Luis Hernández Navarro
La Jornada
Guerrero vive asolado
por el crimen. Es uno de los estados más inseguros del país. No hay
región en la entidad que esté a salvo de la violencia. Tan sólo durante
noviembre se perpetraron allí 172 asesinatos, 79 en Acapulco.
No es extrañar, pues, que el pasado 3 de diciembre se haya enviado a la
perla del Pacíficoa 6 mil policías federales. Desafortunadamente no llegaron a cuidar a los ciudadanos de las bandas delincuenciales. Su misión fue otra: resguardar las instalaciones de Fórum Mundo Imperial, donde se evaluó a los docentes. Los gendarmes fueron enviados no a perseguir hampones, sino maestros insumisos.
El promedio no está mal: 6 mil uniformados para
cuidara 2 mil 77 maestros examinados. Es decir, tres policías por docente.
Sin embargo, pese al enorme despliegue policiaco, las autoridades
educativas no pasaron la prueba de la evaluación. Una espontánea
rebelión en la granja la descarriló. E, incapaces de admitir su
responsabilidad en la desorganización del acto, se apresuraron a culpar a
los maestros de lo sucedido. Fue un
sabotaje fallido, dijeron.
La historia de lo sucedido el 4 de diciembre en Acapulco es diferente
a como la presentó Aurelio Nuño. Aunque no se permitió el acceso de los
reporteros al recinto hasta las 4 de la tarde (y sólo después de que
protestaron y fueron amagados por los antimotines), las inconsistencias
del relato oficial pueden constatarse revisando tres videos que tuvieron
amplia difusión en redes sociales y medios electrónicos, y testimonios
aparecidos en La Jornada Guerrero, El Sur de Acapulco y el canal de televisión de Excélsior.
Unos 3 mil profesores de diversas instituciones y niveles educativos
fueron trasladados al puerto desde el día anterior, y hospedados en
hoteles de lujo, como el Princess, Pierre Marqués y Resort Mundo
Imperial, pertenecientes al grupo Autofin, del empresario Juan Antonio
Hernández.
No todos los docentes que asistieron a la prueba eran parte del grupo
de notificados. Fueron incluidos maestros que se apuntaron al final
porque la autoridad les ofreció beneficios personales. También
participaron trabajadores al servicio del gobierno del estado que nada
tienen que ver con la educación, a los que se les pidió que asistieran y
se hicieran pasar por profesores.
A las 5 de la mañana los examinados se concentraron en el lobby de
los hoteles, pues debían estar en Fórum Mundo Imperial entre 5:30 y
6:30. Según el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González
de la Vega, llegaron 2 mil 630 maestros. Para ingresar a las
instalaciones pasaron retenes policiacos dotados de equipo antimotines y
unas enormes barras metálicas. Presentaron su identificación oficial y
su hoja de notificación. Ya dentro del edificio desayunaron huevo con
papas.
A las 8 de la mañana comenzó la prueba. Poco después de las 9:30, un
grupo de maestros de educación física reclamó al secretario de Educación
la falta de computadoras para hacer el examen. Esto, a pesar de que
allí había equipos de cómputo empacados, que no fueron instalados. Otros
profesores estaban molestos porque no podían ingresar al sistema por
fallas en el programa.
El secretario ofreció que los que no habían alcanzado
computadoras podrían hacer el examen cuando sus compañeros terminaran el
suyo. A los afectados les pareció una respuesta muy poco seria:
llevaban horas esperando.
Fue cuando dos maestras inconformes fueron jaloneadas por agentes
uniformados y otros profesores más empujados por antimotines. Ofendidos,
algunos profesores comenzaron a gritar:
¡Que se vayan los policías, no somos delincuentes!, mientras otros exclamaban
¡vámonos!,
¡son las mismas ratas!, y otros más
¡sí se puede, sí se puede!y
¡júntense, júntense!En ese momento varios docentes apagaron sus computadoras, hasta que, finalmente se desconectó el sistema.
En pleno desorden, convencidos de que no había garantías para hacer
el examen, muchos maestros trataron de abandonar el recinto, pero los
guardias quisieron impedirlo. Y, cuando el gobernador Héctor Astudillo
llegó a Mundo Imperial, personal de la secretaría de Educación estatal
ofreció dinero a los docentes para que siguieran realizando la prueba.
Finalmente, cuando horas después las autoridades pudieron restablecer
el orden, la evaluación continuó en medio de múltiples anormalidades.
Con permiso de la autoridad, muchos maestros que la presentaron
respondieron las preguntas en grupo o consultando manuales.
Más que ser resultado de una nueva edición del caballo de Troya
protagonizada por la disidencia magisterial, lo que propició el
descalabro del examen docente en Guerrero fue la suma de la torpeza
gubernamental para operarlo, y el enorme malestar del magisterio
(incluso del que está dispuesto a examinarse) contra una evaluación
impuesta por la amenaza del despido y con el apoyo de la policía.
A los graves problemas que regularmente la autoridad ha tenido que
enfrentar al hacer la evaluación en otros estados, en el caso de
Guerrero hay que añadir un factor: el papel de José Luis González de la
Vega, el secretario de Educación del estado.
También encargado del despacho durante la administración de Zeferino
Torreblanca, González de la Vega –durante años estrecho colaborador de
Elba Esther Gordillo– es acérrimo enemigo de la normal rural de
Ayotzinapa, y ha sido señalado por la Auditoría Superior de la
Federación como responsable de múltiples irregularidades en el manejo de
los recursos presupuestales (goo.gl/Qhg3Op). Su autoritarismo e ineptitud fueron claves en el fracaso del examen del pasado 4 de diciembre.
Pero, más allá de falsos caballos de Troya y torpezas
gubernamentales, hay datos duros que muestran el fracaso de la
evaluación en Guerrero. Si allí se examinaron sólo 2 mil 77 maestros
(varios no escogidos originalmente) de 4 mil 100 notificados, eso
significa que hicieron la prueba apenas la mitad de los profesores
requeridos. En pocas palabras: la SEP salió reprobada.
Twitter: @lhan55
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