La “democracia viable” en México y la guerra contra las drogas

Ramón César González Ortiz

Rebelión

Introducción

Después de la Segunda Guerra Mundial, algunas sociedades latinoamericanas experimentaron un moderado progreso en los indicadores de desarrollo social. Una diversidad de regímenes políticos, desde variantes del populismo hasta algunas modalidades de desarrollismo, lograron sentar las bases de una política social que –en algunos países como la Argentina, por ejemplo– no sólo lograron impulsar una mejor distribución del ingreso sino que, inclusive se posibilitó la “ciudadanización” de las clases y capas populares (que tradicionalmente habían sido privadas de casi todos sus derechos).

Sin embargo, el agotamiento del keynesianismo –del cual tanto los populismos como los desarrollismos latinoamericanos fueron tributarios– y el estallido de la crisis de la deuda hizo que aquellas políticas no sólo fueran abandonadas sino satanizadas. Celebrándose desde entonces una nueva fase que reconcilia a nuestros países con los imperativos inexorables de los mercados globalizados. Por lo que los viejos derechos –como salud, educación, vivienda y seguro social–, que habían sido en algunos casos vigorosamente reafirmados como expresiones inseparables de la ciudadanía política, fueron abruptamente “mercantilizados”, convertidos en mercancías inaccesibles para los sectores populares, empujando a grandes masas de la población a la indigencia.

Peor aun, las políticas neoliberales tuvieron como resultado inmediato el acelerado deterioro de las precarias redes de seguridad social de carácter informal, que fueron producto de la solidaridad social emanada de una sociedad relativamente bien integrada, en donde los trabajadores tenían empleo y sus áreas de residencia contaban con algunos servicios básicos que les permitían absorber la transitoria y marginal caída en el desempleo de una pequeña fracción de sus habitantes.

Pero para imponer tal orden de cosas, se recurrió en la mayoría de los casos al uso de golpes militares impulsados desde los Estados Unidos, por lo que el panorama político de América Latina al principio del segundo quinquenio de la década de los setenta se vio signada por el hecho de que las tres cuartas partes de la población de la región, aproximadamente, vivían bajo regímenes dictatoriales de intensidad y orientación variables, mientras que la cuarta parte restante habitaba en países con democracias, en general restringidas, dentro de las cuales las fuerzas de izquierda eran tan débiles que no lograban representar en los hechos alguna alternativa o desafiar el statu quo.

Por lo que, la administración de James Carter, quien asume la presidencia en 1977, hace suya la bandera de los derechos humanos en América Latina, a la vez que reconoce solo en el plano de la declaración, el “derecho” de los latinoamericanos a vivir dentro de sistemas democráticos. Y enmarcada en esta lógica cobra auge el pensamiento de la llamada Comisión Trilateral, con su concepto de “democracias viables”, que buscará encontrar un “punto de equilibrio entre democracia y gobernabilidad”. Lo cual significara que en los hechos, habría una democracia con ciertos límites, incluso para los países desarrollados de Occidente¹.

De forma que, la política democrática estadounidense promovida en todo el orbe a partir de Carter, se ha visto constreñida a que ésta no rebase los intereses estratégicos de la burguesía imperialista y la burguesía monopólica de América Latina. De manera que, junto con el debilitamiento radical de los sindicatos y diversos tipos de organizaciones populares, se ha dado el auge de un individualismo desenfrenado, promovido activamente por los “señores del mercado” y la clase política que gobierna en su nombre, y que anatematiza cualquier estrategia colectiva de enfrentamiento hacia los problemas sociales².

La riqueza y las democracias viables

Dicho lo anterior, se puede ver la manera en que la redemocratización de América Latina también “coincide” con el desmantelamiento de las dictaduras de las décadas del setenta y ochenta. Y sin embargo nuestras sociedades son hoy más desiguales e injustas que antes, de manera que nuestros pueblos, no son libres: permanecen esclavizados por el hambre, el desempleo y el analfabetismo.

