(21
de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- 139 casos de desaparición
forzada en contra de activistas o luchadores sociales, han sido
contabilizados a lo largo de dos sexenios, (2006-2016) producto de una
investigación realizada por el Comité de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón el
Comité registró 56 casos de desaparición forzada en contra de
activistas o luchadores políticos, de los cuales 31 personas aún siguen
desaparecidas, mientras que en 13 casos la desaparición culminó en una
ejecución extrajudicial, en tanto que en 12 casos más las personas
fueron liberadas después de haber sido sometidas a tortura.
“El regreso del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) al poder el 1 de diciembre de 2012, corroboró lo que
muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares
habían anticipado: la continuidad de las violaciones a derechos humanos
producto de la misma política de seguridad iniciada por Calderón”, versa
el documento 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
El Comité da a conocer que a partir del
año 2006, con la puesta en marcha de “la supuesta guerra contra el
narcotráfico”, las desapariciones forzadas adquirieron nuevas
dimensiones, ya que ahora no sólo se cometen en contra de disidentes
políticos, defensores de derechos humanos, activistas o luchadores
sociales, sino en contra de amplios sectores de la sociedad no
organizada.
A su vez se menciona que existe una
agudización en la violación a los derechos humanos, la cual se ha ido
perfeccionando con el paso de los años hasta convertirse en lo que es
hoy: una política de Estado desarrollada para infundir terror y mantener
el control social.
Nadín Reyes, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, declara a Revolución TRESPUNTOCERO,
que siendo hija de un luchador político, en conjunto a su familia han
sido víctimas de hostigamiento y amenazas que provocan un proceso de
división con los casos a los que dan acompañamiento.
“Nos encontramos siempre en un proceso
de división por el mismo estigma que genera el Estado entre las mismas
familias cuando las ves acompañadas por nosotros, les dicen que no se
junten con nosotros, porque nuestras víctimas son guerrilleros y los de
ellos no, que nuestros familiares son delincuentes y ellos no.
Lo que buscan es alejarlos para que no
continúen el proceso de acompañamiento, el Estado es perverso porque
sabe que cuando las familias se aíslan, estando solos el desgaste es
mayor y terminan abandonando los casos. Como ejemplo, en 2010 en
Michoacán dimos acompañamiento a personas que se alejaron, los
desgastaron, terminaron solos y con el paso del tiempo y las mismas
respuestas dejaron de luchar y de buscar a sus familiares”, asegura
Reyes.
Quien suma, en el caso del Comité la
intimidación que han padecido a lo largo de nueve años, por parte del
Estado. “Por ser familiares de quienes somos, en su imaginario loco cree
que nosotros tenemos algo que ver con el grupo al que pertenecían
nuestros familiares y no dejan de hostigarnos, igual como una manera de
cansarnos.
Hemos sufrido la vigilancia en nuestros
domicilios y en nuestras actividades. Nuestros familiares por ser parte
de un grupo insurgente han sido estigmatizados, como una manera de
callar la movilización y también de aislarnos”, agrega.
A su vez, distintas organizaciones
campesinas e indígenas, al unirse a la lucha de los familiares de
víctimas de desaparición forzada han sufrido ejecuciones extrajudiciales
y también desapariciones. “Este 2016 elaboramos el informe de
desaparición forzada en México por motivos políticos, ahí se sistematiza
10 años de este delito, son específicamente casos de activistas y
defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición
forzada por su actividad, son líderes, son defensores de derechos
humanos que por tener esta actividad fueron desaparecidos por el
Estado”, señala Reyes.
Explica que los 139 casos de activistas y
defensores de derechos humanos que fueron víctimas de desaparición
forzada documentados por el Comité, mantienen un proceso jurídico en
donde se ha señalado que en más del 50% de las desapariciones se asegura
fueron cometidos por policías estatales y por militares.
“En nuestro informe quisimos mostrar que
en todos los casos la respuesta es la misma: la impunidad. Es lo que
persiste, hay participación clara de elementos policiacos y militares,
lo que queremos evidenciar es que por lo menos en estos 10 años todos
estos casos no han tenido justicia, es por ello que creemos que la
desaparición forzada, dentro de muchas graves violaciones a los derechos
humanos, es la principal política de estado pero también forma parte de
un terrorismo de Estado.
Eso es lo que vivimos en el país con
todas estas políticas represivas, no es más que una manifestación de una
serie de políticas que pretenden implementar el miedo y el terror en la
sociedad para que ésta no se organice y participe; vemos que la
desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son dos prácticas que
han sido implementadas de manera sistemática en los últimos años con esa
finalidad y de una manera más selectiva en contra de luchadores
sociales y dirigentes de organizaciones”, refiere Reyes.
Quien explica que la mayoría de los
casos de desaparecidos y registrados en dicho informe, eran dirigentes
de organizaciones que tenían un puesto importante dentro de sus procesos
organizativos, por lo que, menciona, no es fortuito el que desaparezca
un líder, ya que tiene una intencionalidad política de desarticular un
grupo, “y erradicar los procesos de resistencias”.
Asegura que el Estado no conforme con la
desaparición forzada de los líderes, también pretende borrar su
historia y su lucha. Ya que “estos casos se ven invisibilizados al no
aparecer en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas. Es decir, también tiene una intencionalidad porque ellos
son líderes, activistas, son defensores de derechos humanos, que tienen
un nombre, una lucha, una vida que el Estado también quiere borrar”.
Durante el tiempo que lleva la actual
administración de Peña Nieto (EPN), las violaciones a los derechos
humanos incrementaron considerablemente con respecto al periodo de
Calderón. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el
último año creció el número de quejas por violaciones a derechos humanos
en el país en un 18%, al integrarse 9 mil 980 expedientes frente a los 8
mil 455 de 2014.
Durante los primeros 22 meses del
sexenio de Enrique Peña Nieto, según los datos del informe,
desaparecieron 9 mil 384 personas, lo que equivale a un 40% de los 23
mil 270 y dos casos de desaparición oficialmente registrados entre enero
del 2007 y octubre de 2014. Sin embargo esta cifra no especifica
cuántos de estos casos pueden ser desapariciones forzadas o no, debido a
que no se hace una adecuada clasificación de documentación de los
casos.
A su vez se señala que durante estos
casi cuatro años del gobierno de Peña Nieto, 83 personas defensoras de
derechos humanos y luchadores sociales fueron víctimas de desaparición
forzada por motivos políticos. Lo cual indicó un porcentaje mayor con
respecto al periodo de Calderón. El gobierno de Peña Nieto, a pesar de
la magnitud del problema y de la presión internacional, que se dio a
partir de la desaparición de los 43 estudiantes, sigue sin reconocer que
la desaparición forzada forma parte de una política de Estado,
sentencia el Comité.
De los 83 casos de defensores de
derechos humanos y luchadores sociales víctimas de desaparición forzada,
51 de ellos culminó en ejecución extrajudicial, en otros 10 las
personas fueron liberadas horas después de la desaparición y en siete
casos las personas se encuentran en prisión.
“Hubo un periodo en el que se creyó que
las desapariciones por motivos políticos eran cosas del pasado y cuando
pasa la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa se cree que vuelve a
resurgir, pero esto no ha dejado de pasar desde los 60, en la actualidad
es una política sistemática y aquí lo plasmamos.
Año con año no hubo un solo periodo de
gobierno en el que las desapariciones no se hubieran cometido, eso te da
un indicador que son sistemáticas, pero que el Estado nunca va a
reconocer, pero sí existen y de manera reiterada se vienen cometiendo en
contra de activistas y luchadores sociales, pero dentro de todo el
contexto de violencia y de desapariciones, se pierde de vista los casos
de luchadores y activistas”, añade Reyes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario