Antonio Mazzitelli, jefe de la ONUDC, en el evento realizado en la Secretaría de la Función Pública. Foto: Benjamin Flores Arturo Rodríguez García |
MÉXICO,
DF (apro).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDC) dio a conocer una evaluación multilateral sobre los
avances de México en el combate a la corrupción, tras suscribir la
llamada Convención Mérida, y precisó que si bien el país ha registrado
avances en la materia, éstos no son concluyentes.
En el marco del
Día Internacional contra la Corrupción, Antonio Mazzitelli, jefe de la
ONUDC en el país, presentó el mencionado informe con 34 recomendaciones
al Estado mexicano, para que adecue su marco jurídico y diferentes
procedimientos preventivos y sancionatorios por corrupción.
La
evaluación fue dada a conocer en un evento realizado en la sede de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular, Virgilio Andrade
Martínez, aseguró que la mayoría de las recomendaciones quedaron
subsanadas por las reformas en materia anticorrupción y la aprobación de
la nueva Ley General de Transparencia, por lo que los puntos pendientes
quedaban al arbitrio del Poder Legislativo.
En eso coincidió la
directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Graciela Pizano, pero admitió que en lo tocante a
extradiciones aún deben hacerse ajustes.
A pesar de los
escándalos de corrupción –entre ellos la “Casa Blanca” de la pareja
presidencial y otras residencias de colaboradores del presidente Enrique
Peña Nieto, vendidas y financiadas por contratistas gubernamentales–
que abollaron la imagen del gobierno federal, Mazzitelli aplaudió la
gestión del mexiquense y consideró el 2015 como “un gran año” para
México en materia anticorrupción.
Sin embargo, al presentar el
informe de la evaluación, las recomendaciones emitidas por la ONUDC
sirvieron para que su representante en México admitiera que los avances
no son concluyentes.
Entre sus diferentes aspectos, dicha
evaluación detalló que el marco legislativo debe analizar las
definiciones de servidor público, tráfico de influencias, soborno,
blanqueo de dinero y peculado.
En su informe, Mazzitelli también
destacó la necesidad de ampliar los alcances y castigos a terceros
implicados en prácticas corruptas, así como a inmuebles.
Pero no
dejó pasar los reconocimientos al Estado mexicano por su Sistema
Nacional de Seguridad Pública, su Ley y Sistema de Víctimas, las
funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así
como la reciente instalación de los comités de ética en las dependencias
y entidades gubernamentales.
Las recomendaciones al Estado
mexicano, evaluadas con representantes de Perú y Azerbaiyán, tuvieron
como base un tratado internacional redactado en 2003 en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida como la Convención
de Mérida).
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