Resultando así porque, los oligarcas latinoamericanos simplemente han utilizado vistosos discursos democráticos en extensas campañas electorales, en las cuales sus líderes efectúan todo tipo de promesas y entablan pseudo-polémicas, que como tal, sólo remiten a los aspectos más superficiales de la vida social, pero una vez en el gobierno, lo único que hacen es asegurarse de que los ricos se enriquezcan más, acosta de sumir a los pobres en la indigencia más absoluta³.

Todo lo cual se encuentra inserto en un brutal patrón de acumulación de capital neoliberal, impuesto por el Estado y las fracciones de clase que lo dirigen⁴. Por ejemplo en México, desde principios de 1980, se ha dado un crecimiento de la pobreza de forma exponencial. Según datos en 2011, 40 millones 778 mil mexicanos vivían en pobreza y 14 millones 940 mil en la indigencia. De manera que el número de mexicanos en pobreza aumento en 2 millones 359 mil de 2009 a 2010⁵. Mientras que en el otro extremo el señor Carlos Slim fue nominado como el hombre más rico del planeta por cuatro años consecutivos, al aumentar su fortuna en el año 2012 en más de 4 mil millones de dólares (revista Forbes).

En tanto que la firma de investigación Wealth Insinght, dedicada al monitoreo de las personas acaudaladas, ha indicado que los millonarios mexicanos aumentaron 32% en los últimos cinco años, cuando el número de personas en el mundo poseedoras de grandes patrimonios se redujo 0.3%, precisando que los millonarios y multimillonarios mexicanos poseen una fortuna de 736 mil millones de dólares equivalentes al 43% de la riqueza total individual del país o al 77% del valor total, en dólares, del producto interno bruto (PIB) de 2011⁶.

Muestra de tales hechos lo brindo Juan Camilo Mouriño Terrazo, político y economista mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, que se desempeñó como Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ya que durante los mandatos de Fox y Calderón, se triplicaron sus empresas al convertirse estas en proveedoras frecuentes de dependencias gubernamentales y contratistas de obras públicas dentro de las estructuras internas de los gobiernos federales.

De ahí que, una de sus empresas más boyantes, Transportes Especializados de Ivancar, tras firmar contratos con PEMEX-Refinación por más de 100 millones de pesos. Sólo en lo que fueron las unidades especializadas de Ivancar dedicadas a transportar y suministrar productos de PEMEX, estas pasaron de 10 unidades iniciales – algunas de las cuales tenían 12 años de antigüedad – a 43 unidades nuevas entre 2001 y 2005⁷.

Jugando Juan Camilo Mouriño, el doble papel de servidor público y contratista del gobierno federal, logro que su familia que tan solo tenía Ivancar y 18 gasolineras en el sureste del país. Pasará para el año 2000 a 21gasolineras y para el 2008 a 38, tan solo cuando se estrenó como legislador de Campeche. Además, durante el mismo lapso, el clan Mouriño logro constituir el Grupo Energético del Sureste, Esges, Gasovales GES, Inmobiliaria GES, Grupo Marítimo Mouriño, Tesorera GES, Naviera Isla de Tris, Restaurantes Sub, Grupo Acuícola del Sureste y Urbanizadora la Marina. Asimismo logro adquirir 10 franquicias de Burguer King, una de Church´s Chicken, dos de Tortas Locas Hipocampo, tres de Baskin Robbins, dos de Tintorería Max y tres de Autolavado GES Autowash⁸.

Medios de comunicación y la falsa democracia

En este contexto, no se puede pasar por alto el hecho de que en contraparte de tal riqueza acumulada, el supuesto reforzamiento de las instituciones democráticas ha quedado cancelado en los hechos. Ejemplo de lo cual lo da también la libertad de prensa sancionada en las leyes, toda vez que ésta ha sido cancelada por la complicidad de gobiernos como el mexicano a partir de la concentración monopólica de los medios.

De forma que las elecciones de hoy se encuentran fuertemente influenciadas o totalmente determinadas por los medios de comunicación y solo le han permitido elegir a quienes disponen de mucho dinero. Debido a que solo estos pueden presentar candidaturas con alguna posibilidad de éxito y financiar costosas campañas de propaganda política, por lo que los márgenes de elección popular se limitan a decidir cuál será el equipo encargado de aplicar la política que beneficia a los ricos⁹.

Tal ha sido el caso de Enrique Peña Nieto, quien montado desde tres años antes de las elecciones presidenciales de la República, en una campaña mediática de costos multimillonarios, siendo gobernador del Estado de México, “ofreció” una imagen moderna, colocándose entre los principales personajes nominados a la presidencia, por parte del Partido Revolucionario Institucional PRI. Y que unido a la aprobación de obras carreteras en sus tres años de gobierno en el Estado, en las que invirtió al menos unos 11 mil millones de pesos en proyectos como el segundo piso de Periférico Norte, con un costo aproximado de 3 mil 900 millones de pesos, a cargo de la empresa OHL. Le hicieron posible que a la mitad de su mandato como gobernador se convirtiera en el político más conocido del país.

Apoyado en una intensa campaña de medios como Televisa y TV Azteca, apareció en partidos de futbol, telenovelas y en noticiarios, que la misma Televisa escogió en horarios estelares y en los cuales invirtió Peña Nieto unos 742 millones de pesos, tan sólo en 2005. Usando su “creatividad”, Peña Nieto también pago a actores como Jaime Camil, Angélica Rivera y Patricia Manterola. Para que promovieran sus programas de gobierno y el cumplimiento de sus compromisos. Otro tanto hizo con la contratación de publicidad en las páginas electrónicas de diarios, realización de podcast y de infomerciales en radio.

Gracias a todo lo cual, logro colocarse en altos niveles de aceptación ciudadana. Según la encuesta Mitofsky publicada en el periódico El Universal, el sábado 17 de junio de 2008, Peña Nieto ocupo el primer lugar entre los gobernadores más populares, seguido de Marcelo Ebrard, Fidel Herrero, Mario Marín, Leonel Godoy, Ulises Ruíz, Ivonne Ortega, Amalia García, Humberto Moreira y Zeferino Torreblanca. Asimismo, en otra encuesta publicada en el diario Reforma, también en 2008, aplicada a los habitantes del Estado de México, el entonces mandatario mexiquense alcanzó un nivel de aceptación de 71%, el más alto de todos los gobernadores del país, incluso que Felipe Calderón¹⁰.

Así, se ha ido entretejiendo un contubernio entre el poder político y los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca. Observándose beneficiados dichos medios, por licitaciones comerciales en las contiendas políticas y hasta legislativas de las elecciones federales de 2009. Al obtener más de 60% de los 80 millones de pesos que el gobierno federal aprobó en la partida 3700 del rubro de Servicios de Comunicación Social y Publicidad para 2009, estipulado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

Más todavía, Televisa y TV Azteca también se han asegurado de contar con su propia fracción parlamentaria dentro de la legislatura, para garantizar sus intereses, mediante la lista de diputados plurinominales del Partido Verde Ecologista (PVEM). Controlando así las televisoras al menos 8 curules, ya que en estas aparecen Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, Lorena Corona Valdez, Rodrigo Pérezalonso, Verónica Tomás, Miguel Orozco Gómez, Mónica García de la Fuente y Juan Gerardo Flores Ramírez. Siendo que la mayoría de estos personajes se encuentran vinculados a Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y primer vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Lorena Corona Valdez trabajó en el departamento de jurídico de Televisa Radio, Miguel Orozco Gómez ha sido director jurídico de la CIRT y es hermano del senador del Partido Verde, Javier Orozco Gómez, mismos que ha sido un ferviente defensor de las posiciones de Televisa. Rodrigo Pérezalonso González, abogado egresado del ITAM, ha colaborado durante años con Tejado Dondé al igual que Mariana Ivette Ezeta Salcedo, quien también ha sido consejero de la CIRT. Mientras que por TV Azteca, además de Ninfa Salinas Sada, se encuentra Adriana Saur Torre, conductora de proyecto 40, también propiedad de Salinas Pliego¹¹.

