su identidad por razones de
seguridad- que dieron testimonio del funcionamiento de la empresa.
“Era mayo cuando supe de la situación.
En la conciliación de abril, no se había podido justificar un depósito
grande de millones, no se tenía identificado a qué cliente
correspondía. Al empezar a hacer el análisis fue como nos enteramos,
por órdenes de los jefes del área, que era del PRI; que no lo
tocáramos. Fue así como el rumor empezó a correr en el área. Al
consultar con el ejecutivo de la cuenta confirmó la información y
además dijo que no iba ser el único, que harían más depósitos. En
nuestra área se autorizaban las dispersiones (cargas de saldos), las
cuales, en específico de las empresas citadas, eran poco comunes para
una razón social privada; subían los archivos con cargas de saldos
altos y así mismo, también sus depósitos (pagos) fueron cayendo poco a
poco. Por la ocupación que desempeñaba en la empresa, tuve acceso a los
documentos como facturas y archivos con los depósitos. Por haberme
enterado de esas cosas fui despedido”, consigna el informe sobre uno de
los testimonios.
Durante la investigación, los
legisladores se percataron que, de manera constante, surgían nombres de
empresas que habrían sido las responsables de proporcionar o recibir el
dinero que se transfirió a través del grupo financiero Monex: Atama,
Inizzio, Koleos y Tiguan.
Ante este hecho, legisladores del PRD,
PT y Movimiento Ciudadano (MC), plantearon la posibilidad de invitar a
una mesa de diálogo a los principales accionistas de Atama e Inizzio:
Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy, así como a su
representante legal, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
En representación Koleos y Tiguan, se
invitó a Juan Antonio Hodrogo Guerra y a Luz María Viveros Balero
-únicos accionistas- además de Demetrio Jordenn Sabat, quien funge como
comisario en ambas empresas. Las empresas nunca dieron una respuesta,
además de que el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza (NA) se opusieron a
cualquier intensión de preguntar directamente a los involucrados, lo
que los diputados de oposición señalan como una prueba de que “no
existió voluntad de investigar”.
Control de daños
El pasado 27 de junio de 2012, el
todavía IFE, reconoció que las tarjetas interceptadas a miembros de la
estructura electoral del PRI, formaban “parte de una serie de 9 mil 924
tarjetas que una persona moral, de carácter mercantil, contrató con
Monex” y que “el monto total fondeado a las 9 mil 924 tarjetas,
asciende a 70 millones 815 mil 534 pesos.”
El informe final de la comisión señala
que “la Unidad de Fiscalización obtuvo: ‘información cierta de que el
PRI adquirió 9 mil 224 tarjetas de prepago ´Monex recompensa´; sin
embargo, los supuestos ‘servicios financieros’ dan cuenta de 7 mil 224
tarjetas, primer incongruencia que revela la construcción de pruebas y
maniobra de apariencia de licitud”.
Los legisladores del PRD y Morena
sostiene que “al quedar al descubrimiento dicho financiamiento oculto e
ilícito, el PRI se abocó a realizar un control de daños con el
beneplácito de la autoridad electoral, que le permitió reducir en más
de 20 millones, el financiamiento descubierto”, quedando este en 50
millones 508 mil 891 pesos.
De acuerdo a la investigación, el
“control de daños” se hizo de la siguiente forma: ocultando el total de
las facturas expedidas por Monex a la empresa Inizzio, a pesar de que
el PRD aportó 19 facturas por 68 millones 317 mil 54 pesos; suprimiendo
1 mil 373 tarjetas a las que argumentan que no se transfirieron
recursos, quedando en 7 mil 851 las sí utilizadas.
Según estos datos, el PRI “reconoce 66
millones 326 mil pesos en 7 mil 224 tarjetas que no puede recuperar;
para lo cual construye pruebas con un entramado de intermediarios con
contratos de prestación de servicios, de mutuo y comisión mercantil
para aparentar un crédito y relación indirecta entre el PRI y la
empresa Inizzio que contrató con Monex”, detalla el informe.
Después, el tricolor logró que se
redujera el monto de lo destinado en las 7 mil 224 tarjetas, quedando
en 57 millones 318 mil 609 pesos.
