Por: Edgar Rosas
(05 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 13 de enero, Karla Romero Tezmol
-niña de 11 años de edad- desapareció en la comunidad de San Pablo del
Monte, en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con testimonios de vecinos
de la localidad, la menor fue interceptada por un grupo de sujetos, que a
la fuerza, subió a la niña a un vehículo.
A más de 20 de días de los hechos, Olga Tezmol Juárez, madre de la menor desaparecida, denunció la actitud negligente y omisa por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala en torno al caso. Manifestó que esta institución no ha emprendido una investigación seria de los hechos, a pesar que hay indicios que la menor podría ser víctima de trata.
Tezmol Juárez explicó que a más de tres semanas, la PGJ del estado se ha negado a activar la Alerta Amber, a pesar que el protocolo para atender esta clase de casos mandata la puesta en marcha de la herramienta. Además que las autoridades han tratado de involucrar a los familiares -concretamente a la madre y padre- como responsables del crimen.
Las irregularidades por parte de la PGJ de Tlaxcala
para investigar el caso se presentaron desde el momento en que la madre
de la víctima presentó la denuncia. De acuerdo con Olga Tezmol las
autoridades no iniciaron una averiguación previa por los hechos y sólo
se limitaron a emitir un acta circunstanciada.“Me traen de vueltas, de aquí para allá. Me dicen que hasta yo estoy como sospechosa de la desaparición. A más de 20 días me dicen que no hay pistas, que no tienen nada”, dijo la madre de Karla.
La señora Tezmol Juárez expuso que desde el 13 de enero ha recibido una serie de llamadas telefónicas, en donde se le advierte que Karla Romero Tezmol está siendo explotada sexualmente en el estado de Puebla. Sin embargo, dijo, las autoridades de la PGJ de Tlaxcala han desestimado esta información, omitiéndola como una posible línea de investigación.
“He recibido llamadas y todo se los he comunicado a los policías responsables; me dicen que cualquier llamada que reciba, que se los diga, pero voy con los comandantes y ellos dicen que es extorsión, que no me preocupe y que no haga caso. Aun así me dicen que no tienen nada que no hay pistas”, comentó.
De manera detallada, dijo que en la última llamada -que se presentó el pasado 2 de febrero- una voz de mujer le indicó que buscara a su hija en la Calle 14 Sur del municipio de Puebla, específicamente en un hotel llamado “Río”.
En este sentido, explicó que a pesar de estas llamadas que advierten del delito de trata, la PGJ de Tlaxcala ha tomado como hipótesis principal del caso que Karla Romero Tezmol huyó de su casa en compañía de su novio. En lo referente, señaló que la titular de la PGJ de la entidad, Alicia Fragoso Sánchez, ha sugerido que la niña se fue por su propia voluntad “y que ya cuando se le pase el capricho”, regresará a su hogar.
“Vengo a exigir justicia para que se encuentre a mi hija con vida, ya que no se me ha atendido como se debe. En lugar de ponerse a investigar, lo que me dicen es que mi hija va a regresar, que por ahí ha de tener un amorcillo escondido con el que se fue y que cuando se le pase el capricho regresará.
“Pedimos la Alerta Amber, y me dijeron que no es tan fácil de activar. Recientemente me dicen que ya está activada, pero no es verdad, sólo han activado una prealerta, que quiere decir que para las autoridades mi hija sigue en Tlaxcala, pero eso quién me lo puede asegurar”, dijo.
Por otro lado denunció que ha existido intimidación por parte de la procuradora de Tlaxcala. Señaló que la titular de esta dependencia trató de impedir que el caso de Karla Romero se hiciera público en los medios de comunicación, amenazando a la familia que si “los periodistas se enteraban de la desaparición” ella no iba poder atender el caso.
“Quiero respuestas, que el gobierno trabaje. No creía todo lo que me decían del gobierno y ahora que estoy viendo tantas cosas, me da asco, me deja un mal sabor de boca (…) Ellos me quisieron intimidar, que si esto lo hacía público, no podían hacer nada con la investigación, pero no veo que trabajen”, expuso.
La actitud tomada por la PGJ de Tlaxcala de no investigar a fondo y limitar las hipótesis de la desaparición a un “capricho” de la menor, preocupa a familiares por el hecho que a esa entidad y concretamente la comunidad de San Pablo del Monte, se le ubica como la ruta de la trata.
