Por: Edgar Rosas
(11 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Abogados de la
Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE) denunciaron la serie de irregularidades en el proceso
legal que enfrentan los cuatro profesores detenidos el pasado 28 y 29 de
octubre en la ciudad de Oaxaca. Señalaron que desde su aprehensión, se
ha dado la violación al debido proceso, además de violaciones a los
derechos humanos en contra de los docentes disidentes.
En conferencia de prensa-donde también participaron los familiares de
los profesores- aseguraron que la detención de los maestros: Roberto
Abel Giménez García, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Juan
Carlos Orozco Matus, fue arbitraria. Acusaron que a más de un mes de la
aprehensión y traslado de los docentes al penal de máxima seguridad del
Altiplano en Almoloya, las autoridades mantienen a los profesores
incomunicados.
Mayen Arellanes, abogada integrante del área jurídica de la Sección
XXII de la CNTE, detalló que los cuatros profesores fueron detenidos sin
mostrarles orden de aprehensión. Añadió que los integrantes del
magisterio fueron capturados por personas vestidas de civil fuertemente
armadas.
En lo referente indicó que los responsables de la detención viajaban
en vehículos no oficiales, sin logotipo que los identificara como parte
de alguna corporación policiaca. Además, señaló, hubo uso excesivo de la
fuerza.
“A dos de los profesores los sacaron de sus domicilios particulares,
encañonándolos con armas largas, junto con testigos y familia presente”,
detalló Arellanes.
La abogado manifestó que luego de la detención, los profesores
estuvieron en calidad de desaparecidos durante 11 horas. Denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) mintió, pues en esos momentos aseguró no saber del paradero de los cuatro profesores.
“A pesar de que familia, amigos y abogados iniciamos la búsqueda de
los profesores en la delegación de la PGR en Oaxaca, y en los ocho
juzgadas de distrito de la ciudad, las instituciones negaron tenerlos.
Sin embargo luego de 11 horas sin conocer su paradero, vimos un video
que circuló en algunos medios y en redes sociales donde observamos a los
profesores custodiados y trasladados por elementos de la Policía
Federal como si fueran peligrosos delincuentes”, comentó.
Mayen Arellanes señaló que los familiares tardaron un par de días en
poder ingresar al penal del Altiplano para visitar a los docentes
detenidos, esto por la negativa de las autoridades. Dijo que los
familiares detectaron golpes en cuerpo y cara de los profesores.
“Hemos observado una serie de violaciones al debido proceso. Una de
ellas es que los profesores declararon sin la presencia de un abogado de
confianza y se les impuso un abogado de oficio. Tuvieron que pasar
siete días para que los docentes pudieran entrevistarse con sus
abogados; también el juez se tardó siete días en notificar a los
detenidos por los cuales habían sido llevados a ese Centro”, apuntó.
La abogada criticó que a pesar de la existencia de la violación del
debido proceso, el no respeto de los derechos humanos, y la “flagrante”
detención arbitraria, se dictó auto de formal prisión a los profesores.
“Cabe mencionar que conforme pasan las semanas les notifican nuevas
órdenes de aprehensión y surgen nuevos procesos en contra de los
profesores. Pero no sólo en contra de los cuatro profesores, tenemos el
caso de otros compañeros que forman parte de la dirección del Comité
Ejecutivo de la Sección XXII que constantemente les aparecen de la nada
proceso penales, aunque cuando pedimos información a la Procuraduría nos
niega el dato y nos dice que no hay averiguaciones. Dentro de esto
encontramos dos casos que nos preocupan: el de las profesoras María del
Carmen López Vásquez y Norma Cruz Vásquez, acusadas de delitos que no
cometieron”, apuntó.
Lamentó que el gobierno mexicano ha tomado una postura “autoritaria”
para atender la problemática. Señaló que las detenciones de los maestros
es la muestra que la administración peñanietista ha cancelado el
diálogo y ha optado por la represión para “pasar” la reforma educativa.
“La embestida contra los cuatro profesores empezó de manera
mediática, después política y ahora judicial. Pero esto también en
contra de la dirección de la sección XXII de Oaxaca y de la propia CNTE.
Nos preocupa porque vemos que el gobierno ha optado por una salida
autoritaria (…) La respuesta del gobierno ante esta compleja
problemática es la represión, la criminalización, la judicialización de
la protesta social, lejos de encontrar soluciones y voluntad política
que resuelva de manera pacífica”, manifestó.
Detalló que a la fecha hay dos puntos en el panorama que preocupan de
manera particular: el aislamiento en que tienen a los profesores, y la
actuación del Consejo de la Judicatura Federal.
“Nos preocupa que si bien es cierto que días después de la detención
se nos permitió a la defensa ingresar para poder estar asistiendo y
entrevistándose con los cuatros profesores, y hasta el momento hoy,
nuevamente, se les está prohibiendo, negando la entrada a los abogados
para asistir a los profesores.
“También nos preocupa de manera importante el papel que está jugando
el Consejo de la Judicatura Federal ya que en el momento de dictar los
autos de formal prisión antes de notificarlos a la defensa o a los
propios procesados-como debería ser- lo hace a través de un comunicado. Y
pareciera que hoy está litigando en los medios de comunicación”,
expuso.
Persecución contra la Sección XXII
La abogada Arellanes señaló que hoy en día prácticamente todos los
dirigentes de la Sección XXII de la CNTE cuentan con órdenes de
aprehensión. Señaló que a pesar que la defensa ha buscado a la PGR para
conocer cuántos profesores tienen orden de aprehensión, esta institución
afirma que no exista tal. Sin embargo, “cuando menos lo esperamos ya
está la orden de aprehensión”.
“Los procesos son los mismos, coinciden la mayoría, y no sólo contra
los cuatro profesores que están en Almoloya, por lo menos 20 profesores
de la Dirección del Comité Ejecutivo Seccional. Y de manera general los
delitos son: robo de libros de texto gratuito, motín, daño en propiedad
ajena, y contra el consumos y la riqueza nacional”.
Sobre el caso del profesor Roberto Abel Giménez, la defensora expuso
que aunque fueran ciertos los cargos por los que fue detenido, estos
atañen al fuero local, con lo que su estancia en el Centro Federal de
Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, no se entiende.
Ante las violaciones que se han presentado, el abogado detalló que se
han presentado sendas solicitudes a la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, así como al Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de la ONU para que intervengan en el tema.
“Se está violentando la presunción de inocencia de los maestros
porque no hay una sentencia definitiva y están en un penal de máxima
seguridad. Debieron ser internados en los centros de Oaxaca”, señaló.
“No son delincuentes”
Guillermina Segura Pérez, es madre del profesor detenido en “El
Altiplano”, Othón Nezariega Segura. Al participar en la conferencia
aseguró que antes de ser detenido, tanto el docente como la familia
sufrieron hostigamiento. Entre otras cosas detalló que los teléfonos
fueron intervenidos “por un mando superior”, además de la presencia en
su domicilio de personas desconocidas que merodeaban.
“Sufrimos hostigamiento antes de su detención. Llegaban personas
vestidas de civil, pasaban, había camionetas en las esquinas. Inclusive
la noche que lo detuvieron estuvo intervenido el teléfono; días
despulpes nos habló un familiar y dijo que nuestro teléfono estaba
intervenido. Dice mi familiar que había una voz grabada que decía que
por el momento estaba restringido por órdenes superiores”, apuntó.
Por su parte, Beatriz Picazo Pérez, hermana del profesor, Efraín
Picazo Pérez, señaló que en estos momentos las familias de los docentes
se encuentran en incertidumbre. Al ser cuestionada por Revolución TRESPUNTOCERO
sobre posibles casos de tortura contra los profesores dentro de la
cárcel, Beatriz señaló que debido al aislamiento no conocen el estado de
los maestros.
“Enfatizar que como familiares estamos en un momento de
incertidumbre, de angustia, porque ha habido una etapa de incomunicación
a más de un mes. Enfatizar que hasta el segundo día después de su
detención pudimos entrar por única vez los familiares, pero desde ese
momento hasta el día de hoy los familiares ni los abogados hemos podido
entrar, a pesar que es su derechos”, concluyó.
Los familiares de los maestros exigieron al gobierno la libertad
inmediata de los docentes ya que “no son delincuentes como lo han
querido hacer pasar”. Reiteraron que los cargos parten de fabricaciones y
que el encarcelamiento obedece a motivos políticos. Señalaron que cada
uno de los profesores detenidos cuenta con una larga carrera
magisterial y un trabajo largo en aras de la defensa de la educación;
“el único delito de los maestros es oponerse a una reforma que no es
educativa”.
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