Ignora hipótesis sobre libertad de expresión y defensa de DH
Karla
Micheel Salas Ramírez, abogada de la ANAD y coadyuvante en el caso de
feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez en conferencia de prensa
La
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lleva a
cabo una investigación “mediática” para llegar a una verdad paralela y
no a la verdad jurídica, en torno al asesinato de cinco personas en la
colonia Narvarte, en esta capital, el pasado 31 de julio, criticó la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En rueda de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), en
esta ciudad, los abogados de la ANAD y coadyuvantes en el caso de
feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez –una de las cinco
víctimas–, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez,
aseguraron que tras revisar seis tomos de la investigación por los
asesinatos en la colonia Narvarte –donde también fue ultimado el
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril– encontraron varias
inconsistencias.
Precisaron que si bien coadyuvan en el caso de Nadia, estas
irregularidades también impactan en el acceso a la verdad y a la
justicia de todas las víctimas, y es que en el crimen también fueron
asesinadas Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Olivia
Alejandra Negrete Avilés.
“De los seis tomos a los cuales tuvimos acceso (de la averiguación
previa FBJ/BJ-1/T2/04379/1507), hay varios elementos que nos han
preocupado; primero que la Procuraduría ha filtrado información a los
medios de comunicación, y esta información no es del todo precisa o no
tiene soporte en el propio expediente. Cómo lo interpretamos o qué nos
dice: que la Procuraduría está construyendo esta historia paralela”,
abundó Salas Ramírez.
La abogada precisó que aunque la PGJDF insista en afirmar que el móvil
de la masacre fue un robo, de acuerdo con el expediente no hay
información que sustente esta hipótesis, toda vez que no se sabe cuáles
eran los objetos a robar y debido a que en el lugar de los hechos
quedaron pertenencias de valor como teléfonos celulares y computadoras,
e incluso el auto sustraído fue abandonado.
También afirmó que a pesar de que el procurador Rodolfo Ríos Garza y el
jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguran
públicamente que todas las líneas de investigación están abiertas y no
se descarta ninguna, en el expediente no existe ningún móvil.
Salas Ramírez dijo que a decir de las agrupaciones civiles, el caso
tiene un “móvil político”, es decir la probable participación de
agentes del estado de Veracruz, entidad donde radicaron la activista
Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, pero
tampoco esta hipótesis está en el panorama de las autoridades.
Es por ello que el pasado 4 de agosto la ANAD solicitó a las
autoridades que recabaran testimonios de familiares, activistas y
periodistas que pudieran aportar información sobre las amenazas y la
persecución de la que fueran víctimas Nadia y Rubén, pero lo
“preocupante” –acotó la abogada– es que quienes acuden a declarar
pueden estar en riesgo.
Asimismo, mencionó que hay elementos que no quedan claros, por ejemplo
cómo es que un malabarista, un pulidor de carros y un acomodador de
carros –perfil de los supuestos responsables–tuvieron acceso a un arma
nueve milímetros con silenciador de uso exclusivo del Ejército, para
asesinar y torturar a las cinco personas.
Los abogados criticaron que el Jefe de Gobierno anunciara que hoy
personal de la PGJDF iría a Veracruz a entrevistar al gobernador Javier
Duarte, porque además –advirtieron– de que fue un mero anuncio y no una
diligencia ministerial, pareciera que con ello se quiere dar por
cerrada la línea de investigación por motivos políticos.
Y es que de antemano saben que Duarte va a decir que no tuvo nada que
ver, por ello David Peña mencionó que antes de ir a entrevistar al
gobernador, la Procuraduría debería construir una línea de
investigación que dijera que en el crimen hubo autores materiales e
intelectuales para después relacionarlo con agentes estatales y con el
mandatario estatal.
Los abogados señalaron que primero se debió recabar información de
testigos y de otros miembros del gabinete en Veracruz, como el actual
secretario de Seguridad Pública y el ex secretario de la misma
dependencia, porque Nadia y Rubén ya habían denunciado persecución y
amenazas por parte de la policía estatal.
“Nos preocupa que pretendan dar por cerrada la línea de investigación por móvil político”, alertaron.
Agregaron que hasta ahora hay información confusa sobre la hora de la
muerte de las cinco víctimas, además de la filtración de datos que las
estigmatizan, por lo que los litigantes advirtieron que no se puede
permitir que se cierre el caso con una “verdad paralela que no responde
al acceso a la justicia”.
En la conferencia participaron además Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano;
Ana Yeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio;
Sergio Méndez Silva, del colectivo Justicia Pro Persona, y activistas
de Veracruz que se sumaron a la exigencia de una investigación
imparcial que priorice la línea de libertad de expresión y la defensa
de los Derechos Humanos en el caso de dos de las cinco víctimas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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