Sin embargo, la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia le permitió revertir la tendencia decreciente y en la primera mitad del sexenio ya había logrado recuperar dos gobernadores (para llegar a 19), 136 diputados (de 106 a 242) y la mitad del porcentaje de votos perdidos (de 29 a 39.6%); y aunque no logró mantener la recuperación en las preferencias electorales y los diputados, sí lo hizo en las gubernaturas, pues concluyó el sexenio con 21 gobernadores; además en las elecciones de 2012 obtuvo 33.6% de los votos; 214 diputados y 52 senadores, es decir, 108 diputados y 19 senadores más que en 2006.
Con el regreso del PRI a Los Pinos la tendencia nuevamente se revierte: en 2015 perdió siete puntos porcentuales y 11 diputados respecto a los que había obtenido en 2009 y se quedó con 32.6% de los votos, ya muy cerca de su mínimo histórico, y 203 diputados. Y en 2016 la debacle se acentúa: al perder siete de las 12 gubernaturas en disputa, tiene únicamente 16 gobernadores (incluyendo al chiapaneco militante de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México y postulado en coalición); y la preferencia electoral, en las 12 entidades donde hubo elecciones a gobernador –estados donde el PRI normalmente obtenía porcentajes de votación superiores al promedio nacional– regresó al 29% de 2006.
Tal como señaló el flamante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, estos momentos son “particularmente difíciles… en la vida de nuestro instituto político”. También acierta al señalar: “No cabe duda que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad”.
Sin embargo, sesgado por la lealtad a sus mentores o contaminado por la endogamia, equivoca rotundamente la lectura de la realidad mexicana: Peña Nieto no es “el mayor activo del Partido Revolucionario Institucional y de México” y tampoco la corrupción se encuentra únicamente a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Permea los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y desde luego, como evidencian las reiteradas denuncias públicas (particularmente a partir de noviembre de 2014), alcanza directamente a varios de los integrantes del gabinete federal e incluso al mismo presidente de la República y su familia.
Si, como señaló en su discurso de toma de protesta Ochoa Reza, el PRI tiene “que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”, no debe voltear únicamente hacia los gobernadores y los alcaldes; primero debe observar muy de cerca al gobierno federal, pues es allí donde más presupuesto se maneja y más contratos se asignan.
Y aunque la corrupción y la impunidad son el elemento más adverso, no son el único factor que explica el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos y el voto de castigo de los electores mexicanos; hay muchos otros factores que influyen y, entre ellos se encuentran de manera relevante: la incapacidad de los gobernantes para resolver los problemas más acuciantes (inseguridad, pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos, entre los más destacados) y la intromisión de los titulares del Ejecutivo en la vida de sus institutos políticos.
No es ninguna casualidad que los votantes nacionales hayan castigado al PAN durante el gobierno de Calderón, cuyo gobierno muestra pésimos indicadores en los rubros señalados en el párrafo anterior; su intervención en los asuntos de Acción Nacional provocó conflictos internos, fracturas y renovación precipitada de dirigentes, pues durante su sexenio tuvo cuatro presidentes (Manuel Espino, a quien obligó a renunciar anticipadamente; Germán Martínez, quien renunció anticipadamente tras la derrota electoral de 2009; César Nava; y Gustavo Madero, con quien acabó enfrentado).
El escenario se repite con Peña Nieto, quien empezó a utilizar su poder en el PRI, desde marzo de 2011, cuando ungió a Humberto Moreira, para que le asegurara su postulación y a quien tuvo que separar tras el escándalo de las finanzas de Coahuila; posteriormente nombró a Pedro Joaquín Coldwell, para conciliar la designación de candidatos a diputados, senadores y gobernadores, en las elecciones concurrentes; César Camacho, que aunque vendió muy bien los resultados de la elección intermedia de 2015, en realidad no salió muy bien librado; Manlio Fabio Beltrones, que tuvo que renunciar tras la histórica derrota electoral del tricolor; y ahora Enrique Ochoa Reza. Van cinco dirigentes en cinco años y medio.
Si a eso se le suman los escándalos de corrupción y los malos indicadores de su gobierno (por más que Ochoa Reza, haya logrado arreglar algunas estadísticas para argumentar logros) es más que explicable que todas las encuestas muestren que menos de la tercera parte de la población mexicana aprueba su gestión.
El pacto de sobrevivencia con Beltrones (Proceso 2023) fracasó para ambos, pues resultó funesto para el futuro político y, particularmente, las aspiraciones presidenciales del exdirigente tricolor y dejó en condiciones deplorables al PRI para enfrentar las elecciones de gobernador en el Estado de México, en 2017, y desde luego la presidencial de 2018.
En estas circunstancias Peña Nieto cambió radicalmente el perfil del dirigente tricolor: seleccionó a alguien de su círculo íntimo, desconocido para la inmensa mayoría de los militantes priistas, sin haber siquiera aspirado a un puesto de elección popular y sin experiencia en la operación política. Paradójicamente, ante la debacle, se aferra a quienes piensan como él y son corresponsables de los malos resultados de su gobierno y su partido.