Si nuestros legisladores estuvieran comprometidos verdaderamente con la televisión pública podrían hacer mucho más que sólo aplazar la fecha.
lasillarota.com
La reforma al artículo décimonoveno transitorio de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aprobada por el Senado la
noche del 1 de diciembre y posteriormente avalado por la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados el viernes 4
de diciembre, ha causado confusión respecto de si el apagón analógico
se hará el próximo 31 de diciembre tal como lo dispone la Constitución.
El apagón sí se hará en la fecha dispuesta, pero no de manera total,
aunque dicho artículo preveía que las estaciones de televisión de baja
potencia pudieran no bajar el switch en tiempo y forma se
refería a las televisoras que eran permisionadas, es decir sin fines de
lucro y principalmente públicas. El cambio que introdujeron los
legisladores abarca ahora un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre
del 2016 para televisiones públicas de baja o alta potencia que no
hicieron las inversiones necesarias para transitar a la señal digital,
como también a estaciones de baja potencia o complementarias de las
televisoras comerciales, la mayor parte de ellas de Televisa o TV Azteca
(466), que tampoco hicieron las inversiones necesarias para que las
señales digitales lleguen a los lugares más alejados, zonas pobres que
no son mercado y por lo tanto poco importan a esos consorcios.
La protesta por este cambio es precisamente porque termina
beneficiando a las principales televisoras comerciales por su
incumplimiento para no dotar del servicio público de televisión abierta
en las zonas más vulnerables, pues al cambiar la palabra permisionados
por estaciones de televisión radiodifundida se abarcan a todas las
frecuencias, sin importar su naturaleza. Con ello se les perdona el
incumplimiento a las comerciales, pero también las multas a las que
serían acreedores que podrían llegar hasta el 10 por ciento de sus
ingresos totales anuales. Con el pretexto de apoyar a las televisiones
públicas, se termina también beneficiando indebidamente al duopolio
televisivo.
Esta iniciativa impulsada por los senadores Roberto Gil Zuarth y
Javier Lozano con el apoyo del PVEM, el PRI, una buena parte del PAN y
una minoritaria del PRD, ofrece privilegios indebidos a empresas que por
supuesto tiene suficientes recursos para invertir en la transición
digital.
¿Apoyo a la TV Pública?
Es previsible que en los próximos días el pleno de la Cámara de
Diputados apruebe sin mayor contratiempo el beneficio a los consorcios
comerciales con el mismo discurso de que se hace para apoyar a la
televisión pública, sin embargo, si los legisladores quisieran apoyarla
deberían de promover y aprobar otras medidas para realmente
fortalecerla.
Si 30 estaciones públicas en los estados no tuvieron los recursos
para hacer los cambios necesarios es porque a los gobiernos locales poco
les importó cumplir con el mandato constitucional y prefirieron gastar a
manos llenas en publicidad oficial pagada a medios comerciales en lugar
de invertir en los medios de Estado.
Aplazar la fecha del apagón para estos medios es una medida
insuficiente, pues no puede sujetarse a la voluntad de los gobiernos de
los estados la inyección de los recursos necesarios. Un compromiso con
la radiodifusión pública debiera de incluir la asignación de recursos
desde el Congreso a estos medios en acuerdo con las gestiones estatales
para ampliar las señales públicas para que no solamente transiten a la
señal digital, sino también para que tengan cobertura en las zonas más
marginadas, así como cambiar la ley para que tengas fuentes alternas de
financiamiento y no dependan solamente del gobierno en turno.
Un verdadero compromiso de los legisladores para con la televisión
pública debería de tomar como referencia los estándares sobre televisión
digital que en mayo de este año emitió la Relatoría de Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que
establece que la regulación no debe limitarse a reconocer la televisión
pública sino garantizar que ésta continúe emitiendo en el nuevo entorno
digital, desarrollando un entorno legal y políticas públicas activas con
mecanismos apropiados y simplificados para que las emisoras puedan
realizar la transición hacia la televisión digital de manera rápida y
efectiva, así como para aprovechar el cambio tecnológico para ampliar,
mejorar y diversificar sus servicios a la población, por lo que se les
deben de asegurar fondos públicos suficientes y estables que sean
garantizados por adelantado para periodos de varios años y que sean
ajustados de acuerdo a la inflación, así como explorar mecanismos
innovadores para su financiamiento, de forma tal que éste sea suficiente
para permitirles cumplir con su mandado de servicio público.
Aunque México será el primer país en América Latina que hará el
apagón analógico, en otros países que lo harán un poco más tarde han
tenido mucho mejor planeación que nuestro país.
Por ejemplo en Colombia se creó el Fondo para el Desarrollo de la
Televisión y los Contenidos (FONTV), donde al menos el 60% de sus
recursos deberá destinarse al desarrollo y fortalecimiento de la
televisión pública, tanto en la producción de contenidos como para
asegurar la operación y la cobertura nacional. El presupuesto se deriva
de las tarifas, tasas y derechos que los operadores de televisión
privada están obligados a pagar por obtener la concesión y el uso del
espectro, así como con parte de los ingresos generados por la nueva
asignación de las frecuencias liberadas luego del apagón analógico.
El Fondo es administrado por la Autoridad Nacional de Televisión
(ANTV) e incluye el apoyo a la producción y emisión de contenidos de
televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de
lucro de carácter educativo y cultural. Igualmente aprobó planes para
alcanzar, por primera vez y aprovechando la entrada de la televisión
digital, una cobertura del 100% del territorio nacional de la señal de
televisión abierta pública mediante un plan de expansión de la red de
transmisión pública.
Otros caso es Argentina que ha realizado importantes inversiones para
garantizar la cobertura nacional de señales públicas en todo el
territorio nacional. Desde 2010, ha desarrollado una red estatal de
transporte de señales de televisión digital denominada Plataforma
Nacional de Televisión Digital Terrestre, administrada por la empresa
estatal de telecomunicaciones Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (AR-SAT). A través de 82 antenas repetidoras en todo el
país denominadas “Estaciones Digitales de Transmisión (EDT)”, se cubre
el 82% de la población y se transmiten varias señales públicas. Además,
con el objetivo de incrementar la cobertura, se creó la “Televisión
Digital Satelital (TDS)”, un sistema de transmisión y recepción de la
señal de televisión que se emite desde un satélite de comunicaciones de
AR-SAT.
Como ve, si nuestros legisladores estuvieran comprometidos
verdaderamente con la televisión pública podrían hacer mucho más que
sólo aplazar la fecha. ¿No cree?
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