“Finalmente el IFE sólo toma las
operaciones al último día de campañas, por un importe de 50 millones
508 mil 609 pesos que se dispuso cuantificar a los gastos de campaña”,
dice el texto presentado por los diputados.
El tema Monex sigue vigente:
En enero del año pasado, la
Procuraduría General de la República (PGR) reabrió el expediente de
investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de
dinero contra las empresas que serían las probables responsables de
financiar los monederos electrónicos de Monex, con que el PRI operó la
campaña de Peña Nieto.
En tanto, la Unidad de Fiscalización ha
girado 639 oficios a diversas dependencias y autoridades para
solicitarles información relacionada con el caso.
En tanto, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
detectó “una red criminal de lavado y simulación de contratos, que
habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas”,
denunciaron los legisladores.
El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) incluyó en la lista de empresas que expiden facturas
fraudulentas, a 16 vinculadas a una red delictiva que inyectó fondos a
los monederos electrónicos del PRI en 2012.
El informe final sostiene que de las
163 empresas listadas en el oficio 500-05-2014-1175 del SAT, el 10 %
está relacionada con la trama financiera ilegal que, de acuerdo a una
indagatoria de la PGR, presumiblemente encabeza Eduardo Felipe Moisés
Salomón, investigado desde el sexenio pasado.
“En el documento divulgado por el
administrador central de Fiscalización Estratégica, Carlos Enrique
Borja Duarte, aparece EDICOM Edificaciones, Ingeniería, Construcciones
y Materiales. Con base en información oficial, a través de depósitos de
la red de empresas vinculadas a EICM, Raúl Álvarez Longoria y Ricardo
Mauro Calzada Cisneros inyectaron 23.2 millones de pesos a los
monederos electrónicos Monex de la campaña de Peña Nieto”, se puede
leer en el informe.
“Una de las involucradas con la red de
lavado y venta de facturas relacionadas con el financiamiento a
partidos políticos litiga para descongelar sus cuentas bancarias y que
le devuelvan dinero asegurado por la PGR. Natalia Nava Guzmán, una
mujer de 33 años que movilizó en cuatro años más de 431 millones de
pesos en sus cuentas bancarias para las empresas vinculadas con Edicom,
demandó la protección de la justicia al Juzgado Décimo Cuarto de
Distrito en materia de amparo penal del DF. En su demanda de garantías
1040/2013, la joven pidió dejar sin efecto un acuerdo que emitió la
PGR, en el que reiteró el aseguramiento de sus cuentas bancarias en el
marco de las indagatorias UEIORPIFAM/AP/167/2012 y
UEIDEFF/FISM16/265/2012”, detalla.
La primera averiguación previa en
contra de Nava Guzmán, a cargo de la SEIDO, fue iniciada por lavado de
dinero; la segunda corre a cargo de la Subprocuraduría Especializada en
Delitos Federales, que investiga una defraudación fiscal. Las cuentas
aseguradas a Natalia Nava Guzmán son la 177302169 en BBVA Bancomer y la
60538501295 en Santander. En esas cuentas recibió depósitos de empresas
vinculadas a la red de Edicom que inyecto recursos a los monederos del
PRI.
Comisiones maniatadas
En el documento presentado, los
legisladores del PRD y Morena, sostienen que “la situación jurídica en
la que se encuentran inmersas las comisiones de investigación las han
relegado a espacios enunciativos, sin consecuencias políticas y mucho
menos penales. Por la naturaleza de estas comisiones, requieren de
facultades especiales o extraordinarias que les permitan realizar de
manera integral su trabajo”.
Para cambiar esta situación, los
diputados federales que están por dejar su cargo, proponen que el
alcance de las comisiones sea más amplio; establecer una relación clara
y precisa con el poder judicial, para que este actué en caso de que la
comisión de investigación encuentre elementos de un delito cometido por
servidores públicos, representantes populares e incluso actores
privados como las empresas o bancos.
También proponen que se faculte a las
comisiones para solicitar información a cualquier institución pública y
que se obligue a las mismas a responder, además de contar con capacidad
para llamar a comparecer a cualquier funcionario público o persona que
pueda estar involucrada en el caso que se investiga.
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