Por Témoris Grecko www.facebook.com/temoris www.temoris.org
Con carácter inmediato, el gobierno le dio al Ejército
el control de las cámaras de los C4 (centros de control, comando,
comunicaciones y cómputo) de Acapulco, para apoyar la estrategia de
seguridad. Una estrategia que, por cierto, a nivel de todo el Estado ya
está bajo control del Ejército: el comandante de la IX Región Militar de
Acapulco, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, no sólo
es el jefe de cada soldado en Guerrero, sino que es el coordinador de la
estrategia federal de seguridad para la entidad, lo que le otorga poder
de decisión sobre prácticamente todas las corporaciones policiacas que
actúan ahí: federales, estatales y las de todos los municipios que han
aceptado el mando único.
¿Cuál es el antecedente de tener al Ejército controlando el C4? Sí,
no se equivoca usted: Iguala. En la noche del 26 y 27 de septiembre de
2014, militares a cargo del C4 monitorearon el movimiento de los
normalistas desde que salieron de Ayotzinapa y mientras estaban siendo
atacados, asesinados y transportados a la desaparición.
¿Cuáles son los antecedentes del general de brigada Saavedra
Hernández? Se lo contamos en el documental #MirarMorir. El Ejército en
la noche de Iguala”: antes era general brigadier y comandante de la 35ª
Zona Militar de Chilpancingo, que cubre la mitad norte de Guerrero, y
entre los batallones que tenía bajo su mando estaba el 27º de Iguala, el
que miró morir a seis mexicanos y permitió la detención ilegal de 43
más. El coronel Rodríguez Pérez, del 27º, mantuvo constantemente
informado al general Saavedra de lo que pasaba. El Ejército sólo le
entregó a la PGR algunos reportes que le envió el coronel al general,
pero no las órdenes que Saavedra le dio a Rodríguez, y que serían clave
para entender con mayor precisión el rol del Ejército en estos crímenes.
Lo que sea que haya hecho, dicho y ordenado Saavedra debió satisfacer
gratamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque fue premiado:
el 20 de noviembre de 2014, cuando no habían pasado ni dos meses de los
ataques en Iguala, el secretario general Salvador Cienfuegos le
concedió a Saavedra el ascenso a general de brigada. Diez días después,
el 30 de noviembre, lo promovió a comandante de la IX Región Militar,
con lo que lo convirtió en el hombre fuerte del estado. Pero no era
suficiente: el 27 de octubre de 2015, el gobierno de Peña Nieto le
otorgó la coordinación de la estrategia federal de seguridad.
Saavedra Hernández recorrió todo el camino hasta la cumbre desde que
llegó por primera vez a Guerrero, en noviembre de 2004 como jefe de
Estado Mayor nada menos que del 27º Batallón. Su comandante era el
general de brigada Sergio Arau Cámara, quien a su vez era próximo al general Mario Arturo Acosta Chaparro, procesado por narcotráfico.
Y aquí hay otro antecedente: entonces con el rango de coronel, Acosta
Chaparro fue lo más parecido a Saavedra Hernández como hombre fuerte de
Guerrero, cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa le dio, en 1975,
el mando de todas las fuerzas estatales para seguir la Guerra Sucia en
la que desaparecieron más de 1500 personas, con vuelos de la muerte en
los que se arrojaba a las víctimas al mar y asesinatos perpetrados por
propia mano de Acosta Chaparro.
La diferencia es que Acosta Chaparro no tenía comandancia en el
Ejército mientras ejercía funciones civiles. En contraste, el general
Saavedra tiene al Ejército bajo su mando total. Y a las fuerzas
federales, bajo su “coordinación”.
GUERRERO, ¿EL MÉXICO DEL FUTURO?
Guerrero es un estado militarizado desde que los presidentes Díaz
Ordaz, Echeverría y López Portillo le encargaron destruir a las
guerrillas a cualquier costo, hace casi medio siglo. Sus comandantes, a
través de sus órganos de espionaje y de la información que les proveen
los militares y exmilitares incrustados en puestos policiacos y
políticos, además de sus asociados, saben todo lo que ocurre y conocen
los detalles del trasiego de drogas, una industria que representa miles
de millones de dólares. Fue bajo su mirada que el Pentágono de la
Amapola se convirtió en el principal productor de adormidera del
continente americano. Acosta Chaparro fue uno de los grandes promotores
de este negocio ilegal.
Es, sin lugar a dudas, el gran poder del estado, por encima de los
bandos criminales, de los caciques y de las autoridades políticas. Al
gobernador priísta Héctor Astudillo nadie le preguntó si estaba de
acuerdo en poner al general Saavedra al frente de la estrategia federal
de seguridad: sólo le dijo a la prensa que no pudo decir que no.
Más adelante mostró su incomodidad, tuvo algunos roces con el general, e
incluso en enero de 2016 hubo un intento fallido de retirarlo de la
coordinación: con base en una filtración, algunos medios informaron que
había sido sustituido por el general Gabriel García Rincón.
Esto no se materializó y el general Saavedra ha seguido presentándose
ante los medios para convencer de lo absurdo, como que “todos los
índices delictivos van a la baja en Guerrero”.
¿Es Guerrero el espejo en el que debemos figurarnos el México del futuro?
Puede ser la ambición de un hombre, la estrategia de una facción
militar o nada menos que la voluntad de la fuerza armada: el hecho es
que, al menos desde la institucionalización del régimen revolucionario,
el Ejército nunca había tenido tanto poder legalmente otorgado en
Guerrero.
