Por: Antonio Aranda
(05 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una historia que aún está lejos de terminar.
Incluso con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), que coadyuvó con las investigaciones del caso por
más de un año, no se cierra el expediente, sino que se abren nuevas
líneas de investigación para conocer la verdad; así como senderos
jurídicos para que altos funcionarios del gobierno federal sean
procesados ante la Corte Penal Internacional.
Cabe recordar que México es parte del Estatuto de Roma y firmó la
creación de la Corte Penal Internacional desde el 28 de octubre de 2005,
lo cual, le obliga a reconocer la competencia de este tribunal para
juzgar crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad, guerra y
desaparición forzada como es el caso de Ayotzinapa.
En este sentido expertos en derecho penal internacional como Raúl
Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y
presidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos, aseguran que los padres de los normalistas desaparecidos
tienen todos los elementos a su favor para llevar a juicio ante la Corte
Penal Internacional a Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano de
colaboradores en el ámbito judicial.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO el abogado Raúl Jiménez detalló que “en una primera instancia se podría llevar a la Corte Penal Internacional a
todos los servidores públicos que participaron de manera activa, es
decir los policías de Cocula y Huitzuco que se los llevaron o al
Ejército que no defendió a los alumnos que estaban siendo atacados. Pero
también está el delito de responsabilidad por cadena de mando, es
decir, que si esas conductas graves fueron producto de la omisión de los
altos funcionarios ellos también podrían ser juzgados en la corte penal
por omisión”.
Tomás Zerón debe salir para no entorpecer investigación de Ayotzinapa
Como se dio a conocer en diversos medios de comunicación el pasado 28
de abril, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la
República (PGR) ya investiga al personal que supuestamente sembró
pruebas del caso Ayotzinapa durante las diligencias periciales del 28 de
octubre de 2014, en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, las cuales
encabezó Tomás Zerón de Lucio en calidad de director en jefe de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Sin embargo para el especialista en derecho Raúl Jiménez Vázquez,
catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM esto no sería
suficiente. En su opinión, Tomás Zerón debería, por mínimo, ser separado
del cargo mientras se realiza la indagatoria.
“No podemos esperar una renuncia de Tomás Zerón, eso es un acto
voluntario y él no lo hará, pero lo que sí se puede hacer es suspenderlo
temporalmente para facilitar el ejercicio de las funciones de control
interno que son responsabilidad de la Visitaduría General de la PGR. De
hecho hasta donde tengo entendido varios partidos políticos han
solicitado la separación de su cargo”.
Estado obligado a ofrecer disculpas
Aunque el abogado Raúl Jiménez Vázquez está convencido de que la
Corte Penal Internacional tiene elementos para juzgar en un futuro
cercano a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores en materia de seguridad
como son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz, y Jesús Murillo Karam, el ex procurador de la
República y autor de la “verdad histórica” también considera fundamental
que el Estado ofrezca a todas las víctimas del caso Ayotzinapa una
disculpa pública y la reparación del daño.
“Tanto las víctimas directas que son los 43 normalistas de
Ayotzinapa, como las indirectas que son los padres de familia, que tenaz
y valientemente han persistido en la necesidad de que fluya la verdad y
haya justicia, deben recibir por parte del Estado una disculpa pública
por el maltrato al que los han sometido, así como la reparación integral
de las violaciones a sus derechos humanos”, enfatizó Jiménez Vázquez.
Gobierno mexicano evade llegar a conclusiones
Para el obispo de Saltillo, Coahuila quien ha sido postulado al
Premio Nobel de la Paz, Raúl Vera, el caso de los desaparecidos de
Ayotzinapa tiene como fondo enviar un mensaje para toda la nación, de
impunidad y sobre todo crear el horror entre la población para evitar
que tome la iniciativa en la exigencia de sus derechos al gobierno
federal.
El prelado declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que la
salida del GIEI, únicas personas con la calidad ética y moral de
supervisar al gobierno mexicano en la investigación, deriva de la falta
de compromiso que tiene el Estado mexicano con la verdad.
“El gobierno mexicano no quiere llegar a una conclusión ¿por qué? por
la colusión que tiene con el crimen organizado y la manera en que el
gobierno va tratando los casos de ofensas y daño a la ciudadanía y los
va administrando. Está administrando el terror y el horror para el
control de la población”.
Finalmente Raúl Vera
señaló que ante la salida del GIEI la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tiene la obligación de tomar el papel de garante en la
investigación sobre Ayotzinapa ya que México tiene compromisos firmados
con esta institución y debe honrarlos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario