Por Ernesto Villanueva , (Proceso).- En unas semanas la polémica de la
reforma educativa ha ido en aumento. Atrás quedó la postura del gobierno
de Enrique Peña Nieto de que no habría ningún cambio porque “el estado
de derecho no se negocia”. Por favor, no hay en México siquiera estado
de derecho, pero las islas de derecho sí se están negociando.
Prueba de ello es la negociación que acaba de hacer el secretario de
Educación, Nuño, con el SNTE en un galimatías digno de Cantinflas para
explicarlo: la reforma educativa sigue, pero se revisarán los criterios
de evaluación, los salarios descontados, y se “revisará” el propósito de
la evaluación; es decir, si será o no definitiva para la permanencia en
el empleo de los maestros. Si eso no es negociar la ley, ¿cómo podría
llamarse entonces?
La CNTE, en cambio, es atendida en la Secretaría de Gobernación para
los mismos propósitos que el SNTE, agregando la liberación de sus
líderes, cuya detención tuvo una clara intencionalidad política de
causar parálisis y miedo en las bases de la coordinadora. Esa decisión,
empero, lejos de dispersar a las bases, las unió y las enardeció.
Tratar rápida y ventajosamente al SNTE –el sindicato bien portado y
aliado– y negar lo mismo a la CNTE genera discriminación, contraria a la
Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Dónde
quedó el derecho humano a la igualdad, reconocido por el artículo
primero constitucional?
El movimiento de la CNTE ya ha ganado algo: romper el discurso
inamovible sobre la reforma de la reforma educativa. Ya los legisladores
del PRI han dicho que “quizá” no haya sido la mejor. El presidente Peña
Nieto afirma que el tema de la reforma de la reforma está en la cancha
del Congreso de la Unión y eventualmente en lo que se denomina el poder
reformador de la Constitución, por si es necesario proceder a reformas,
adiciones o derogaciones en la Constitución Federal. Se expresa en esos
términos Peña Nieto para, si es el caso, que salve, si es posible, algo
de la imagen que todavía le queda. Así también el propio Peña Nieto ya
ha reconocido que el “límite” en el trato con la CNTE es el diálogo. Eso
significa que lo que pasó en Nochixtlán no fue en vano y generó, dentro
del lamentabilísimo hecho de pérdida de vidas, una vacuna, al menos
provisional, contra la represión del Estado.
En su colaboración en El Universal, Pepe Carreño Carlón, director del
Fondo de Cultura Económica y muy cercano a Nuño –o éste a aquél–,
lamenta el movimiento de la CNTE y responsabiliza al secretario de
Gobernación en un hecho inédito, donde de manera pública un alto
funcionario escribe sobre otro alto funcionario en los medios, porque, a
su decir, la reforma educativa tenía un gran apoyo popular, “seguida de
un corolario favorable a las aspiraciones (presidenciales) del titular
de SEP. Sin embargo, la misma adicción presentó luego a la disidencia
fatalmente blindada en su impunidad, respaldada por una movilización
triunfante en su proyecto de meterle reversa a la reforma (educativa),
con el apoyo explícito de López Obrador y el embozado del titular de
Gobernación, que habría alentado este nuevo escenario” (cursivas mías.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-carreno-carlon/nacion/2016/07/13/el-futurismo-fase-demencial-del)
Es poco menos que imposible pensar que el secretario de Gobernación
haya alentado el actual escenario, pero sí habría que reconocer que,
después de su desafortunada frase del ultimátum, hubo un cambio
sustancial de actitud para atender un serio problema de la agenda de la
discusión pública, que tiene carácter de urgente. Y si se hace, además,
por la vía racional del diálogo, dejando de lado, por lo menos por
ahora, las tentaciones del autoritarismo, representa un rasgo de
tolerancia.
Es importante dejar claro que la movilización de la CNTE –que le ha
permitido ser interlocutor con el gobierno federal– no es un acto de
impunidad en modo alguno, sino una forma legítima de expresar
descontento. Es evidente que si la CNTE no hubiera hecho lo que está
haciendo, no sería un interlocutor con la Secretaría de Gobernación.
Asimismo es importante hacer notar que tanto a nivel de la Corte Europea
de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
existe jurisprudencia sobre este tema.
En efecto, el derecho de manifestación encuentra asideros legales en
las libertades de expresión y de reunión. Estas movilizaciones, contra
lo que piensan los autoritarios del gobierno de Peña Nieto, tienen un
gran sustento legal tanto en la experiencia comparada como en la
aplicable legalmente al caso mexicano. Por un lado, la Corte Europea de
Derechos Humanos ha sostenido que “una manifestación puede causar
molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o
reclamos que la manifestación intenta promover. Sin embargo, los
manifestantes deben poder manifestarse sin tener miedo de sufrir
violencia física por parte de sus opositores; dicho miedo podría
disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o
intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones
sumamente controvertidas que afectan a la comunidad”. (Caso Plattform
“Arzte fur das Leben” c. Austria, sentencia del 21 de junio de 1988,
Serie A, No. 139, párrafo 32).
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
jurisprudencia es obligatoria para México, al respecto ha sostenido que
“la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y
radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin
que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”. (Colegiación
obligatoria de periodistas. Opinión consultiva 0C/ 5/85 párrafo 69).
La moraleja es clara: Lo que no hagamos como sociedad, nadie va a
venir a hacerlo por nosotros. La CNTE ha demostrado que el campo minado
preparado por el gobierno federal ni quebró la moral de los maestros ni,
menos, se logró la división social a la que apelaba el gobierno de Peña
Nieto.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Cartón Rocha
CIUDAD DE MÉXICO
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