Por: Edgar Rosas
(02 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La gran
problemática en torno al fenómeno de la tortura es la impunidad que
prevalece casi en el 100 por ciento de los casos. Por ello, aunque el
gobierno ha anunciado nuevos protocolos de investigación por parte de la
Procuraduría General de la República (PGR), si no se garantiza en la
práctica el acceso efectivo a la justicia, el fenómeno persistirá.
Así lo señaló Madeleine Penman, investigadora para México de la organización Amnistía Internacional (AI).
La especialista, que ha dado seguimiento a este fenómeno en los últimos
años, lamentó que en México los casos de tortura no se concreten en
sentencias condenatorias para los perpetradores, e incluso ni siquiera
puedan llegar a ser consignados ante la autoridad.
La investigadora recordó que desde AI, México es considerado como uno
de los cinco países en el mundo donde la problemática de la tortura es
grave. Señaló que ante este contexto, en 2014 la campaña “Alto a la
tortura”-impulsada por esta organización- seleccionó a México como una
de las cinco naciones de enfoque.
Penman manifestó que en los últimos años las denuncias de tortura -en
donde agentes del Estado son señalados como responsables- se han
duplicado. En este sentido explicó que el uso de la tortura para
fabricar culpables, obteniendo declaraciones autoacusatorias, es de lo
más presente.
“El título de nuestro último informe es ‘Promesas en el papel, la
impunidad diaria’, porque lo que vemos en México es que en los últimos
12 meses el gobierno federal ha hecho muchos anuncios: ha anunciado
nuevos protocolos, nuevas iniciativas de ley y varias cosas sobre la
temática de la tortura, pero la triste realidad es que durante 2014, el
número de denuncias, de quejas por tortura ante la PGR se duplicó; en
2014 la PGR tenía registrado más de 2 mil 400 (2 mil 403) denuncias por tortura”, dijo.
La especialista recordó que en la última década las quejas por
tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, interpuestas ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado en
cerca de 600 por ciento. A pesar de esta cifra, dijo, no se debe perder
de vista que la gran mayoría de los casos no son denunciados, por lo
que el número podría ser mucho mayor.
En el mes de diciembre pasado, expuso, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) emitió algunos datos sobre el número de
violaciones a los derechos humanos denunciadas ante las comisiones
locales encargadas de dar seguimiento al tema. De los 32 organismos de
derechos humanos que existen en el país, dijo, se presentaron alrededor
de 12 mil denuncias por tortura.
“En diciembre de 2015 el INEGI lanzó números del primer censo que
había llevado a cabo sobre las violaciones a derechos humanos
denunciadas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos en el
país. Ante el sistema de ombudsman la violación a derechos humanos más
denunciada fue la violación a la libertad personal, es decir,
detenciones arbitrarias, y la segunda, muy cercanamente detrás fue la
tortura y malos tratos.
“En este censo, el INEGI dio a conocer que más de 12 mil casos de
tortura fueron denunciados en todo el país ante las comisiones estatales
de derechos humanos. Ahora bien, a todo esto se debe agregar la cifra
negra, en donde la gran mayoría de abusos no se denuncian ni se
investigan”, señaló.
Gobierno no garantiza la investigación en casos de tortura
De acuerdo con Madeleine Penman, las autoridades mexicanas no
garantizan la investigación en los casos de tortura. Dijo que esta
problemática ha quedado documentada por AI luego de dar acompañamiento a
las víctimas en diversos casos.
De manera particular citó el caso del joven Enrique Guerrero Aviña,
estudiante de la Faculta de Filosofía y Letras de la UNAM, acusado sin
pruebas del secuestro de dos menores de edad.
Aviña fue detenido el 13 de mayo de 2013 en las inmediaciones del
Estadio Azteca en la Ciudad de México sin orden de aprehensión. Mediante
tortura, los Policías Federales captores buscaron que el joven
estudiante se inculpara del secuestro de dos sobrinos del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; además
durante la tortura, los agentes hacían preguntas como: “¿Quiénes se
mueven en la Universidad?, ¿quiénes se oponen a las reformas?”.
“En el caso de Enrique, la PGR tardó dos años en abrir una
averiguación previa después que Enrique denunciara ante un juez que
sufrió tortura. El juez ordenó al MP investigar, pero nada ni siquiera
se abrió una averiguación previa.
“Nosotros visitamos las instalaciones de la PGR en Jalisco donde está
el caso, y preguntamos por qué no hicieron nada, pero las autoridades
tienen una manera de esquivar su responsabilidad”, señaló.