A este contubernio se le suma también una compleja maquinaria eclesiástica, protagonizada por la Arquidiócesis de México y el gobierno del Estado de México. Urdida mediante la historia de telenovela del noviazgo y boda entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Calificada entonces como “la boda del año”, basándose en un paciente plan mediático, cuidadosamente calculado por Televisa y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, el enlace jugó un papel fundamental para el arribo de Peña Nieto a la presidencia¹².

La guerra contra las drogas, en realidad contrainsurgente

Dentro de tal escenario, en materia de derechos humanos, si bien en algunos países de América Latina, casi habían desaparecido los horrores del pasado, las represiones sanguinarias contra movimientos guerrilleros o la población civil hoy en día nuevamente han hecho acto de presencia. Pero contando con el encubrimiento de la llamada “democratización” del continente y dentro de ésta, la guerra contra las drogas que, so pretexto de brindar “protección” a la sociedad y los niños, ha permitido se continúe con el uso de las Fuerzas Armadas.

De forma tal que, la supuesta democratización y el combate a las drogas han servido solo como una coartada más en América Latina, para que se haya podido continuar y extender una guerra que se ha mantenido contra los sectores de la población inconformes con el régimen. Más aun cuando el ejército no ha dejado a tras una larga historia dictatorial y la guerra contra las drogas le ha facilitado que pueda continuar atacando a los sectores populares más postergados, como campesinos e indígenas. Además de cometerse nuevos atropellos y crímenes por la policía hoy militarizada, guardias privados y paramilitares coludidos con narcotraficantes.

Siendo así que en México, gracias a la guerra contra las drogas, los militares han podido continuar con actividades de contrainsurgencia emprendidas desde los años sesenta y setenta, derivadas de la fractura que sufrió el sistema político mexicano con una parte de la sociedad y debido a la inflexibilidad de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que desembocaron a nivel urbano en la represión del movimiento estudiantil de 1968 y las guerrillas en algunas regiones campesinas principalmente en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

De forma que hoy, mediante la guerra contra las drogas a la policía y los soldados les resulta más fácil detener a las personas sin una orden judicial. De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 2011 señalo que la presencia de los efectivos del Ejército y de la Marina fuera de los cuarteles, gracias a la guerra contra el narcotráfico, pasó de ser excepcional a cotidiana. Por lo que a partir de entonces, México ha vivido una “situación excepcional de facto”, que se ha venido intentando regular desde 2011, cuando la Cámara de Diputados previo modificar el artículo 29 de la Constitución, con el propósito de regular el estado de excepción, ante la supuesta eventualidad de que se tenga que suspender garantías individuales¹³.

Subyaciendo de fondo en todo esto, la creciente insurgencia social, pero mediante la supuesta intensión de enfrentar al narcotráfico se han previsto medidas dictatoriales. Resultando así que el modo de operar de las fuerzas armadas en el país se ha salido del marco legal. Y posteriormente ha intentado de modificar las normas, para encubrir las faltas cometidas por el Ejército o la Marina en sus tareas de “Seguridad Pública”. Colocando a todos los mexicanos ante una crisis del Estado constitucional democrático de derecho¹⁴.

Hoy manifiesto en las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código de Procedimientos Penales, aprobadas el 21 de abril del presente año, y que autorizan el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado. Pese a que la Constitución los define como inviolables

Más todavía, la reforma al Código de Justicia Militar contravino las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI. Después de que éste visitará el Senado para entregar su segundo informe sobre el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa en iguala, Guerrero. Haciendo énfasis en que los legisladores privilegiarán los derechos de las víctimas, se avanzará en la Ley de Desaparición Forzada y se eliminaran figuras violatorias a los derechos humanos como el “arraigo”.

Muy por el contrario a dichas recomendaciones, el Senado aprobó de última hora reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada que mantienen la figura del “arraigo”, a la vez que “congelo” la Ley de Desaparición Forzada, ante el veto de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. Más aun, las reformas hechas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, ha autorizado también las “operaciones encubiertas”, mismas que contemplan también “reglas” para la intervención de las comunicaciones privadas¹⁵.