A nivel federal, también van por más. Un Ejército responsable se
hubiera ocupado de cooperar en todo lo posible con la investigación del
caso de violación de derechos humanos más brutal del México
contemporáneo, el de la noche de Iguala, pero los generales han hecho
exactamente lo contrario: han retenido información, ocultado evidencias,
obstaculizado los trabajos, con base en argumentos tan irregulares como
que el secretario general Cienfuegos no sería quien es si permitiera
que se entrevistara a sus soldados, más allá de sus obligaciones
legales, de su responsabilidad institucional y de su papel
constitucional.
El Ejército no sólo resistió la presión nacional e internacional para
que facilitara la investigación: el 21 de abril, en un proceso extraño
con maniobras en lo oscurito para colar modificaciones fundamentales
para la vida del país, sin debate y en siete minutos, el Senado aprobó
cambios al Código Militar de Procedimientos Penales que, en palabras del
senador Manuel Bartlett, crean “un sistema dictatorial” porque el
dictamen va “más allá de la justicia militar, viola la Constitución,
engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.
En un reportaje publicado en Proceso por Jenaro Villamil,
se describe cómo es que estas modificaciones exponen a la población
civil a abusos en juzgados militares, con falta de garantías y de
criterios claros, sin protección para víctimas de violaciones de
derechos humanos, con facilidades para que los soldados cateen casas de
civiles e intervengan comunicaciones, obligando a declarar a menores de
12 años. Además abren vías para asegurarse la impunidad mediante la
evasión de la justicia civil. (¡Ah! Y los periodistas no podremos cubrir
los juicios de militares).
En realidad, todo esto ya ocurre, pero si reunimos las pruebas, en
teoría es posible denunciar y procesar a los militares responsables. Con
estos cambios, ni podemos tener acceso a las evidencias ni -aunque
consiguiéramos pruebas- podríamos hacer nada porque sus acciones serán
legales.
EL EJÉRCITO VISTO POR EL EJÉRCITO
Llama la atención que el tetrapartito que domina el Poder Legislativo
(PRI, PVEM, PANAL, PES) esté recurriendo a trucos para pasar medio a
escondidas lo que podría hacer aprobar sin problemas, gracias a sus
mayorías de escaños. No quieren ser vistos por la opinión pública.
Pero éste y otros endurecimientos de la ley no vienen aislados. Un interesante reportaje de Ana Carbajosa
(que recomiendo leer) muestra cómo es que, a partir del shock de las
revoluciones árabes que provocaron la caída de dictadores fuertes, con
un nutrido uso de internet y sus redes sociales, regímenes en todo el
mundo han reaccionado introduciendo medidas para limitar las reacciones
de la sociedad civil. La periodista cita a Thomas Carothers, del
Carnegie Endowment for International Peace: “Asistimos al mayor esfuerzo
conjunto de gobiernos desde los años 80. Las leyes restrictivas forman
parte de un fenómeno profundo que marca el fin de la apertura de los 90 y
el estancamiento democrático”.
Es decir, no se trata sólo del Ejército, sino del régimen en un
sentido amplio (es decir, el tetrapartito y otros partidos y
organizaciones beneficiarias del estatus quo) que se protege ante sus
ciudadanos. Las fuerzas armadas, no obstante, juegan un papel clave en
esta operación.
¿Será que un Ejército más poderoso e injerencista podría, por lo
menos, traer la paz al país? O sea, orden sin libertades, pero orden.
Hay que ver lo que han hecho. ¿Cuál es su interés por encubrir a toda
costa las redes de complicidades que permiten que Iguala sea una
capital de la industria de la heroína, un negocio de miles de millones
de dólares?
En nuestro documental #MirarMorir mostramos también la forma en que
el Pentágono de la Amapola está estratégicamente custodiado por diez de
las doce bases militares y navales que hay en Guerrero. Y los cultivos y
el tráfico siguen creciendo. No le han puesto un alto.
Es bastante elocuente que en su propia argumentación, el Ejército se
describe a sí mismo en pésimos términos. El propio general Cienfuegos ha
ido a la televisión a decir que, en la noche de Iguala, sus tropas no
tenían por qué intervenir, que no se enteraron de nada, que un humilde
policía municipal llamado Felipe Flores engañó a sus comandantes. ¡Guau!
Ahora van a controlar las cámaras del C4 en Acapulco, como lo hacían en Iguala en esa noche fatal.
Si uno pone en duda la versión del Ejército, verá que mediante
omisiones, mentiras, ocultamiento y destrucción de evidencias, y
obstaculización de las investigaciones, la institución es cómplice de
esos crímenes.
Creer su versión, sin embargo, no deja mucho mejor parado al
Ejército: confundido, incapacitado, distraído, engañado por cualquiera:
este Ejército tendría entonces que responder por sus limitaciones, su
torpeza y su insensatez.
¿Así quieren salvar a Acapulco?
¿Y a México?
***
Nuestra película documental #MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala” sigue en cartelera. Checa www.facebook.com/mirarmorir para ver cines y horarios.
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para ver los videos y fotos de “Los 12 mexicanos más pobres. El lado B
de la lista de millonarios”. El libro ya está a la venta.
Ambos son proyectos de Ojos de Perro vs la Impunidad y Cuadernos Doble Raya. El segundo con el gran apoyo de Oxfam México.
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