San Pablo del Monte integra la ruta de la trata
De acuerdo con Miriam Pascual, integrante del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la región de San Pablo del Monte se ha posicionado como la “base en la trata de blancas”. Añadió que por lo menos desde 2009 se ha registrado una cifra elevada de niñas y jóvenes de la comunidad que fueron desaparecidas y sometidas a explotación sexual.
Señaló que el caso de Karla Romero no puede verse como un hecho aislado ya que desde diciembre se ha presentado un repunte en la desaparición de niñas y jóvenes, así como de feminicidios en esta comunidad indígena de Tlaxcala.
“San Pablo del Monte es una comunidad que desde 2009 ha sido reportada como un corredor de la trata de personas, en donde hay una cifra elevada de desaparición de niñas y mujeres que en diversos operativos han sido rescatadas, víctimas de explotación sexual, de trata de personas, en los estados de Jalisco, Michoacán.
“El caso de Karla no es un caso aislado, como el de miles de niñas desaparecidas en el país. En este caso la Procuraduría omite ejercer obligaciones que están en los estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas, y sobre todo de niñas”, señaló.
Sobre la negativa para activar la Alerta Amber, Miriam Pascual informó que esta herramienta debió ponerse en marcha luego de las 72 horas de la denuncia de desaparición. En casos de esta índole, dijo, los primero tres días resultan fundamentales para la localización con vida de las personas desaparecidas.
“Karla Romero tiene la edad de 11 años, lo cual obliga a la autoridad activar la Alerta Amber durante las primeras 72 horas que se consideran, como protocolo internacional, las más importantes para la búsqueda con vida y localización de una persona desaparecida.
“La Procuraduría negó la activación de esta alerta, limitándose inclusive a ni siquiera investigar mediante una averiguación previa, sólo emitió una acta circunstanciada, que quiere decir esto: una especie de constancia de hechos en la que no obliga a la Procuraduría realizar diligencias de investigación”, puntualizó.
La defensora hizo mención de algunas graves omisiones que ha realizado la PGJ de Tlaxcala en torno a la investigación. Dijo que las autoridades no han solicitado la ubicación geo satelital del teléfono celular de Karla Romero. Reiteró que la posición negligente de las autoridades pone en peligro a la menor, sobre todo ante los señalamientos que la ubican como víctima de trata.
“La niña Karla Romero el día de su desaparición portaba un teléfono celular, cuyo número la señora Olga proporcionó a la Procuraduría para pedir una sábana de llamada y ubicar la geolocalización del dispositivo, diligencia que no se ha realizado. Karla Romero desapareció en una comunidad en donde los últimos tres meses han desaparecido una niña por mes, y en donde el mes pasado, el 5 de enero, desapareció una joven de 20 años, que fue encontrada el 11 de enero víctima de feminicidio con huellas de tortura.
“Entonces estamos en un contexto en el que las obligaciones de la PGJ Tlaxcala han sido omisas, sobre todo cuando han habido pistas de que la niña Karla es posiblemente víctima de trata”, dijo.
Pascual destacó que las líneas de investigación planteadas por la PGJ de Tlaxcala sobre el caso sólo son dos y ninguna tiene que ver con el delito de trata; esta son: “1.- que la niña tenía un novio y se fue con él, por lo que han estado entrevistando a las amigas de la escuela de Karla; y 2.- que Karla sufría violencia familiar y que se fue por su voluntad”.
“Esas son las únicas dos líneas de investigación, sin tomar en cuenta la geolocalización de su teléfono, las llamadas que advierten que está siendo explotada sexualmente en hoteles de la 14 Sur en Puebla, esas líneas la PGJ no las está tomando en cuenta. Pedimos que ante este escenario de omisiones, la PGR atraiga el caso”, expuso.
Por otro lado, Norma Andrade, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social responsabilizó al gobierno de Tlaxcala por el delito. Dijo que sus omisiones en las investigaciones la convierten en culpable de la desaparición de la menor.
“Es responsable por no estar llevando las actuaciones que tendrían que hacer en un caso de desaparición de una niña. El decir que se fue con el novio es una tontería (…) Hay presunción de trata porque son demasiados los casos de niñas y todo mundo conoce la problemática que hay en Tlaxcala. Sabemos que se mueven muchos intereses y que la trata es el que da más ganancias al crimen organizado en Tlaxcala (…) Sabemos que los valores de las niñas entre más pequeñas es más alto; estamos hablando de 200 mil euros en promedio”, señaló.
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