PORTADAS:Seguirá elevada la volatilidad cambiaria: BdeM/Opaca ¡oootra vez! SCT a ferrocarrileros/Chocan partidos e INE por CDMX /Banxico ve riesgos y pide ajuste fiscal/662 cuerpos en 201 fosas,reporte PGR/Marinos torturaron y agredieron sexualmente: CNDH /Juárez, ciudad de fieles y feminicidios/La insuficiencia de jueces, ‘colapsa’ al sistema judicial en México/Moreira de fiesta: libre y con jubilación de casi 40 mil pesos por 3 años de magisterio/El reto fiscal/Sí es necesario regular internet: comisionado del INAI/Imposición de Mando Único obedece a política de ocupación impulsada desde EU: Manuel Bartlett/El bebé asesinado en Oaxaca es el rostro de la guerra perdida y la estrategia equivocada: Redim/
REFORMA
Aunque desde hace 15 años Ferrocarriles Nacionales de México “se
extinguió”, el Gobierno sigue gastando miles de millones de pesos en esa
empresa y lo hace en total opacidad.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) volvió a reservar
por un periodo de 10 años el Informe de Avance y Estado que guarda el
Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México
(Ferronales).En un oficio, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria del Senado, el
director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, Guillermo
Nevárez Elizondo, aseguró que la información correspondiente al manejo
del fideicomiso millonario, entre julio y diciembre del 2015, no tiene
carácter público.El funcionario justificó la decisión con base en la fracción sexta del
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia que establece que se
considera información reservada la que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva.
Esta es la tercera ocasión que se ocultan los resultados del Informe.
EL UNIVERSAL
EL FINANCIERO
Adecuaciones en las finanzas públicas, que también incluyan a Pemex, así
como la implementación de reformas estructurales, son necesarias,
advirtió el Banco de México. Ante el riesgo de que la volatilidad financiera internacional permanezca alta e incluso se incremente, el Banco de México (Banxico) aseguró que se deben llevar a cabo ajustes en las finanzas públicas, en los que debería estar incluida Pemex.“Es fundamental mantener un marco macroeconómico sólido en nuestro país”, expuso el banco central ayer en su comunicado de política monetaria.“Será necesario llevar a cabo los ajustes requeridos en las finanzas públicas,
incluyendo a Pemex, para absorber el choque a los ingresos públicos que
ha representado la caída y el deterioro de las perspectivas del precio
del petróleo”
EXCÉLSIOR
En México se han localizado 662 cuerpos en
201 fosas, relacionados con crímenes del fuero federal y que la
Procuraduría General de la República (PGR) reportó al Senado.Información que las autoridades de seguridad entregaron a los
legisladores da cuenta que, entre agosto de 2006 y octubre de 2015, se
han encontrado fosas en 16 entidades federativas.La PGR detalló que logró la identificación del 18% de las 662
víctimas halladas enterradas. La dependencia explicó que el estado de
descomposición de 380 cuerpos, que son 57.4% de los casos, no ha
permitido saber su sexo.De acuerdo con los datos, 2011 es el año con más cuerpos hallados en fosas, con 207 en 26 sitios distintos.El documento detalla que en Iguala, Guerrero, y los sitios
cercanos a ese municipio, entre octubre de 2014 y junio de 2015, se
encontró un total de 63 fosas, con 133 cuerpos; 82 de ellos hombres y de
los cuales sólo 16 han sido identificados hasta el momento.PGR ha identificado 118 cuerpos hallados en fosas. Son 201 lugares clandestinos desde agosto de 2006, ubicados en 16 entidades.
