Una ocupará el lugar que dejó Olga Sánchez Cordero
La
Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el dictamen por
el que se determina que Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucia Piña
Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle reúnen los requisitos
constitucionales para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Con nueve votos a favor y uno en contra, las y los senadores determinaron que las candidatas son elegibles para cubrir la vacante de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien el pasado 30 de noviembre concluyó su cargo, al igual que lo hizo el ex ministro Juan Silva Meza.
Además, por 10 votos a favor y uno en contra, los senadores avalaron que Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek también reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro en la SCJN y son elegibles para cubrir la vacante de Juan Silva Meza.
La aprobación se dio pese a los cuestionamientos que desde hace semanas hizo la oposición y de la campaña “Sin cuates, ni cuotas” y “Más mujeres a la Corte”, que hicieron académicos, intelectuales y feministas.
FORMATO AGOTADO Y TERNAS VICIADAS
En la discusión del dictamen, la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez dijo que las ternas “venían viciadas de origen” y el Ejecutivo federal no tenía la intención de buscar perfiles que cubran lo que se requiere en la SCJN e incluso cuestionó que la Comisión no incluyera consideraciones sobre las comparecencias con las y los candidatos.
Agregó que en las comparecencias se reconoció que el formato para la designación de los ministros “estaba agotado”, pero le parecía un error validarlo diciendo que los seis candidatos son elegibles, “sin hacer ningún tipo de valoración” ni referir el contenido de las comparecencias.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expresó que la designación de un ministro de la Suprema Corte es un acto de la mayor relevancia en cualquier sistema político, por lo que “no es posible hacer estas designaciones de una manera burocrática”.
Sobre todo, agregó, cuando Enrique Peña Nieto envió dos ternas “arregladas entre partidos”, en lugar de haberse puesto por encima de sus intereses personales y buscar figuras independientes.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Angélica de la Peña Gómez coincidió en que el procedimiento que establece la Constitución en esta materia “quedó agotado”, pero señaló que frente a estas dos vacantes “tenemos que aplicar” el marco constitucional vigente.
Insistió en que no se puede postergar la reforma a la Carta Magna, “pero no va aplicar para hora, debimos haberlo hecho antes, debimos haber modificado la Constitución antes para el caso de estas dos ternas”.
Por el Partido Acción Nacional, la senadora Pilar Ortega Martínez consideró que en el Senado, con un nuevo formato para las comparecencias, tuvo la oportunidad de hacer un análisis minucioso de cada uno de los perfiles que integran las dos ternas enviadas por el Ejecutivo federal.
Reiteró que la Comisión tiene que acatar lo que establece el artículo 95 constitucional para revisar los requisitos que deben cumplir cualquier candidato a ministros de la Corte.
El senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional, enfatizó que el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República establece con claridad que la Comisión de Justicia sólo debe analizar si se cumple con los requisitos que dispone el artículo 95 de la Constitución.
“Si lo hiciéramos de otra forma, si diéramos cabida a situaciones que no son objetivas” como calificar si una propuesta es positiva o negativa sería motivo de un amparo, “porque eso no nos corresponde”.
Falta aún que el pleno del Senado elija a una persona de cada terna para ocupar el cargo de ministra y ministro del alto tribunal mexicano.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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