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| Osorio, Peña y Mancera en la ceremonia de promulgación de la reforma política para la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga Álvaro Delgado |
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- La reforma política que dio lugar al nacimiento de
la Ciudad de México tiene una fea cara: El partido más repudiado por los
habitantes de la capital del país, el PRI, es el que ha capturado el
diseño de la primera Constitución en su historia.
Esta infamia a
los capitalinos –chilangos, si se prefiere– es autoría de Miguel Ángel
Mancera quien, como parte de la reforma que pactó con Enrique Peña
Nieto, también podrá presentar el proyecto de la Constitución.
Y, si se sigue la lógica de ese contubernio, ese proyecto de Constitución se redactará en Los Pinos.
El asunto es más grave de lo que los habitantes de la Ciudad de México
creen o saben: Si el diseño y contenido de la Constitución de la Ciudad
de México queda bajo el control del PRI, como está previsto que quede,
están garantizados los retrocesos en todos los órdenes.
Y si
Diego Fernández de Cevallos es el jefe de los constituyentes del PAN,
como se prevé que ocurra, entonces los habitantes de la capital del país
enfrentan una disyuntiva insoslayable: Observar pasivamente la
involución o participar para evitarla.
Esta primera Constitución
para la Ciudad de México podría ser un modelo de organización de los
poderes públicos para la prevención y el combate a la corrupción y la
impunidad, la rendición de cuentas y la eficacia en el diseño y
aplicación de las políticas públicas, con un robusto énfasis social.
Una visión de Estado implicaría que esta Constitución sentaría las
bases de un pacto social inédito entre los poderes públicos con los
habitantes de la capital de la República, que desde 1928 son mexicanos
de segunda, despojados durante décadas –hasta 1997– del derecho
elemental de elegir a sus gobernantes.
Pero no: El diseño de la
reforma política para integrar la Asamblea Constituyente que avalará la
Constitución excluye, de entrada, a la ciudadanía, porque son los
partidos políticos los que podrán postular prácticamente a todos
candidatos.
Y algo peor: De los 100 constituyentes, 60 serán
electos por los habitantes en la elección del 5 de junio y los otros 40
–¡40%!– serán designados por dedazo, en otra muestra del desprecio de un
sector de la clase política a los ciudadanos de la capital del país.
Así, Peña podrá proponer seis constituyentes y Mancera otros seis,
mientras que 14 serán promovidos por los diputados federales y otros 14
por los senadores. ¿Quiénes serían? Incondicionales, naturalmente.
Es muy previsible que en las dos cámaras del Congreso el PRI y su
aliado el Partido Verde obtengan al menos siete en cada una, con lo que
Peña tendría 20 constituyentes priistas sólo por designación.
En
cuanto a la elección de los 60 constituyentes, el PRI también resultaría
beneficiado, como lo ilustró el senador Mario Delgado cuando, el 15 de
diciembre, se discutió la reforma política en el Senado:
Si se
repitiera el escenario de votación del junio del año pasado en la Ciudad
de México, el PRI y el Partido Verde obtendrían 17.7% de los votos,
pero tendrían 11 constituyentes, y el PAN, con su 14.6%, tendría 9.
El PRD tendría 13 constituyentes y Morena, que obtuvo 25% de los votos, sólo alcanzaría 15 constituyentes electos.
Así, el PRI tendría al menos 31 constituyentes, prácticamente un
tercio, una sobrerrepresentación que le daría capacidad de veto y, más
aún, tendría todo el poder de diseñar la Constitución si se alía a los
constituyentes del PAN, algo que ha hecho desde 1988.
No es un
secreto que el PAN tendrá en Fernández de Cevallos a uno de sus
constituyentes, quien no sólo ha sido el artífice de los peores arreglos
con el PRI desde Carlos Salinas, sino que es amigo íntimo de Peña
Nieto.
Los que, por nacimiento o arraigo, somos habitantes de la
capital del país estamos obligados a preservar y acrecentar derechos en
la primera Constitución local y con ello evitar que sea una a la media
del PRI y de rufianes como Fernández de Cevallos…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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