8/10/2015

Rotundo fracaso, política de atención a pueblos originarios impulsada por el gobierno federal: diputada indígena


    
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(10 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal y todavía presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, calificó la actual política de apoyo para los pueblos indígenas, impulsada por la administración federal, como un rotundo fracaso.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la legisladora indígena, originaria de la comunidad de Santa María Quiegolani, en Oaxaca, sostuvo que la mayoría de los recursos que son destinados para los pueblos indígenas no son asignados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sino por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por la experredista Rosario Robles, quien durante el proceso electoral fue señalada por hacer mal uso de los recursos y utilizarlos para promover a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cruz Mendoza informó que uno de los rubros que más se ha visto afectado por la falta de inversión, es el campo, pues en su entidad, “se está padeciendo el tema de la roña del café, se padece la falta de lluvia, los programas sociales no llegan a los campesinos porque les piden una serie de requisitos que difícilmente pueden cubrir las personas que no saben leer o escribir, por lo tanto, no podemos hablar de competencia, ni de que se aterrizaron los recursos. Si llegan, los coyotes les quitan una parte, o los propios delegados de la Sedesol los condicionan”.
La diputada indígena sostuvo que la titular de Desarrollo Social debe asumir su responsabilidad con las comunidades indígenas, y no únicamente llegar a ellas y posar para las fotografías, pues de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el incremento de la población en situación de pobreza –de 53 a 55 millones de mexicanos- “recae en las comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero”.
Eufrosina Cruz argumentó que la realidad de las comunidades indígenas de todo el país, dista mucho del discurso del gobierno federal que sostiene que la atención a los pueblos originarios es una prioridad: “las veces que ha ido (a Cámara de Diputados) la secretaria de Desarrollo Social, le he cuestionado la estrategia de los municipios sin hambre, 291 municipios de Oaxaca están en ese programa, pero cuando caminamos el estado, no hay un presidente que no se queje de que llevan años solicitando recursos a Sedesol o Conagua sin que tengan respuesta por el enorme cúmulo de requisitos, pero cuando quieren establecerse las empresas transnacionales, ni siquiera le preguntan a la comunidad si está de acuerdo o no”.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la legisladora declaró que no se puede hablar de avances sustantivos en el bienestar de las comunidades originarias, mientras el mismo gobierno federal ponga trabas y limitaciones al acceso a una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Mínimos avances
La legisladora sostuvo que a pesar de todas las limitaciones que deben sortear día a día los habitantes de las comunidades indígenas en nuestro país, poco a poco se han logrado avances en materia legislativa.
Recordó que recientemente se aprobó una modificación para a la legislación en materia penal para que cuando un indígena sea detenido, el Estado mexicano tiene por obligación dotarle de un traductor de su lengua y cultura; de no hacerlo, los funcionarios que incurran en omisiones podrán ser sancionados como lo prevé la misma reglamentación.
“Hoy, las cárceles mexicanas están llenas de historias de mujeres y hombres indígenas que ni siquiera saben por qué están detenidos…reformamos la ley para que si el delito no es de gravedad, podamos ayudar a pagar las fianzas que le imputan al indígena”, comentó la legisladora.
Otro de los avances que la legislación en la materia ha tenido, apuntó Cruz Mendoza, es el reconocimiento que el Estado mexicano hace de las lenguas indígenas, además de la reforma constitucional –que ella misma impulsó- para que los usos y costumbres de las comunidades no violen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
“El problema no es la cultura de las comunidades, sino ciertas costumbres que se practican, defendemos nuestra cultura, pero no estamos de acuerdo en que se detenga el desarrollo de las mujeres”, concluyó la legisladora.

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