CNN MÉXICO
Infantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)
torturaron a cuatro personas y violaron a tres de ellas al detener a
seis individuos en Veracruz durante 2012, por lo que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) giró la recomendación 01/2016 a la
Semar, dijo el organismo este jueves.Cuatro de las víctimas fueron sometidas a diversos actos de tortura
como descargas eléctricas en sus genitales y piernas, así como golpes;
otras tres también fueron agredidas sexualmente, refirió la CNDH."Los certificados
médicos y la aplicación del Protocolo de Estambul permitieron acreditar
tortura contra cuatro personas, con la intención de obtener información o
que se confesaran culpables de los delitos que les imputaron", dijo la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.El organismo defensor
de las garantías individuales en México no especificó si las seis
personas eran hombres o mujeres.
El Banco de México (Banxico) anunció este jueves que mantiene la Tasa
de Interés Interbancaria a un día, aunque advirtió que México requerirá
ajustes en sus finanzas públicas, incluyendo a Pemex, debido a la caída
en los precios del petróleo.Considera que el ajuste debe realizarse "para absorber
el choque a los ingresos públicos que ha representado la caída y el
deterioro de las perspectivas del precio del petróleo; modificar la
postura de política monetaria al ritmo que sea pertinente, y continuar
implementando adecuadamente las reformas estructurales, en particular en
el sector de hidrocarburos".La tasa quedó en 3.25%, el mismo nivel que en diciembre
pasado cuando subió desde 3%, luego de que la Fed hiciera lo mismo ese
mes; sin embargo, Banxico también señaló una continua debilidad de la
economía mundial.En un comunicado el Banco Central dijo que su decisión se da en un
contexto en que la economía mundial continúa debilitándose ante la
atonía del crecimiento de los países avanzados, una persistente
desaceleración de los emergentes y un estancamiento del comercio
mundial.
LA SILLA ROTA
El próximo 17 de febrero, Jorge Mario Bergoglio dirigirá su homilía a más de 200 mil católicos en Ciudad Juárez, municipio fronterizo que apenas hace un lustro fue considerado el más violento del planeta y que hoy es estigmatizado como la cuna del feminicidio.En 2010, Ciudad Juárez registró casi cuatro mil homicidios dolosos y
200 asesinatos de mujeres. Seis años más tarde, la cifra se redujo a 311
asesinatos y 37 feminicidios, y fue nombrada una de las cinco diócesis
sede para la llegada del máximo jerarca católico, quien, según el
episcopado mexicano “clamará por justicia para las víctimas de la
violencia y abogará por un trato más humano para los migrantes”.Ciudad de fieles. Érika Graciela Acosta, es católica y fue víctima de la violencia en
el municipio hace no menos de cinco años. Hoy, regala su testimonio para
los promocionales elaborados por la diócesis de Ciudad Juárez en el
marco de la visita del Papa Francisco a Chihuahua.Érika cuenta su historia y recuerda cómo la violencia le arrebató a
su padre durante un robo en su tienda de abarrotes en 2011, año en el
que perdieron la vida 2 mil 86 personas de manera violenta.“Juárez ahorita se está recuperando” pero “todavía queda mucho de esa
violencia”, dice y recuerda cómo su creencia le ayudó a salir adelante.“Aferrarte a Dios es lo único que te sana. No sé, sientes rabia,
impotencia, coraje, enojo, y de repente llegas a un punto donde quieres
regresar el tiempo y no se puede, no ves la salida y tu única salida va a
ser aferrarte a Dios”, dice.A pesar de que durante la última década las religiones protestantes o
evangélicas crecieron de un 5.2 a 7.6 por ciento, de acuerdo con datos
de la Oficina de Asuntos Religiosos del Municipio, en la ciudad existen
918 mil 853 católicos, lo que representa un 69 por ciento de la
población.
Los poderes judiciales no funcionan en las entidades federativas. Los sistemas de justicia colapsan porque no hay jueces que atiendan los casos pendientes, según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla.“Los
estados han dejado morir sus sistemas de justicia, eso ha llevado a que
los poderes judiciales en los estados simplemente no funcionen; si un
ciudadano denuncia un delito el caso no se desahoga en el sistema, no hay impartición de justicia y sí niveles altísimos de impunidad”, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2016.El promedio del número de jueces disponibles en las entidades federativas —para casos del fuero común— por cada 100 mil habitantes es de 3.5, cifra que
el investigador de la UDLAP considera insuficiente para garantizar el
funcionamiento del sistema de justicia de los estados.Hay 15 entidades
—Puebla, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala, Baja
California, San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Aguascalientes,
Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro— que igualan o están por debajo de ese promedio.En el caso de Puebla, por ejemplo, se cuenta con una tasa de 1.5 jueces para desahogar los casos por los delitos del fuero común denunciados.En el Estado de México, la entidad más poblada del país con más de 15 millones de habitantes, apenas hay 2.3 jueces para cada 100 mil habitantes.
En los últimos dos años la Procuraduría General de la República (PGR) abrió averiguaciones previas por la desaparición de 165 personas en Veracruz, atribuibles a grupos del crimen organizado, y donde una de las líneas de investigación apunta a la posible colaboración de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del estado.Autoridades de la PGR revelaron a Animal Político, que el Ministerio Público de la Federación tiene en curso ese número de averiguaciones previas tan solo en el periodo de 2014 a 2015.La
mayoría de esos casos no fueron del conocimiento o no son parte de las
investigaciones de la Fiscalía del Estado, pues son indagados
directamente a nivel federal.La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trabaja en la
identificación de las redes de vínculos entre las decenas de
desapariciones y de probables responsables.Un ejemplo de ello es el caso del ex delegado de la policía estatal en Tierra Blanca Marcos Conde Hernández,
detenido por su vínculo con la desaparición de cinco jóvenes el pasado
11 de enero, pero que también es investigado por su probable
intervención en por lo menos una decena de desapariciones ocurridas en los municipios de La Antigua y Boca del Rio.La
línea de investigación que trabaja la SEIDO es que casos como el de los
cinco jóvenes en Tierra Blanca no obedecen a un hecho circunstancial,
sino a una acción premeditada de policías que privan de su libertad a personas por encargo de los grupos criminales.
La Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) aprobó la jubilación de Humberto Moreira como trabajador de la
Secretaría de Educación de Coahuila, por un monto de 37 mil 129 pesos
mensuales.El exgobernador de Coahuila inició su carrera profesional en 1985
como profesor de una secundaria técnica, cargo que sustituyó en 1988 por
un puesto en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. De acuerdo con información difundida en Radio Fórmula, a la primera quincena de diciembre, Moreira tenía tres años de docencia y 27 años 15 días como comisionado.En esos años como comisionado, Moreira se dio tiempo para ser el
titular de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila de 1999 a
2002. Luego fue alcalde de Saltillo de enero de 2003 al junio de 2005 y
de ahí saltó a la gubernatura, cargo que desempeñó de diciembre del 2005
a enero del 2011.Para rematar, el maestro comisionado por el SNTE fue presidente
nacional del PRI de marzo de 2011 a diciembre del mismo año, cargo al
que tuvo que renunciar por las presiones en su contra por el millonario
endeudamiento en que dejó a Coahuila.Todavía Moreira presumió su autoexilio en Barcelona en donde dijo que
estudiaba una maestría becado por el sindicato magisterial.El pasado 15 de enero, Humberto Moreira fue detenido en España
acusado por presunta participación en lavado de capitales, malversación
de caudales públicos, cohecho y organización criminal.Sin embargo, el pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional
española Santiago Pedraz levantó las medidas cautelares que impuso al ex
presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que
se le devolvió su pasaporte y viajó a la Ciudad de México.
Organizaciones de derechos humanos exhortaron al Papa Francisco que
en sus discursos y encuentros oficiales considere “la alarmante
situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos” y
que incluya en su agenda a las víctimas que “requieren el reconocimiento
y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado
mexicano”.A unos días de que arribe el jefe del Estado Vaticano al país,
decenas de organizaciones firmaron una carta abierta en la que exponen
datos duros sobre la persistencia de violaciones a derechos humanos en
el país y casos particulares ocurridos en entidades que visitará del 13
al 17 de febrero.Tras reconocer la labor de la Santa Sede “en la promoción del derecho
humanitario internacional”, recordaron que el año pasado en visitas al
país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNIDH),
constataron “la situación de extrema inseguridad, violencia e impunidad,
y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas,
desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de
un conflicto armado reconocido”.
