Dependencias incumplen el Programa Especial de Migración

   Inmujeres y Sedesol, sin acciones a favor de las migrantes

Por falta de presupuesto, difusión y coordinación, algunas dependencias federales incumplen con los objetivos del Programa Especial de Migración (PEM 2014-2018), que es la única política migratoria a nivel federal con enfoque de género.

A dos años de que se promulgó el PEM, Berenice Valdez, coordinadora de Política Pública del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), evaluó que los únicos avances que ha tenido este programa, y en gran medida gracias a la sociedad civil, es el involucramiento de más dependencias federales a parte de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores, que por mandato legal están obligadas a participar.

Pero en su implementación, el PEM ha tenido un “estancamiento” –a decir de la activista–, y los impactos directos en la población aún no han podido verse porque las reformas normativas no se han concretado.

Por ejemplo, Imumi destacó que a pesar de que en este programa migratorio se incorpora por primera vez la perspectiva de género, no se está atendiendo a las mujeres, ni siquiera en acciones afirmativas que no requieren presupuesto, como por ejemplo adaptar los horarios de atención a los de las mujeres en las comunidades.

“No hay ninguna acción de los gobiernos federal y estatal para facilitar los trámites, para que ellas y sus familias accedan a sus derechos”, reconoció Valdez.

Por ejemplo, una institución obligada en el PEM a realizar acciones a favor de las migrantes es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pero a decir de Imumi ésta es una de las dependencias más ausentes, ya que ni siquiera forma parte del Consejo Consultivo de la política migratoria.

Lejos de contribuir a apurar los resultados del PEM, el Inmujeres “se ha estancado” –sostuvo la experta en política pública– en implementar medidas de prevención, y no se coordina con otras secretarías para atender este programa federal.

Imumi señaló que lo único que hizo Inmujeres, institución encargada de coordinar la política de igualdad de género en el país, fue alinear las propuestas del PEM en su programa ProIgualdad, para lo cual incorporó en todos sus objetivos acciones a favor de las personas migrantes, pero sin ejecutarlas, ya que en el anexo de indicadores y presupuesto no hay nada en concreto para las migrantes.

Valdez señaló que el Inmujeres se ha dedicado en este tiempo a difundir un directorio de programas nacionales migratorios que no están alineados al PEM, en cuanto a su enfoque de Derechos Humanos (DH) y género.

Otra institución clave en la implementación del PEM, pero ausente, es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que tampoco participa en ningún consejo o estructura formal dentro de la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Segob, y por el contrario excluye de los programas sociales a las mujeres migrantes.

Y en el caso de otras secretarías, algunas que sí están participando, como la Secretaría de Educación Pública, los avances de reformar algunas normas –como que las escuelas no pidan documentos apostillados de estudiantes extranjeros– no se están ejecutando en lo cotidiano por falta de difusión e información en los estados.

En general, para la implementación del PEM sigue haciendo falta un presupuesto (que desde el principio quedó a determinación de cada dependencia), difusión y más comunicación en los tres órdenes de gobierno, señaló Valdez.

Pero lo más grave –acotó– es que en los estados se desconoce el PEM.

SIN INFORMACIÓN

Imumi recriminó que los indicadores para medir los resultados de este programa estuvieron mal planteados por el gobierno federal desde el principio, y que al día de hoy no los han modificado.

Estos indicadores, dijo Valdez, no responden a las necesidades del programa, ni se han modificado según la generación de información nueva, y aún no está planteada la propuesta para reformularlos.

Entre las primeras metas del PEM, recordó Valdez, está pendiente la armonización de la Ley de Migración con los reglamentos estatales, pero aunque la UPM ya tiene los análisis de qué artículos se deben reformar, hoy no hay un sólo estado que haya hecho esas modificaciones.

En contraste, el gobierno federal puede documentar toda la estructura que implementó para ejecutar el Plan Frontera Sur –una política de control migratorio que se aprobó dos meses después del PEM y sin consultar con organismos de la sociedad civil–, el presupuesto que ejerció para ese programa y sus resultados.

A decir de Imumi, con estas acciones el mensaje que está mandando el gobierno federal a las organizaciones civiles que participaron en el PEM es que “les va a permitir intervenir en el desarrollo y diseño de programas, pero esos son a los que menos prioridad le van a dar”.

En medio de un contexto de violaciones constantes a las garantías humanitarias de la población migrante, el 30 de abril de 2014 se  publicó en el Diario Oficial de la Federación el PEM: un programa federal en el que trabajaron por más de un año grupos civiles y la UPM, para integrar cinco objetivos y 190 líneas de acción para atender a la población migrante desde un enfoque de DH y e igualdad de género.

Este programa es el único a nivel de política pública en materia de migración que contiene acciones detalladas, para priorizar la atención en salud, la no discriminación y en general el ejercicio de derechos para las mujeres migrantes y sus familias, tanto las extranjeras en México como las mexicanas en el exterior.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.-