La investigadora de AI manifestó que en casos como el del joven
estudiante, la Policía Federal, así como el Ejército y la Marina, “están
llevando a cabo los operativos del país, están dejando miles de
personas con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Entonces, lo que encontramos desde AI es que desafortunadamente la
PGR no nos pudo hablar de consignaciones ante la justicia. En nuestro
informe anterior, que salió en 2014, pudimos hablar que en 2010, 2011,
2012, las autoridades en un año habían consignado dos casos, en un buen
año quizá cuatro, pero de repente preguntamos a través del INAI y la
respuesta fue que no tenían una consignación registrada para 2014,
entonces fue un año de cero consignaciones. Sin embargo fue un año donde
se habían duplicado las denuncias, entonces la cosa no cuadra, porque
tenemos un fenómeno que se encrudece, pero una falta de investigación
muy preocupante”, declaró.
Por otro lado, habló sobre la actuación de los médicos y peritos
oficiales al momento de evaluar a las victimas después de haber sido
sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Expuso que
a pesar que su participación es crucial para poder investigar el
delito, en la gran mayoría de veces, los médicos y peritos oficiales son
cómplices de los torturadores, pues no documentan las huellas que el
maltrato dejó en las victimas.
Añadió que en diversos casos, los peritos y médicos oficiales han
negado la existencia de lesiones provocadas por tortura, aunque
estuvieran presentes en la victima; o en otros casos han minimizado el
grado de las heridas ocasionadas por la tortura.
“La prueba médica-psicológica de la tortura es muy importante, pero
desafortunadamente los médicos y médicas oficiales son cómplices de la
tortura en este país. Los diagnósticos terminan siendo las herramientas
más importantes de una investigación de tortura. El médico que certifica
las lesiones tienen un papel importantísimo porque si se hacen de la
vista gorda de lo que pasó, esto juega en contra de la persona víctima
de la tortura”, señaló.
En este sentido mencionó el caso de Tailin, una mujer
embarazada que fue sacada de su domicilio en la Ciudad de México. Tras
ser torturada, los agentes aprehensores la culparon de delincuencia
organizada y secuestro.
Los hechos ocurrieron en 2014. La mujer fue detenida por elementos de
la Policía Federal, y golpeada al extremo de perder a su bebé. Debido
al castigo físico, al ser llevada a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Tailin presentó un sagrado profundo.
Ante la emergencia, dos médicos de la PGR atendieron a la víctima,
sin embargo, estos no dieron la atención adecuada. A pesar de la
particularidad del problema, no fue requerido un ginecólogo, y los
médicos oficiales no documentaron de manera correcta las lesiones en el
certificado.
“En el caso de Tailin hubo un doctor que sí notó el sangrado
profundo. Y entonces ahora hay algo que puede comprobar que fue víctima
de tortura (…) Como este caso hay muchos, y podemos ver la importancia
de médicos y peritos oficiales y su labor, porque muchas veces terminan
encubriendo la tortura diciendo que no hubo lesiones, cuando las hubo, o
cuando ven lesiones graves, dicen que no son graves y al final de
cuentas están siendo parte de este sistema omiso.
“Entonces estamos viendo la tardía y deficiente aplicación de
exámenes médicos-forenses por parte de peritos de PGR que muchas veces
no llegan al grano del asunto, niegan los hechos y no revisan bien los
síntomas de las personas y niegan la existencia de tortura”, dijo.
Ley de EPN sobre tortura preocupa a AI
En palabras de Madeleine Penman, la iniciativa de ley contra la tortura presentada por Enrique Peña Nieto
el mes de diciembre pasado no cumple con los elementos necesarios para
erradicar el fenómeno. Señaló que resulta preocupante que la propuesta
del Ejecutivo contiene “varios puntos que podrían socavar totalmente el
objetivo de erradicar la tortura”.
Entre otras cosas, detalló que en la iniciativa de Peña Nieto se
presentan dos tipos penales: uno por tortura y otro por tratos crueles,
inhumanos, y degradantes. Explicó que a nivel internacional, diversas
instancias, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no
separan el delito de tortura y tratos crueles inhumanos.
“Los malos tratos también son una tortura, entonces es muy
preocupante que en la iniciativa del Ejecutivo se presenten dos tipos
penales, porque es muy probable, y hemos visto la tendencia en México,
de subestimar los delitos y clasificarlos como un delito menor. Es muy
preocupante que hagan esto”, dijo.
Por otro lado expresó su preocupación debido a que en la propuesta de
ley del Ejecutivo se da paso a que jueces sigan aceptando confesiones
obtenidas bajo tortura, uno de los principales hechos que alienta el
delito.
“Hay una parte en la iniciativa en donde dice que solamente las
pruebas obtenidas bajo tortura serán excluidas, es decir cualquier
prueba obtenida con golpizas, pero que las autoridades califiquen como
malos tratos y no tortura, entonces sí sirve, es prueba válida en un
juicio. Eso es preocupante.
“Y luego ni siquiera habla de otros temas como: estándares internacionales, periciales, como el Protocolo de Estambul,
entonces podríamos tener una ley propuesta por el Ejecutivo que podría
enraizar y arraigar una de las peores cosas del sistema, que actualmente
busca subestimar la tortura, ocultarla o encubrirla”, apuntó.
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