REPORTE ÍNDIGO
El escenario fiscal mexicano se aproxima a su punto más crítico desde
que inició la Gran Recesión de 2008. Después de que el gobierno
promovió una política de estímulos contracíclicos e incremento del gasto
público para hacer frente a la crisis en el 2009, el déficit fiscal ha
adquirido una tendencia creciente.El año pasado, éste fue de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el más elevado en casi 30 años.México ha procurado una política de estabilidad macroeconómica que lo
distingue respecto de otros países emergentes. La deuda del país cuenta
con una calificación crediticia de grado de inversión que contrasta con
los bonos basura de Brasil, país cuyo déficit es de 9.3 por ciento del
PIB.Sin embargo, el deterioro del entorno ha complicado la perspectiva de
las finanzas públicas de la mayoría de los países emergentes. México,
caracterizado por su apertura comercial y laxos controles de capitales,
no es la excepción.El petróleo ha perdido alrededor del 70 por ciento de su valor en los
últimos 18 meses. Aunque la dependencia de la economía mexicana ha
limitado la participación de la industria petrolera a una magnitud de 6
por ciento del PIB, el presupuesto federal aún depende en gran medida de
los ingresos petroleros.
ARISTEGUI NOTICIAS
Ante los graves riesgos que corren los datos personales que circulan por internet, es necesario una regulación fuerte que garantice su buen uso, pero también se requiere que los ciudadanos “estrenen su derecho a protegerlos”.Así lo señaló Francisco Javier Acuña Llamas,
comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), al reconocer que los mexicanos “deberíamos haber asumido como sociedad, lo delicado que es el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales”.En entrevista con Notimex, el funcionario señaló que el INAI cuenta
ya con las herramientas necesarias para dar cauce a las quejas de los
particulares cuando se vulnera su derecho a la protección de datos
personales, si bien es necesario que los ciudadanos tengan el coraje y
la determinación para seguir el proceso.Pero del otro lado, reconoció que hace falta un control más
eficiente del internet, no como planteó antes el Senado, donde la
propuesta tenía tintes inquisitoriales, sino donde las autoridades realmente tengan herramientas para detener los ciberdelitos.Y es que, recordó, la protección de los datos personales es algo en
lo que pensamos poco, a pesar de los inmensos campos en los que dichos
datos quedan “volando”, fuera de nuestro control.
Unos 200 mil mexicanos residentes en Estados Unidos son “doblemente invisibles”
porque carecen de documentos de identidad emitidos en ese país y
tampoco poseen acta de nacimiento elaborada en México, alertó este
jueves el grupo civil “Be Foundation“.De acuerdo con el organismo estos mexicanos no pueden acceder a servicios básicos de asistencia social, levantar una denuncia o hacer valer sus derechos, ni en su país de origen ni en el que radican.El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) calcula que en México 14 millones de personas
carecen de registro de nacimiento, mientras que un estudio encargado
por Be Foundation estima que 200 mil mexicanos en esa situación han
emigrado a Estados Unidos.Debido a la falta de documentación, mexicanos que podrían beneficiarse de los alivios migratorios
impulsados por el presidente Barack Obama permanecen sin permisos de
trabajo y susceptibles de ser deportados, apuntó Karen Mercado,
presidenta de la organización.A fin de dimensionar el problema, Be Foundation gestiona desde este
año una línea telefónica para documentar los casos de los inmigrantes
mexicanos sin documentos de identidad, así como para asistirlos para que abran expedientes en registros civiles de sus estados de nacimiento.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
El senador Manuel Bartlett argumentó que la propuesta en materia de Mando Único enviada
por el Ejecutivo federal y ahora en revisión en el Senado de la
República, tiene por objetivo desarticular el sistema político mexicano,
a través de la eliminación de las policías municipales del país con lo
que de facto desaparecería la autoridad del municipio, lo que
facilitaría la imposición de las llamadas “reformas estructurales”.El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) recordó que el mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo
que es más fácil controlar a 32 que a más de 2 mil 800 policías
municipales, pues ese ese el objetivo de fondo de la administración
peñista: controlar y no hacer más eficientes a las corporaciones de
seguridad.Denunció que Osorio Chong ha presionado al Senado, lo mismo que la
Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) y que el presidente de esta
instancia, Eruviel Ávila, repitió el mismo argumento que el exgobernador
de Hidalgo.Sin embargo, el político poblano agregó que otra arista de la presión
para que se apruebe el Mando Único viene de la Unión Americana, pues
Peña Nieto no ha cumplido con lo que se le ordenó desde Washington; es
decir, el establecimiento de un régimen que privilegie el cuidado de los
intereses de las empresas transnacionales que desde la entrada en vigor
de la reforma energética, están detrás de este tipo de recursos en
territorio mexicano.
De todas parte de la República, jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados, donde gritaban “¡Gobierno, ratero,
te robas mi dinero!” ya que declararon que no se les ha pagado bonos de
despensa y previsión social, lo que equivale a una cantidad mensual de
710 millones de pesos.Vicencio Chávez Romero, presidente del Comité Ejecutivo de la
Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, denunció que el ISSSTE se
embolsa al mes 365 millones de pesos por bonos de despensa y 345
millones por previsión social, y aunque diga la institución que no es
cierto, mensualmente aparecen descontados en nuestro talón.La Coalición Nacional de Jubilados, integrada por 35 organizaciones,
ya ha ganado 4 demandas sobre el derecho de pago; en la legislatura
pasada los diputados instaron al director del ISSSTE a pagar; y hasta
la propia alcaldesa Gisela Mota, quien fue asesinada el 2 de enero,
presentó un acuerdo para exhortar al gobierno estatal a realizar el
pago, acción que hasta el momento no se ha cumplido, detalló Chávez
Romero.
El pasado 13 de enero, Karla Romero Tezmol
-niña de 11 años de edad- desapareció en la comunidad de San Pablo del
Monte, en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con testimonios de vecinos
de la localidad, la menor fue interceptada por un grupo de sujetos, que a
la fuerza, subió a la niña a un vehículo.A más de 20 de días de los hechos, Olga Tezmol Juárez, madre de la
menor desaparecida, denunció la actitud negligente y omisa por parte de
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala en torno al caso.
Manifestó que esta institución no ha emprendido una investigación seria
de los hechos, a pesar que hay indicios que la menor podría ser víctima
de trata.Tezmol Juárez explicó que a más de tres semanas, la PGJ del estado se
ha negado a activar la Alerta Amber, a pesar que el protocolo para
atender esta clase de casos mandata la puesta en marcha de la
herramienta. Además que las autoridades han tratado de involucrar a los
familiares -concretamente a la madre y padre- como responsables del
crimen.Las irregularidades por parte de la PGJ de Tlaxcala
para investigar el caso se presentaron desde el momento en que la madre
de la víctima presentó la denuncia. De acuerdo con Olga Tezmol las
autoridades no iniciaron una averiguación previa por los hechos y sólo
se limitaron a emitir un acta circunstanciada.
SIN EMBARGO
De acuerdo con datos de Redim, de enero a noviembre de 2015, 4 niñas
y niños de entre 0 y 4 años perdieron la vida a causa de hechos
violentos presuntamente vinculados con el crimen organizado, a nivel
nacional. Mientras que de enero de 2010 a noviembre de 2015, 63 niñas y
niños de 0 a 4 años han perdido la vida a causa de hechos violentos
presuntamente vinculados con el crimen organizado, en el país.La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Foro
Oaxaqueño de la Niñez (FONI) condenaron el asesinato de un bebé de 9
meses y su padres en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y sostuvieron que este
homicidio es una “expresión de la normalización de la violencia armada
resultado de la equivocada estrategia de seguridad del Estado mexicano
frente al crimen organizado”.“[El] homicidio brutal de un bebé de 9 meses y su madre adolescente
de 17 años de edad, es expresión de la normalización de la violencia
armada resultado de la equivocada estrategia de seguridad del Estado
Mexicano frente al crimen organizado”, consideraron hoy ambas
organizaciones en un comunicado.El pasado viernes, en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región
de la Costa oaxaqueña, fueron asesinados el comerciante, de 24 años de
edad, quien llevaba a su hijo de siete meses e iba acompañado de su
esposa.Esta familia se encontraba afuera de una tienda cuando fueron
atacados por un grupo de hombres armados alrededor de las 11:00 de la
noche.
El Índice de Impunidad México 2016 enfatiza que la impunidad
es uno de los problemas que más aqueja a la sociedad y que tiene sus
raíces más profundas en otros conflictos estructurales y funcionales de
las 32 entidades. En los casos de Quintana Roo y el Estado de México,
los dos que lideran ese indicador, la pobreza y los niveles de
endeudamiento que tienen los estados superan o compiten con su
incidencia de impunidad.El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la
Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), dio a conocer que existen 13
entidades del país con un nivel “muy alto” en el rubro. Además, ese
indicador destacó que a escala mundial, la Nación tiene uno de los
peores desempeños y se ubica en el lugar 58 de un índice de 75.7.Los estados con mayor nivel de impunidad son Quintana Roo y el Estado de México.En el primer caso, la entidad gobernada por el priista Roberto Borge
Angulo tiene el pasivo per cápita más alto entre las 32 entidades del
país, con 14 mil 441 pesos por cada uno de sus ciudadanos, de acuerdo
con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Cuando Borge Angulo asumió el Gobierno de Quintana Roo, el 5 de abril
de 2011, el estado reportaba una deuda pública de 9 mil 791 millones de
pesos. Hoy, casi cinco años después, ese pasivo se ha convertido en el
más alto del país, medido por el número de personas.Si ese rubro se mide por el monto, la entidad con mayor deuda del
país es el Distrito Federal, con 67 mil 591 millones de pesos, según las
cifras de la SHCP.
Las acciones de Gobierno que promueven los privilegios para
algunos grupos también fomentan la corrupción y evitan que exista
igualdad de oportunidades para la mayor parte de los ciudadanos. La corrupción es otro de los elementos que acentúa la desigualdad en
México, principalmente cuando existen acciones de Gobierno que promueven
los privilegios para algunos grupos. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analitics,
subsidiaria de la calificadora de riesgos Moody’s Corporation, señaló
que esta desigualdad también se ve agravada por los obstáculos para la
libre competencia.“Cuando en un país se trata de aumentar la apertura
económica, pero esto va acompañado de privilegios concedidos y el uso de
la energía, la acumulación de riqueza se concentra en menos manos y la
desigualdad de ingresos en México puede explicarse por todos estos
factores”.“El Gobierno federal no ha hecho mucho por dar una respuesta
contundente al tema de la corrupción, al uso de poder para beneficiar a
unos cuantos y al tráfico de influencias”, expresó Coutiño, quien
también destacó cómo “la falta de transparencia da la imagen de que el
país vive en un ambiente permanente de corrupción”.
LA JORNADA
Anticipa entorno "deprimido y largo" para los petroprecios
Aconseja "ajustar" finanzas de gobierno y Pemex para atenuar choques
Mantiene en 3.25% su tasa de referencia para evitar mayor inflación
La economía mundial continúa hacia la baja, advierte el banco central
Roberto González Amador
Fotoportada
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, y el legislador priísta Emilio Gamboa, en la conferencia que se ofreció al término de la reunión con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado Foto Francisco Olvera
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