Todo se documenta como lesiones: IDHIE
Las cifras de violencia familiar en Puebla podrían ser más graves de lo
que registran las autoridades, debido a que por falta de perspectiva de
género los Ministerios Públicos lo acreditan simplemente como lesiones,
advierte María del Rosario Arrambide González, responsable de
Orientación Jurídica y Sicológica del Instituto de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.
Ambos delitos, lesiones y violencia familiar, son los más comunes contra
las mujeres en el estado, y van a la alza -puesto que de 2011 a 2015
las lesiones se triplicaron y la violencia familiar creció más de 100
por ciento-según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de acuerdo al
diagnóstico que realizó el grupo de especialistas para decretar la
Alerta de Violencia de Género (AVG).
MP no acredita violencia familiar
Para que se acredite la violencia familiar se tiene que comprobar su
continuidad, es decir, al menos tuvo que haber ocurrido un hecho de
violencia previo, además de que si bien no es necesario que ocurra en el
hogar sí tuvo que provenir de un miembro de la familia, pareja o
expareja; en tanto que en el delito de lesiones se encuadra cualquier
tipo de acto aislado.
Los Ministerios Públicos (MP) suelen pedir a las víctimas que lleven
pruebas para acreditar la violencia -como pueden ser testigos o
imágenes- y si no es una prueba formal lo encuadran como lesiones.
“A veces para estos Ministerios Públicos que tienen, a mi parecer, una
visión muy limitada, es más fácil encuadrarlo como lesiones, que les
implica también menos carga de prueba y que les implica también menos
trabajo”, explica María del Rosario Arrambide.
Como ejemplo expone un caso en Chiapas en el que un hombre arrojó a su
esposa desde un primer piso y aunque había antecedentes de violencia
familiar, cuando la mujer denuncia, el MP no lo radica como intento de
feminicidio, sino como una lesión aislada.
En opinión de Arrambide, con las lesiones y la violencia familiar pasa
lo mismo que con el homicidio doloso y el feminicidio: los MP acreditan
el delito que les resulta más sencillo de probar, que en ambos casos son
las lesiones y el homicidio doloso. Por lo cual las cifras de violencia
familiar podrían ser muy superiores a las reconocidas de manera
oficial.
“Las mujeres no denuncian muchos hechos de violencia por diversos
factores como cuestiones de roles de género, la desconfianza, que
también es uno de los datos que arroja la encuesta de Seguridad del
Inegi (…), las dilaciones en los procedimientos y la falta de órdenes de
protección (a pesar de que existen en la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia)”.
El grupo de especialistas que analizó la pertinencia de la AVG –dos
académicos nacionales y dos académicas locales- reveló en el informe
presentado el 28 de junio que existe poco personal sensibilizado en los
temas de género en las áreas de procuración de justicia.
De manera textual se menciona “escasez de personal experto en
psicología, en el área médica, jurídica y de trabajo social, en la
mayoría de las instancias que brindan atención a mujeres víctimas de
violencia, así como falta de contención emocional para el personal del
servicio público en estas áreas”.
Por ello recomendaron realizar programas de capacitación y
profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos y
perspectiva de género para todo el personal de las instituciones
encargadas de la atención, prevención, investigación y sanción de la
violencia contra las mujeres, con sus respectivos mecanismos de
seguimiento y evaluación.
Delitos contra las mujeres
En su informe, el grupo de trabajo que analizó la AVG para Puebla revisó
información de la FGJ sobre delitos contra las mujeres, a la par
comparó con los censos nacionales de Impartición de Justicia Estatal,
Procuración de Justicia Estatal y Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario.
Resulta que de los 11 delitos de los que informó la FGJ ocho aumentaron
de 2011 a 2015: el acoso sexual y las lesiones se triplicaron; el
hostigamiento sexual subió 137.5 por ciento; la violencia familiar 123.7
por ciento; y la violación tumultaria 100 por ciento. Asimismo el
estupro aumentó 70 por ciento; la violación equiparada 29.4 por ciento y
la violación, 14.2 por ciento.
Los cinco delitos más comunes según la dependencia estatal son, en ese
orden: violencia familiar, ataques al pudor, violación, lesiones y
estupro.
Mientras que de acuerdo con las cifras del Censo Nacional de Procuración
de Justicia Estatal, del Inegi, de 2012 a 2015 las lesiones serían el
delito más común, luego la violencia familiar, las amenazas, la
violación y el hostigamiento sexual.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario, elaborado también por el Inegi, refleja que del 2012 al
2015 hubo 640 delitos del fuero común contra mujeres en Puebla, de ellos
128 fueron lesiones, 65 violencia familiar y 43 delitos que atentan
contra la libertad y seguridad sexual.
En tanto que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
manifiesta que de 2011 a 2015 se registraron 3 mil 570 lesiones contra
mujeres; 2 mil 618 casos de violencia familiar; 674 violaciones; 528
homicidios y 132 de otros delitos que atentan contra la libertad
personal.
Crecen delitos porque crece violencia
Para Arrambide González, el incremento de delitos contra las mujeres,
puede obedecer a la falta de prevención y al propio incremento de la
violencia en su contra, más que a un aumento en la denuncia.
De acuerdo con datos del Inegi, en Puebla, 83 por ciento de los delitos
no son denunciados y tres de cada cinco poblanos desconfían de las
autoridades estatales.
La organización México Evalúa en su estudio “Justicia a la Medida”
indica que en la entidad sólo se denuncian 17.1 por ciento de los
delitos, además de que sólo dos de cada cinco víctimas tuvieron trato
satisfactorio por parte del Ministerio Público que los atendió. Con
estos resultados Puebla se coloca como uno de los cinco estados donde
los ciudadanos tienen menos confianza en la justicia.
La falta de órdenes de protección es otra de las cuestiones en las que
se hace hincapié en el informe del grupo de trabajo, ya que a pesar de
los 9 mil 820 casos de violencia familiar reportados por la Fiscalía,
sólo se otorgaron 381 órdenes de protección del año 2013 al 2016, lo que
equivale apenas a casi 4 por ciento.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx
Foto: Libertad Contreras
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.-
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