Machismo las estigmatiza como “propiedad” de los varones
De
los 25 países que registran una mayor tasa de feminicidio en el mundo,
14 son de América Latina (AL) y de éstos, seis están en Sudamérica, de
acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pesquisas de grupos civiles y medios de comunicación, realizadas de manera extraoficial, indican que la violencia machista mata a una mujer cada 30 horas en Argentina y cada 15 horas en Brasil.
En Colombia, cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia y cada cuatro días una de ellas perece a manos de su pareja o ex pareja, según la Consejería para la Equidad de la Mujer.
La socióloga y activista boliviana Sonia Montaño señaló que es una gran ironía cómo los países son capaces de calcular su crecimiento económico de manera armonizada en todo el mundo, y no se hace lo mismo con la violencia de género.
“Ahora contamos cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus ex parejas, y los gobiernos sudamericanos tratan de tipificar más tipos de agresión contra las mujeres, pero en la práctica los jueces no admiten las argumentaciones, por lo cual persisten altas tasas de no implementación”, reconoció la académica.
Por su parte, Fabiana Túñez, fundadora de Casa Encuentro en Argentina, comentó que la violencia machista es un problema muy grave en toda AL, pero con buenas políticas públicas se pueden cambiar las cosas.
La activista reclamó la necesidad de hacer cumplir las leyes que protegen a las mujeres, y garantizar el presupuesto para desarrollar los programas sociales que atienden a la mitad de la población.
También resaltó la importancia de formar a los policías, fiscales y jueces que deben atender estos casos, y que la justicia muestre las estadísticas reales de los crímenes contra las mujeres.
Túñez recalcó que lo principal es lograr un cambio cultural, en el cual la formación que reciben las y los niños en las escuelas es un eslabón primordial.
RESPONSABILIDADES, ESTIGMAS Y DESAFÍOS
Diversos factores, tales como la religión, la etnicidad, la familia y la sociedad imponen continuamente responsabilidades y estigmas a la población femenina, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y superación personal.
Especialistas de la ONU reconocieron que en AL y el Caribe las mujeres se enfrentan al “triple desafío” de trabajar fuera de casa, cuidar de su descendencia y, cada vez más, de las personas adultas mayores, lo que incrementa la carga de trabajo no remunerado.
En la región, las trabajadoras ganan 19 por ciento menos que los hombres y sólo ocupan 27 por ciento de los escaños en los parlamentos, demostró el Informe Desarrollo Humano 2015 de la ONU.
Estos países también cuentan con la mayor proporción de trabajadoras y trabajadores del hogar, 37 por ciento del total mundial, en su mayoría mujeres, según la misma fuente.
La visión de las mujeres como “amas de casa” o “propiedad” permanece en las sociedades sudamericanas de tradición machista, y si bien resulta preocupante el papel de los hombres en este conflicto, es en la familia donde debe originarse el cambio de mentalidad. Sin embargo, esa perspectiva se transmite de una generación a otra y es aceptada como algo “normal”.
Muestra de ello es el caso de Bolivia, donde 22 por ciento de las mujeres están casadas o tienen algún vínculo de convivencia antes de cumplir los 18 años de edad, de acuerdo con investigaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
De la población femenil cuya edad oscila entre los 20 y 24 años, el 3 por ciento se casó o tuvo algún vínculo antes de cumplir los 15 años. Otra muestra de la precaria situación del sexo femenino en Sudamérica es el caso de las indígenas, que viven en comunidades rurales o mineras, y son afectadas por los conflictos armados.
Miles de mujeres viven los terribles impactos que les trae la perforación de los suelos, al limitar sus derechos y las condiciones para una existencia digna, al desplazarlas de sus espacios de vida y medios de subsistencia, tanto por despojo como por contaminación, aseguró la cofundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Lina Solano Ortiz.
“Conscientes de los graves efectos que la minería trae a sus vidas, mujeres de toda la región se han integrado a los procesos de resistencia de los pueblos”, manifestó.
En estas luchas se registran permanentes violaciones de derechos cometidas contra las militantes, y un alarmante aumento en los casos de defensoras asesinadas, desaparecidas, torturadas, violentadas sexualmente, encarceladas, judicializadas, criminalizadas, estigmatizas y hostigadas, denunció Solano.
RESPUESTA SOCIAL: NI UNA MÁS
En las últimas décadas, la sociedad civil de América del Sur se ha solidarizado con las luchas feministas. Muchas protestas ciudadanas se han transformado en leyes que tipifican la violencia de género como un delito, e incluso en el endurecimiento de las penas para los agresores y homicidas.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, instauró en 2015 una normativa que impone penas severas a los culpables. Esa reforma penal impedirá que los acusados sean liberados bajo fianza, determina que la violencia de género será un agravante del homicidio, y establece penas de 12 a 30 años de cárcel.
Según Rousseff, ese problema ocurre en todas las clases sociales y en todas partes, pero sobre todo dentro de casa, e instó a las agredidas a denunciar cada uno de los casos. “No acepten la violencia dentro o fuera de sus casas como algo inevitable, si tienen que salir de casa salgan, que tendrán la protección del Estado brasileño”, aseguró, y subrayó que una denuncia hecha a tiempo puede salvar la vida de una mujer.
Por su parte, Argentina protagonizó una de las más multitudinarias manifestaciones contra ese problema en 2015 bajo el lema #Niunamenos, tras la conmoción que despertó en la nación una serie de casos de feminicidio que reflejan “una sociedad enferma, de paradigmas machistas, donde la mujer sigue siendo una cosa a dominar”, comentó Túñez.
La campaña contó con la participación de la ex presidenta Cristina Fernández y también tuvo repercusión en países vecinos como Chile y Uruguay.
En Colombia, las movilizaciones en Bogotá en mayo de 2015 reclamando “ni una Rosa más”, denunciaban la muerte de Rosa Elvira Cely, quien falleció tras ser violada y pedir sin éxito auxilio telefónico en repetidas ocasiones al servicio de emergencias. El caso posteriormente dio nombre a la ley contra el feminicidio en el país.
Según ONU-Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ya ha sufrido alguna vez maltratos sexuales o psicológicos, y la mayoría a manos de su pareja o parientes, por lo que está en la voluntad de los gobiernos trabajar para lograr un cambio positivo en esta situación.
*Periodista de la Redacción Sudamérica de Prensa Latina.
Por: Betty Hernández Quintana*
Cimacnoticias/PL | La Habana, Cuba.-
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