Reyna
Gómez Solorzano es una mujer que fue condenada por homicidio culposo a
25 años de cárcel por herir a su concubino en defensa propia. Su
detención fue arbitraria y estuvo sometida a tratos crueles y
degradantes por parte de la policía estatal. Está detenida en una cárcel
de Chetumal, en el estado de Quintana Roo desde hace 10 meses.
El caso es hiper complejo, no sólo por
la vulnerabilidad de la acusada, – una mujer de 45 años, originaria de
Belize, de dónde huyó de la miseria para pasar los últimos 30 años en
México trabajando como doméstica en casas de familia – sino porque ella
misma es una víctima que se defiende y todo se le vuelve en contra.
Fue la propia Reyna la que llamó a la
ambulancia y a la familia del marido herido, esperó junto a él y la
herida a cuchillo que le había hecho para defenderse de su ataque. La
atención médica demoró más que la policía: al tiempo que el herido se
moría, Reyna era secuestrada por los policías que se presentaron en su
casa. La afirmación parece fuerte, pero los hechos así lo demuestran.
Los agentes se la llevaron de su casa y
la retuvieron, la incomunicaron y la agredieron físicamente, la acusaron
de haber huido cuando siempre estuvo bajo control de sus captores, los
policías estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un
dictamen en el que sostiene que lo sucedido fue una detención arbitraria
y de tratos crueles y degradantes antes de ser entregada en el Centro
de Reinserción Social de Chetumal.
La Red de Feministas Peninsulares
conoció acerca de su caso y se acercó a la familia, únicamente integrada
por Jorge, el hijo de Reyna. Integrada por mujeres y defensoras de
derechos humanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Reyna las aceptó
como coadyuvantes en su caso.
“Vamos a exponer todas las
violaciones a los derechos de la imputada: cómo no se le garantizó un
juicio adecuado y transparente, que derivó en una condena injusta. Lo
que pretendemos y vamos a argumentar es que tiene que reponerse todo el
proceso. El juicio a Reyna está viciado, por lo que debe hacerse uno
nuevo. Es la mejor manera de garantizar sus derechos, sobre todo en su
caso, en que fueron sistemáticamente violados”. Argentina Casanova es la Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y Género de Campeche e integra la Red ya mencionada.
El nuevo sistema penal acusatoria
habilita la participación de la sociedad civil mediante el permiso de
las víctimas y mucho más de los acusados. Sin embargo, la participación
de las defensoras ha sido irradiada del caso por la intervención del
defensor público que lleva la defensa de Reyna, Lino Magos Acevedo.
“La Defensoría Pública del estado
hizo que Reyna firmara un papel que señala que esa división es la única
que va a llevar su caso. El problema es que no ha hecho una defensa
adecuada. Reyna ya tiene una pesada condena y el defensor inició la
apelación. Sabemos que Reyna firmó ese papel bajo coacción, ya que está
controlada, le restringieron las visitas, tanto a nosotras como a su
hijo, su único familiar, además de estar en amenaza permanente debido a
la inseguridad con que vive en el Penal”
La Red de Feministas promovió una queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, que ya
conoce el caso, a la vez que envió copia a la Comisión Nacional, para
que dicte medidas precautorias en favor de Reyna durante su reclusión.
“La pretensión de la defensoría de
desplazar a la sociedad civil del proceso penal, negando que coadyuvemos
en el caso, incluso cuando Reyna así nos lo permitió hace meses, es una
muestra de las resistencias al nuevo sistema penal acusatorio. Sobre
todo en lo que involucra a la sociedad civil como monitor de los
procesos judiciales del país”
“Nunca antes los operadores
judiciales habían estado bajo tanta presión para que la víctima tenga
una defensa equilibrada. Es una ventaja del nuevo sistema. Nosotros
asumimos la coadyuvancia del caso a partir de la víctima, que es la
imputada en este caso. Pasamos de que ella nos nombrara como sus
representantes en esa coadyuvancia, a no poder entrar al penal a verla y
perder contacto.”
La distancia de Chetumal, uno de los
puntos perdidos de la República en la frontera con Belize, para la que
no hay vías fáciles de comunicación y transporte – “fijate que nosotras estamos en Campeche y nos toma 5 horas llegar” – sumado a la cerrazón de la defensoría pública, obturan el caso de Reyna para que sea otro de los que quedan en el olvido.
Foto: integrantes de la Red manifestándose frente a la sede del poder judicial actuante // vocesfeministas.com
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