Todo lo cual ocurre en un contexto en el que, desde que se inicio la guerra militarizada contra las drogas, comenzó a profundizarse el deterioro de los derechos humanos en México. Por lo cual no es un problema creado por el gobierno de Peña Nieto, pero aun así, durante su mandato se ha incurrido en las mismas violaciones o más que en los sexenio pasados. Por lo que se ha hecho más visible, según ha indicado James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además Cavallaro añade que, en enfrentamientos entre supuestos delincuentes y efectivos de la Sedena o la Semar ha habido unos 10 o 15 muertos, lo menos, en tanto que número más alto ha registrado 63 muertos. Y lo que agrava tal situación es que la norma en estos hechos ha sido la exoneración de los cuerpos armados implicados. De forma que sólo cuando ha habido presión internacional se han realizado investigaciones más detalladas. No obstante las cuales después de haber sido realizadas, se ha exonerado a los militares bajo cualquier excusa¹⁶.

La guerra y sus beneficios

Conforme a todo esto, podemos observar que los programas de asistencia antidrogas han servido a los intereses empresariales de EU y sus aliados en México, para ocultar sus intenciones de ejercer una guerra permanente contra los grupos insurgentes, brindándole la oportunidad de mantener la militarización y el constante entrenamiento policíaco. Pero además, en las zonas donde el Estados Unidos del siglo XXI ha llevado a cabo sus invasiones, destaca la corrupción y el enriquecimiento subyacente.

En 2011, el informe final de la Comisión de Contratos en Tiempo de Guerra, que trabaja con el mandato del Congreso, estimó que entre 31 y 60 billones de dólares, del dinero del contribuyente estadounidense se perdieron en estafas y el despilfarro. Así lo confirma la llamada “reconstrucción” de Irak y Afganistán emprendida por Estados Unidos, donde los dólares del contribuyente estadounidense se gastaron en carreteras que van a ninguna parte, una gasolinera en medio de la nada, centros de formación de docentes y otras construcciones que nunca se terminaron.

De suerte que, se gastaron montones de dinero que fueron a parar a las manos de “afortunados” contratistas, plantas para desplumar pollos que jamás faenó un solo pollo, un espléndido cuartel general de 25 millones de dólares que nadie necesitaba ni se molestó en utilizarlo. Gracias a decenas de millones de dólares del tesoro de Estados Unidos se financiaron, adiestraron, armaron fuerzas y se reclutaron soldados y policías “fantasmas” que formaron unidades enteras de fuerzas de seguridad, mientras que los comandantes locales se forraron con salarios que nada tenían de “espectrales”¹⁷.

Situación ante la cual es innegable que, después del discurso creado contra los consumidores y traficantes de drogas, así como contra los llamados terroristas, le han permitido a grandes intereses empresariales coludidos con el Estado norteamericano, continuar con la contrainsurgencia, antes que dar solución a las desigualdades sociales, a la vez que saquean a los pueblos de las naciones a las cuales dicen representar mediante proceso democráticos.

Sentido dentro del cual se debe entender por qué, a partir de que el gobierno de Jimmy Carter (1976-1980) cuando declara la guerra contra las drogas, en países como Colombia todos los gobiernos han dado prioridad a la asignación de recursos destinados a las Fuerzas Armadas y a la Policía, pero teniendo de fondo siempre las modificaciones jurídicas pertinentes y el respaldo discursivo. Que le permite continuar al poder político adquirido mediante las instituciones “democráticas”, con las campañas de contrainsurgencia emprendidas desde las décadas del 60 al 80, al invocar permanentemente el estado de sitio.

Espectro dentro del cual además, es precios recordar que a lo largo de la historia, grandes bandas de narcotraficantes se han aliado con poderosos empresarios para luchar contra movimientos de corte nacionalista, progresista o comunista, que han puesto en riesgo el negocio de la droga y los privilegios del gran capital. Ejemplo de esta manera de actuar por la Casa Blanca se da en uno de sus últimos frentes en la Guerra Fría, Afganistán. Este país desde 1978, apoyado por la URRS, militares comunistas dieron un golpe de Estado y suprimieron el cultivo de amapola, base del opio. Ante esta situación, tribus de mujaidines (fundamentalistas religiosos) afines a los Estados Unidos, se rebelaron contra el gobierno comunista y acudieron para el financiamiento de su guerrilla, a la venta de adormidera, opio.

