Por: Cecilia Balderas /
(10 de agosto, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal y todavía
presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados, calificó la actual política de apoyo para los pueblos
indígenas, impulsada por la administración federal, como un rotundo
fracaso.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO,
la legisladora indígena, originaria de la comunidad de Santa María
Quiegolani, en Oaxaca, sostuvo que la mayoría de los recursos que son
destinados para los pueblos indígenas no son asignados por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sino por la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por la
experredista Rosario Robles, quien durante el proceso electoral fue
señalada por hacer mal uso de los recursos y utilizarlos para promover
a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cruz Mendoza informó que uno de los
rubros que más se ha visto afectado por la falta de inversión, es el
campo, pues en su entidad, “se está padeciendo el tema de la roña del café,
se padece la falta de lluvia, los programas sociales no llegan a los
campesinos porque les piden una serie de requisitos que difícilmente
pueden cubrir las personas que no saben leer o escribir, por lo tanto,
no podemos hablar de competencia, ni de que se aterrizaron los
recursos. Si llegan, los coyotes les quitan una parte, o los propios
delegados de la Sedesol los condicionan”.
La diputada indígena sostuvo que la
titular de Desarrollo Social debe asumir su responsabilidad con las
comunidades indígenas, y no únicamente llegar a ellas y posar para las
fotografías, pues de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el incremento de la
población en situación de pobreza –de 53 a 55 millones de mexicanos-
“recae en las comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero”.
Eufrosina Cruz argumentó que la
realidad de las comunidades indígenas de todo el país, dista mucho del
discurso del gobierno federal que sostiene que la atención a los
pueblos originarios es una prioridad: “las veces que ha ido (a Cámara
de Diputados) la secretaria de Desarrollo Social, le he cuestionado la
estrategia de los municipios sin hambre, 291 municipios de Oaxaca están
en ese programa, pero cuando caminamos el estado, no hay un presidente
que no se queje de que llevan años solicitando recursos a Sedesol o
Conagua sin que tengan respuesta por el enorme cúmulo de requisitos,
pero cuando quieren establecerse las empresas transnacionales, ni
siquiera le preguntan a la comunidad si está de acuerdo o no”.
En el marco del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, la legisladora declaró que no se puede hablar de
avances sustantivos en el bienestar de las comunidades originarias,
mientras el mismo gobierno federal ponga trabas y limitaciones al
acceso a una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Mínimos avances
La legisladora sostuvo que a pesar de
todas las limitaciones que deben sortear día a día los habitantes de
las comunidades indígenas en nuestro país, poco a poco se han logrado
avances en materia legislativa.
Recordó que recientemente se aprobó una
modificación para a la legislación en materia penal para que cuando un
indígena sea detenido, el Estado mexicano tiene por obligación dotarle
de un traductor de su lengua y cultura; de no hacerlo, los funcionarios
que incurran en omisiones podrán ser sancionados como lo prevé la misma
reglamentación.
“Hoy, las cárceles mexicanas están
llenas de historias de mujeres y hombres indígenas que ni siquiera
saben por qué están detenidos…reformamos la ley para que si el delito
no es de gravedad, podamos ayudar a pagar las fianzas que le imputan al
indígena”, comentó la legisladora.
Otro de los avances que la legislación
en la materia ha tenido, apuntó Cruz Mendoza, es el reconocimiento que
el Estado mexicano hace de las lenguas indígenas, además de la reforma
constitucional –que ella misma impulsó- para que los usos y costumbres
de las comunidades no violen los derechos políticos y electorales de
las mujeres.
“El problema no es la cultura de las
comunidades, sino ciertas costumbres que se practican, defendemos
nuestra cultura, pero no estamos de acuerdo en que se detenga el
desarrollo de las mujeres”, concluyó la legisladora.
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