Pedro Miguel
Periódico La Jornada
No es insulto sino
memoria. Cuando Pinochet se dio cuenta de que no tenía más remedio que
restituir en algún grado –así fuera en grado de remedo– las
instituciones democráticas que había abolido tras el golpe militar de
1973, mandó redactar una constitución a modo que le asegurara el control
del Legislativo. En ella se definió un número fijo de senadores
designados: tres por la Corte Suprema, dos por el propio Pinochet y
otros cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, también por
Pinochet, además de los ex presidentes, uno de los cuales habría de ser
el tirano mismo. De esa manera la dictadura se garantizaba una bancada
propia –un tercio del Senado– conformada al margen de las urnas.
En el diseño del congreso constituyente para la Ciudad de México el
miedo a la voluntad de la gente fue incluso más acentuado que en el
Chile de Pinochet y el régimen se aseguró el control del 40 por ciento
de la representación. Tiene razón Peña Nieto cuando dice que el nuevo
estatuto en proceso para la capital de la república es un triunfo del
Pacto por México: ese conglomerado de intereses oligárquicos y mafiosos
logró imponer a la sociedad capitalina un esquema de constituyente con
los dados cargados a favor de los poderes fácticos y contrario al
principio de soberanía popular.
De esta manera se pretende asegurar que el texto constitucional para
la capital perpetúe en su redacción la abusiva injerencia presidencial
que han padecido los habitantes de la ciudad desde los orígenes de la
república y que no vaya a resultar contrario a los intereses de los
componentes del Pacto por México: las famiglias priístas bajo
la conducción coyuntural de Peña Nieto, las tribus perredistas y los
variopintos intereses coaligados en el panismo, más las empresas
políticas menores, también alineadas al régimen, así como las
candidaturas
independientesque lo serán de partido pero no de inversionistas a trasmano.
Los constituyentes designados por los jefes de los ejecutivos federal
y local (sobre) representarán a poderes públicos emanados del fraude,
en el caso del primero, que compró los sufragios que le faltaban para
llegar a Los Pinos, y de la traición a sus votantes, en el caso del
segundo, quien al día siguiente de instalarse en el puesto empezó a
poner en práctica políticas contrarias a sus compromisos de campaña. Con
los constituyentes de la presidencia, la jefatura de gobierno y el
congreso federal se insuflará vida más allá de la muerte a la
correlación de fuerzas políticas que imperaba en 2012, adulterada por la
intromisión de intereses supranacionales –los que dictaron el nuevo
ciclo de reformas neoliberales–, el lavado de dinero de las tarjetas
Monex y Soriana y la inserción definitiva del perredismo chucho en el
régimen oligárquico.
El constituyente capitalino estará formado por cien diputados y
40 de ellos serán designados a dedo. Habida cuenta de que las
resoluciones deberán ser aprobadas por dos tercios de los integrantes,
el oficialismo estará en condiciones de vetar cuanta propuesta sea
considerada potencialmente perjudicial por el régimen. A las facciones
del Pacto por México les bastaría con ganar, en conjunto, 26 de las 60
curules sujetas a elección para definir a sus anchas el texto
constitucional. Tal y como está definida, en suma, la reforma política
que convierte al Distrito Federal en Ciudad de México busca perpetuar el
secuestro de la voluntad popular capitalina por los poderes federales
–especialmente el Ejecutivo– y que tratará de legitimar e
institucionalizar las políticas privatizadoras, opacas y autoritarias
del mancerato.
Con todo, la sociedad cometería un error grave si optara por
marginarse del proceso constituyente, el cual será un foro invaluable
para exponer, promover y defender, entre muchas otras cosas, los
instrumentos de la democracia participativa –revocación de mandato,
consulta popular, mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización de
los gobernantes por los gobernados–, la orientación social y pública de
la administración urbana, la incorporación de los derechos indígenas al
marco legal, el avance en los derechos y libertades de género y
reproductivos, la prohibición de convertir la reglamentación citadina en
oportunidades de negocio para particulares, la codificación de normas
urbanas y ambientales que detengan el deterioro y el caos en la urbe, la
derogación de los preceptos represivos contenidos en la legislación
local y la supresión del Cuerpo de Granaderos, entre muchas otras cosas.
Si hay cohesión y coherencia en las propuestas sociales y populares,
será posible plasmar cambios reales en la constitución capitalina y
avanzar hacia la consecución de la plena soberanía popular en la capital
de la república.
Twitter: @Navegaciones
No hay comentarios.:
Publicar un comentario