Operación en la cual la CIA les intercambia armas por droga, a los hoy vituperados talibanes, pero que en aquel momento eran considerados por Washington como “luchadores de la libertad”. “Luchadores” que, apoyados por la CIA favorecieron al crecimiento de la heroína en Afganistán. Más aun, en ese mismo país después del atentando contra las torres gemelas en 2001 y tras lo cual es invadido por América del Norte. E impone el gobierno encabezado por Hamid Karzai, el cultivo de opio vuelve a cobrar impulso. Ante lo cual, distintas fuentes en 2010, señalan ha Ahmed Wali Karzai, dentro de la nómina de la CIA y al hermano de Ahmed como el principal traficante de opio, además de ser el líder del ejército mercenario en el sudeste afgano¹⁸.

De forma que la guerra contra las drogas resulta ser una mascarada y la supuesta democracia imperante en América Latina, a quién realmente favorece es a una clase política opulenta, que en muchos de los casos hace ostentación de su riqueza. En medio de poblaciones empobrecidas, humilladas y oprimidas como nunca antes¹⁹. Pero aun peor, es probable que el proyecto contrainsurgente se asiente cada vez más en países como Argentina y Brasil. Ante la creciente inconformidad social, tan sólo Argentina seis de cada diez argentinos ya considera que Mauricio Macri gobierna para los ricos.

Debido a que, de acuerdo con la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que lidera el sociólogo Roberto Bacman. El 76 por ciento de los argentinos consultados sostienen que desde que Macri está en la Casa Rosada, recortaron gastos. Datos que coinciden con una baja sensible, del 20 o 25 por ciento, en las reservas de las vacaciones de invierno, una brutal caída en el consumo de la carne y la disminución al menos del diez por ciento en las ventas de supermercados. De manera que, más de las tres cuartas partes de los entrevistados, más allá de su anclaje ideológico, reconocen que en estos últimos tiempos han tenido que recortar sus gastos para llegar a fin de mes²⁰.

Notas

1^ Cueva Agustín (Compilador). “Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. Pág. 14

2^ Borón Atilio, “Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina”. Extracción hecha por la Revista Rebelión del libro; Hoyos Vásquez, Guillermo (comp.) 2007 Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía (Buenos Aires: CLACSO) pp 49-67

3^ Borón Atilio, “Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina”. Extracción hecha por la Revista Rebelión del libro; Hoyos Vásquez, Guillermo (comp.) 2007 Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía (Buenos Aires: CLACSO) pp 49-67.

4^Rebelión. CDAM-Che Guevara. “Ayotzinapa en la ruta de la barbarie del patrón de acumulación de capital en México”. 05-12-2014

5^ Barajas Duran Rafael. “Cómo la hacen de PEMEX. La nueva guerra del petróleo”. Editorial el Chamuco, Regeneración, 2013.

6^ Sotelo Valencia Adrián. “México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis”. Editorial, UNAM, Ítaca, 2014. Pág. 174.

7^ Proceso, número 1638, 23 de marzo de 2008.

8^ Ibíd.

9^ Borón Atilio, “Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina”. Extracción hecha por la Revista Rebelión del libro; Hoyos Vásquez, Guillermo (comp.) 2007 Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía (Buenos Aires: CLACSO) pp 49-67.

10^ Proceso, número 1662, 7 de septiembre de 2008.

11^ Proceso, número 1704, 28 de junio de 2009.

12^ Proceso, número 2049, 7 de febrero de 2016.

13^ Proceso, número 1788, 6 de febrero de 2011.

14^ Ibíd.

15^ Proceso, número 2061, 1 de mayo de 2016.

16^ Proceso, número 2057, 3 de abril de 2016.

17^ Rebelión, “¿Qué hacer con un famoso general retirado? David Petraeus: Filtrador, portavoz, soldado, espía”. Por: Nick Turse, 14-07-2016.

18^ Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 86-87

19^ Ibíd. Atilio Borón.

20^ Rebelión. “De los ricos, para los ricos, por los ricos”. Por: Raúl Kollmann, 14-07-2016.