Los partidos carecen de
instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus
propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos; al Ministerio
Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los
carteles.
(Foto: Facebook/Lucero Sánchez).
Por Pablo Gómez
El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional
han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva
ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la
República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada
obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o
gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han
producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez
Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos
algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a
cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.
La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de
averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir,
denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la
menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al
PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio
Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los
carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios,
detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide,
es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir
institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas
la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a
la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la
mayor frecuencia no ata ni desata.
Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes
en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR
lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar
porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento
personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público
tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país.
Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en
la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan
paradisíaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el
narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio
Público y sigue.
El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el
que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se
ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de
instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus
propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus
legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la
PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto
cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de
alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase,
tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En realidad
ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de
“inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.
Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención
de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto
ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al
descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de
manera clandestina.
Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la
delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal.
Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de
personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello
no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares
en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y
sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el
Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro
del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio
política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para
combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la
fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico
del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la
democracia.
La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para
prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como
funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del
momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario