Este artículo integra una serie de IPS con motivo del Día Mundial de la Población, el 11 de julio.
Dos
adolescentes mexicanas en su centro de estudios. Invertir en la
educación de las adolescentes latinoamericanas se considera el camino
para que ellas se transformen en motores del desarrollo sostenible de
sus sociedades en el futuro. Crédito: UNFPA LAC
-
América Latina tiene en sus chicas adolescentes una fuerza crucial para
generar cambios que impulsen su desarrollo sostenible, si invierte en
promover sus derechos y corregir la desigualdad de sus oportunidades,
aseguró la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho.
“Una adolescente empoderada conoce y puede hacer valer sus derechos,
posee herramientas para tener éxito y es motor de cambios positivos para
sus comunidades”, subrayó en entrevista con IPS desde la sede regional de la organización en Ciudad de Panamá.
Son a esas adolescentes y a sus pares varones, planteó, a quienes
corresponderá un papel protagónico en sus sociedades cuando se complete
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
entre cuyos objetivos está promover la igualdad de género. Invertir en
las chicas de hoy, dijo, tendrá un “gran impacto transformador en el
futuro”.
“Invertir en educación y
protección contra la violencia, son herramientas importantes en la
potenciación de las capacidades de adolescentes y mujeres jóvenes, así
como en la promoción de la igualdad de género”: Luiza Carvalho.
El mundo cuenta con la mayor proporción de niños y jóvenes entre 10 y
24 años de su historia, 1.800 millones de la población total de 7.300
millones, y de ellos 20 por ciento aproximadamente viven en América
Latina y el Caribe, recordó la brasileña Carvalho.
De los 634 millones de habitantes que tiene la región, según cifras suministradas a IPS por la oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 57 millones son niñas y chicas adolescentes de entre 10 y 19 años, que viven mayoritariamente en ciudades.
Justamente, el tema del Día Mundial de la Población, que se celebra
el 11 de julio, es este año el de la inversión en las adolescentes, bajo
la premisa de que transformar su presente para asegurarles su derecho a
vivir en igualdad, no solo eliminará barreras a su potencial
individual, sino que será decisivo para un desarrollo sostenible en sus
países.
La organización internacional Women Deliver
pone cifras a los beneficios de esa inversión. Entre ellas que cada 10
por ciento más de niñas adolescentes que asisten a la escuela, el
producto interno bruto del país crece en promedio tres por ciento, o que
por cada año más de educación primaria, ella ganará de adulta entre 10 y
20 por ciento más de salario.
Algo fundamental, porque Carvalho destacó que “la falta de
empoderamiento económico, en conjunto con una discriminación
generalizada de género y el reforzamiento de estereotipos tradicionales,
afectan la capacidad de las mujeres de América Latina y el Caribe de
participar en forma igualitaria en todos los aspectos de la vida pública
y privada”.
Luiza Carvalho, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Crédito: ONU Mujeres LAC
Por ello, “invertir en educación y protección contra la violencia,
son herramientas importantes en la potenciación de las capacidades de
adolescentes y mujeres jóvenes, así como en la promoción de la igualdad
de género”, afirmó.
Las adolescentes, destacó, “son un grupo especialmente vulnerable que
enfrentan particulares obstáculos sociales, económicos y políticos” y
cuyo empoderamiento puede encontrar en la región “dificultades como
embarazos no deseados, matrimonios o uniones forzadas precoces,
violencia de género y acceso limitado a la educación y a los servicios
de salud reproductiva”.
Como ejemplo de estas barreras, la directora regional de ONU Mujeres detalló que un informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud,
entre mujeres de 15 a 49 años en 12 países de la región, “develó en una
proporción sustancial, que el primer encuentro sexual de algunas
mujeres había sido no deseado”.
Carvalho recordó que “el matrimonio o unión temprana de niñas
constituye una gran preocupación en la región, que afecta
significativamente el ejercicio de los derechos de las adolescentes y su
pleno desarrollo”.
