Lev Moujahid Velázquez Barriga
La estrategia del
secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, subyace en el
calendario de evaluaciones para la permanencia; consiste en focalizar la
represión por regiones, concentrando el mayor número de las fuerzas
policiacas y militares del país en fines de semana diferidos para
contener la respuesta organizada en los principales bastiones de la
CNTE; primero en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y después Chiapas. No
obstante que su política fascista superó las expectativas de
movilización de todo el aparato coercitivo estatal, también es cierto
que las manifestaciones de rechazo no se circunscribieron a los lugares
esperados.
Como campo minado de hartazgo magisterial, el país estalló por
decenas de miles de esquirlas que penetraron, literalmente, el cuerpo
blindado de la reforma educativa hasta desmembrar la evaluación. Desde
fuera, algunas rompieron las vallas del mando único y las filas
militares; desde dentro, otras reventaron el corazón de la evaluación,
el examen de competencias docentes, ante el llamado iracundo de los que
no encontraron las condiciones mínimas para hacer la prueba.
El estallido magisterial y la propia naturaleza de una falsa
evaluación han demostrado la completa inviabilidad de la reforma
educativa, desde cualquier perspectiva que se le quiera analizar:
Sin duda, ha sido la evaluación más cara en la historia del país. La
prueba Enlace, que se había presentado como la panacea de las
evaluaciones para los alumnos, un sector mucho más numeroso que el de
los maestros, costaba a los mexicanos 250 millones de pesos anuales. En
lo que va del calendario de exámenes para la permanencia, en Michoacán,
Oaxaca y Guerrero, los gastos superan 200 millones de pesos, y sólo se
convocó entre 8 y 9 por ciento del total de docentes. Sin embargo, la
cifra a escala nacional es similar; esto significa que falta la inmensa
mayoría de maestros por evaluarse y ésta es nada más una de las cuatro
fases de todo el proceso.
La participación del primer grupo de docentes convocados ha sido
ínfima, aunque Nuño quiera construir la verdad mediática a fuerza de
repetir cientos de veces la misma mentira; la versión de que casi la
totalidad asistió a evaluarse es insostenible; decir que fue 68 por
ciento en Guerrero es un insulto a la inteligencia; no bastó el acarreo por
helicóptero, los autobuses custodiados por la policía y el Ejército de
los engañados con promesas de claves para interinos y dobles plazas, de
grupos ajenos al magisterio como
antorcha campesinay de otros trabajadores no docentes que fueron obligados a asistir en calidad de extras para escenificar aparentes multitudes.
El examen se desarrolló sin las tutorías ni capacitaciones de ley;
imperó un clima de incertidumbre sobre las sedes; avisos repentinos e
informales; prepotencia, autoritarismo, hostigamiento de los
evaluadores; fallas logísticas y técnicas: retrasos, confusiones de
espacios y equipos, plataformas virtuales bloqueadas y horarios
excesivos; todas ellas condiciones violatorias de la dignidad personal y
los derechos humanos.
La expectativa que generó el INEE sobre el diseño de un
instrumento de evaluación integral se esfumó con la puesta en marcha del
mismo esquema que fracasó antes de haberse ungido en su carácter de
autónomo; otra vez fue el
examen estandarizado, descontextualizado, carente de contenidos pedagógicos, saturado de preguntas hipotéticas, perversa e inútilmente diseñadas en la nube de la burocracia académica, otras que versaban sobre reglamentos y marcos jurídicos ajenos a la práctica docente.
Los grandes ausentes en la dirección de esta evaluación fueron, nada
menos, los que debieron ser los más responsables. El INEE y la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente se dejaron ver
como los enormes elefantes blancos que son, sin ninguna capacidad
logística para llevar a cabo la evaluación y mucho menos autonomía
frente a la investidura dictatorial de Nuño, quien suplantó ambas
instituciones utilizando la vieja estructura del Ceneval.
Los procesos, medidas y resultados estadísticos no convencieron a
nadie, ni siquiera a los verdaderos arquitectos de la reforma educativa.
Las organizaciones abiertamente patronales y las que disfrazan su
naturaleza gerencial, como Mexicanos Primero, cuestionaron la falta de
transparencia, porque en Michoacán el blindaje fue tan hermético que ni
ellos pudieron meter a sus observadores; las confusas cifras de Nuño y
los gobiernos estatales les pareció que escondían una verdad menos
alegre sobre la asistencia de los evaluados; les molestó que fueran más
los maestros de educación media y no de educación básica, porque no se
tocó el poder de la CNTE; hasta los partidos políticos calificaron la
estrategia policiaca de Nuño como el fracaso de la política.
Finalmente, el efecto aniquilador que se pretendía impactara sobre la
CNTE, resultó adverso: Sonora, Tlaxcala, Jalisco, Durango, Zacatecas,
Veracruz, Morelos y Nuevo León lograron transitar de una etapa
embrionaria de descontento a una fase organizada y ofensiva contra la
reforma educativa; el consenso hacia la legitimidad de las demandas
magisteriales va en ascenso entre la sociedad civil; intelectuales de
diversas universidades han colocado y promovido una posición cada vez
más férrea contra la evaluación en diversos encuentros académicos
nacionales y medios de comunicación masiva; hoy está más claro que la
violencia y la necedad no vienen del magisterio, sino del Estado.
* Doctor en pedagogía crítica y educación popular; miembro de la CNTE en Michoacán.
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