Que se obtuvieron después de pasar tortuosos procesos jurídicos y administrativos.
lasillarota.com
El pasado 15 de julio el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) otorgó las dos primeras concesiones de uso social indígena en
México para radio en FM. La primera de ellas es para una emisora que era
permisionada desde el 2004 que opera en Santa María Tlahuitoltepec
Mixe, Oaxaca llamada Jën Pöj (vientos de fuego) y la segunda es para las
comunidades indígenas nahuátls de San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa
María Zacatepec, en Puebla.
En su comunicado el IFT afirmó: “El Instituto reconoce que la
existencia de estaciones sociales indígenas representa un reflejo de la
pluriculturalidad sustentada originalmente en los pueblos indígenas de
nuestro país y su fomento o promoción, permite conservar sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas”.
Es una buena noticia que el IFT finalmente este destrabando los
procesos administrativos para que comunidades y pueblos indígenas
accedan al derecho que les confiere el artículo 2º de la constitución
para operar y administrar sus propios medios de comunicación; sin
embargo, lo está haciendo a cuenta gotas. ¿Por qué? Pues porque a pesar
de que los Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones a la letra
facilitan el acceso a las frecuencias partiendo del reconocimiento del
principio de autoadscripción como comunidad indígena, en la práctica
este principio esta siendo vulnerado por el regulador al imponerle a
estos grupos demasiados requisitos para demostrar que pertenecen a un
grupo étnico, lo que de antemano les obstaculiza el goce del legítimo
derecho que se les reconoce por ley.
Ejemplo de ello son precisamente estas emisoras, a las que se les dio
la concesión solamente después de pasar por tortuosos procesos
jurídicos y administrativos. En el caso de Tlaxcalalcingo inicialmente
el IFT les negó la autorización aduciendo que no demostraban ser
indígenas y que no había espectro disponible sin presentar en ningún
momento las pruebas que avalaran dicha negativa, por lo que las
comunidades se ampararon ante el Primer Juzgado en Materia
Administrativa Especializado en Telecomunicaciones, Radiodifusión y
Competencia Económica que sobreseyó su amparo antes de celebrarse la
audiencia constitucional y la prueba pericial para demostrar que sí eran
indígenas y que sí había disponibilidad de frecuencias.
En el amparo en revisión tuvieron que presentar peritajes
antropológicos, históricos y técnicos con lo cual se demostró su calidad
de comunidades indígenas y la disponibilidad de espectro. En los hechos
el IFT contradijo no solamente la constitución y la ley sino también
sus propios Lineamientos que supuestamente facilitan el acceso a las
frecuencias a este sector.
Similar proceso tuvo que pasar la emisora Jën Pöj, a la cual desde
2004 se le reconoció su carácter indígena en su título de permiso, pero
por el marco jurídico en aquel tiempo se le obligó a la comunidad a
conformar una asociación civil para acceder a la frecuencia. Pues
resulta que el IFT puso trabas para hacer la transición de permiso a
concesión porque supuestamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR) no permite pasar de una asociación civil a una
comunidad indígena, todo esto a pesar de que en el expediente estaban
las actas de Asamblea comunitaria y todos los demás requerimientos que
demostraban su carácter indígena. Un detalle interesante es que los
peticionarios de esta concesión se enteraron de su autorización por el
comunicado del IFT y no por vía directa, raro ¿no?
Sería deseable que el regulador cambie su práctica administrativa
para que el acceso a las frecuencias por parte de comunidades y pueblos
indígenas materialice los derechos que el marco jurídico les reconoce,
como por ejemplo cumplir lo que a la letra dice el artículo 87 de la
LFTR que le mandata promover y facilitar el otorgamiento de concesiones
indígenas especialmente en aquellos lugares donde no existan
concesiones, como era el caso de Puebla.
También sería deseable que los juzgados especializados en la materia
atendieran a los principios legales antes mencionados. Pues no es la
primera vez que desechan casos como estos, argumentando la falta de
pruebas para comprobar el origen indígena de personas o comunidades, tal
es el caso del amparo que interpuso Mardonio Carballo contra el
artículo 230 (que iba contra la las lenguas indígenas) al que le
contestaron que simplemente no acreditaba ¡ser indígena!
En otros temas
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión no
resigna a la apertura de la radio a raíz de la licitación de frecuencias
en AM y FM que llevará a cabo el IFT por mandato legal. En su boletín
de prensa del 16 de junio establece en su punto seis que: “El hecho de
que en más de 20 años no se hayan entregado concesiones comerciales,
obedeció a políticas de consolidación y desarrollo de la Radio, y
respeto a políticas de mercado y una adecuada administración del
espectro.” O sea que la política discrecional de entrega de frecuencias y
la cerrazón del mercado para la entrada de nuevos jugadores es para
ellos una adecuada administración del espectro. Vaya visión tan
patrimonialista para un Bien del Dominio de la Nación, ¿hasta cuando
entenderán que el espectro no les pertenece sino sólo se les concesiona?
Tan acostumbrados están a esa lógica que el día de ayer emitieron un
desplegado en donde afirman lo siguiente: “Existe una forma legal de dar
solución a la problemática en cada una de las instancias, que debe ser
de manera particular, bajo criterios flexibles y transparentes,
analizando la mejor solución para la operación eficiente y responsable
de las estaciones”. En pocas palabras piden el retorno de las
negociaciones bilaterales, discrecionales, en lugar de licitaciones
abiertas y competitivas.
Red Compartida. De nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes retrasa el proceso licitatorio de la Red Compartida y será
hasta enero de 2017 que se concrete la entrega de la concesión a la
empresa que resulte ganadora. Este proyecto que es uno de los más
importantes de la reforma de telecomunicaciones tiene más de dos años de
retraso en su ejecución, no es buena señal un retraso más.
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