Al rojo vivo

Gabriela Rodríguez

A las mujeres defensoras de los derechos humanos se les golpea como al hierro, al rojo vivo y sobre un yunque.

Son de El Yunque quienes organizan la campaña de desprestigio contra Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos mujeres integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes junto con Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain fueron designadas para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

José A. Ortega, Rafael Herrera Piedra y Ramón Hernández Flores no solamente pertenecen al Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia y al Movimiento Blanco, sino que se trata de hombres vinculados a la clase empresarial y a las cúpulas del PAN y del PRI que forman un frente común como militantes de El Yunque. Esta cofradía secreta de derecha extrema opera en México con el objetivo de reclutar jóvenes para defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás (representado por militantes de izquierda, feministas y defensores de derechos humanos), así sea mediante la violencia y aun el asesinato.

Desde la eterna tiniebla en que viven algunos reporteros de La Razón, Crónica y Milenio, esos caballeros piden que se expulse del país a Angela Buitrago y a Claudia Paz y Paz, que ya dejen de soñar con la verdad y con encontrar a los 43 normalistas. Los archicofrades no perdonan a las dos ex fiscales de Colombia y Guatemala por haberse atrevido a condenar a políticos, narcotraficantes y militares poderosos implicados en crímenes de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Vinculados a comandos de inteligencia militar y encumbrados por Vicente Fox y Felipe Calderón en la lucha contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, los ultraderechistas abonan al rechazo de que las y los expertos del GIEI entrevisten a los militares del 27 batallón de infantería de Iguala que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa; ellos son quienes hoy dirigen la campaña negra de desprestigio contra el GIEI para debilitar las conclusiones de la investigación que se amplió hasta el próximo 30 de abril, la cual permitirá relanzar las pesquisas para esclarecer el paradero de los 43 normalistas y así coadyuvar en las labores de investigación que asumirá la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

La descalificación como inexpertas que hacen hacia las dos mujeres que forman parte del GIEI es expresión de discriminación desde un lugar de prestigio superior que sustenta lo masculino, aunque en esta ocasión se topan con altísimas credenciales profesionales. La abogada colombiana Angela Buitrago es doctora en derecho y en sociología, con especialización en ciencias criminológicas y maestría en derecho penal; profesora de la Universidad Externado de Colombia, la fiscal de hierro ante la Corte Suprema de Justicia llevó los casos de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia, el de un ex gobernador por asesinato de tres líderes políticos y otro por enriquecimiento ilícito, así como de un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares y espionaje telefónico. Claudia Paz y Paz es abogada experta en derecho penal, de nacionalidad guatemalteca; ganadora de varios premios de derechos humanos, es actualmente profesora residente de la Universidad de Georgetown; en 2010 fue la primera mujer fiscal general en su país, en su gestión fueron detenidos y extraditados los 10 narcotraficantes más buscados en Guatemala; creó fiscalías especializadas para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, avanzaron múltiples casos de violaciones de derechos humanos y se logró condenar a los perpetradores y al ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya.

La campaña negra fortalece la impunidad machista y apuesta a enterrar el caso de Ayotzinapa, que es el más nítido espejo de la descomposición de México. Por su investidura papal, Jorge Mario Bergoglio tiene en sus manos la posibilidad de atraer los reflectores hacia el caso. Veremos si es capaz de posicionarse del lado de las víctimas, de recibirlos en una audiencia pública y difundir urbi et orbi la voz de los familiares de los 43 desaparecidos.

Nota: En esta visita, el papa Francisco tiene también la oportunidad de reconocer el encubrimiento sistemático de la Santa Sede hacia los pederastas, enfrentar el caso tan terrible del cardenal Norberto Rivera, encubridor sistemático de criminales como Marcial Maciel, Nicolás Rivera y de tantos otros. Porque el cardenal responsable de la visita papal a la ciudad de México, en vez de abrirle una audiencia con las víctimas de pederastia, sigue burlándose y desacreditándolas, como hace el Estado con los defensores/as de derechos humanos: ¿cuánto te pagaron? ¿Por qué buscas debilitar a la institución eclesial? Estado e Iglesia, una alianza funcional al poder neoliberal.

grodriguez@afluentes.org

Twitter: Gabrielarodr108