“Es una forma de violencia, que les niega su niñez, interrumpe su
educación, limita su desarrollo social, reduce sus oportunidades, las
expone al riesgo de un prematuro o no deseado embarazo y eventuales
complicaciones, e incrementa su riesgo de contraer infecciones de
transmisión sexual, incluyendo el VIH (virus de deficiencia humana
causante del sida)”, dijo.
También las expone más “a ser víctimas de violencia y abuso”, destacó Carvalho.
La directora de ONU Mujeres consideró muy positivo que todos los
países de la región hayan establecido edades mínimas para el matrimonio
en sus legislaciones, pero en contrapartida las leyes fijan edades
mínimas diferenciadas para niños y niñas y establece casos en que ellas
pueden casarse antes, en caso de embarazo o de hijos.
En América Latina, el fenómeno de los embarazos adolescentes
lejos de disminuir ha crecido en los últimos años, amparado en una
tolerancia cultural a la iniciación sexual temprana, con el resultado de
que la región es la segunda del mundo en fecundidad adolescente, solo
por detrás de África subsahariana, con un promedio de 76 hijos vivos
cada 1.000 mujeres.
Además, 30 por ciento de las adolescentes latinoamericanas no tienen
cubiertas sus necesidades de anticonceptivos, según datos del UNFPA, en
una región donde la salud sexual y reproductiva enfrenta barreras
especiales por el patriarcado cultural y el peso de sectores
conservadores y de la dominante Iglesia Católica.
Las
adolescentes indígenas latinoamericanas son junto con sus pares rurales
las más discriminadas en materia de oportunidades y de educación en la
región. Crédito: Rajesh Krishnan/ONU Mujeres
Frente a este déficit, la región tiene cosas buenas que decir en
materia de educación. Más de 90 por ciento de los países cuentan con
políticas para promover la igualdad de acceso de las adolescentes a la
educación, más de 90 por ciento de ellas terminaron la educación
primaria, si bien solo 78 por ciento asisten a la escuela secundaria,
según el UNFPA.
La mayor barrera en el acceso educativo lo tienen las adolescentes
rurales e indígenas, con dificultades en el acceso físico a centros
escolares, a lo que en el caso de las indígenas y afrodescendientes se
suma el de currículos inadecuados o la carencia de oferta en su lengua
materna.
Carvalho destacó como un elemento positivo que las leyes educativas,
en especial las reformadas recientemente, “han comenzado a reconocer la
importancia de establecer disposiciones legales que promuevan y difundan
los derechos humanos, la convivencia pacífica y la educación sexual”.
Pero lamentó que “los ejes vinculados directamente con la prevención
de la violencia contra las mujeres y las niñas son todavía incipientes”.
A su juicio, el currículo juega un papel indiscutible. La inclusión
de contenidos y materiales “vinculados a los derechos humanos y los
derechos de las mujeres y las niñas, la resolución no violenta de
conflictos, la corresponsabilidad y fundamentos sobre la salud sexual y
reproductiva”, potenciarán sociedades menos violentas dentro y fuera de
las aulas, destacó.
Carvalho citó un estudio realizado por ONU Mujeres y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia en 2015, en 13 países de la región, que
concluyó que hay un rezago del sistema educativo en la prevención de la
violencia contra las niñas y las adolescentes.
“Este es un aspecto que es imperativo mejorar, pues es en los
primeros años de infancia donde se pueden modelar roles igualitarios
entre niños y niñas y así prevenir la violencia, la discriminación y la
desigualdad en todas sus formas”, subrayó.
La directora regional recordó que los cambios deben partir de algo
tan simple como en ocasiones olvidado: “las niñas, adolescentes y
mujeres son titulares de derechos”.
Si se les facilita “igualdad en el acceso a la educación, atención
médica, educación sexual y reproductiva, un trabajo decente y
representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarían economías sostenibles y se beneficiará a las
sociedades y a la humanidad en su conjunto”, sintetizó.
Editado por Verónica Firme
No hay comentarios.:
Publicar un comentario