(19
de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado federal Rogerio
Castro Vázquez, presidente de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción en la Cámara de Diputados, declaró que la renuncia de
Virgilio Andrade Martínez a la Secretaría de la Función Pública (SFP),
no alcanza para legitimar la entrada en vigor de las siete leyes que
integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reiteró que dicha
legislación, por sí sola, no será capaz de remediar los altos índices de
corrupción e impunidad que se viven en el país.
“La renuncia es tardía, desde hace meses
se había solicitado que eso ocurriera; además, de acuerdo a las
disposiciones del Sistema, Andrade no podría haber continuado al frente
de la Secretaría de la Función Pública. Ya se veía venir y así lo
exigimos por las irregularidades con que trató el caso de la Casa Blanca
y se va como vino: por la puerta de atrás”, sostuvo el legislador de
Morena, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Respecto a la promulgación del SNA, el
parlamentario sostuvo que este “se quedó corto” pues en ninguna de sus
partes “toca” al titular del Ejecutivo federal y si Peña Nieto -o
cualquier otro presidente que le siga- no es sujeto de sanciones, mucho
menos lo serán otros funcionarios; además, criticó que Peña haya
ejercido su derecho al veto y a hacer observaciones a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos -mejor
conocida como la “Ley 3de3”- tras la presión de los empresarios y hasta
ahora, no asuma la misma apertura a la negociación con otras demandas
sociales como la del magisterio, con lo que “demostró que solamente
escucha a una minoría influyente y no a quienes tienen que salir a las
calles a denunciar las afectaciones que sufren por las reformas”.
Explicó que de haberse mantenido la Ley
de Responsabilidades en los términos en que fue aprobada por el Congreso
de la Unión, empresas como Grupo Higa o Grupo Carso, habrían tenido que
explicar el manejo que hacen de los recursos públicos, lo que
indudablemente habría sido un avance; sin embargo, reconoció que la
redacción de dicha ley implicaba que cualquier persona física que
recibiera recursos públicos -como los beneficiarios de becas, por
ejemplo- también tuvieran que publicar sus declaraciones, característica
que sirvió de pretexto para argumentar que era inviable.
Castro Vázquez argumentó que desde la
reforma Constitucional ya se habían limitado los alcances del Sistema,
pues además de dejar fuera al Ejecutivo, tampoco se planteó siquiera la
posibilidad de retirar el fuero, figura jurídica con la que afirmó que
se protegen los políticos corruptos, por lo que no cree que haya un
cambio sustancial en la materia.
“Se pudo haber enmendado la plana en la
legislación secundaria porque la Constitución señala un piso mínimo y
las leyes reglamentarias son las que le dan viabilidad. Nosotros
propusimos que se fuera al fondo del problema y se transparentara; por
ejemplo, los recursos utilizados por Petróleos Mexicanos y por la
Comisión Federal de Electricidad; en fin, de las productivas del Estado,
así como que se pueda investigar al presidente y a los expresidentes.
Sí había manera de incluir en el Sistema avances, pero prefirieron
dejarlo limitado”, detalló el legislador de Morena.
Nuevas propuestas, otra lucha
El diputado federal recordó que -como lo informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO–
su grupo parlamentario ya presentó una iniciativa de ley para modificar
el artículo 108 constitucional para crear una “Comisión de la Verdad”
que pueda procesar todos los señalamientos en materia de corrupción
hechos contra el Ejecutivo federal.
Además, durante la discusión del Sistema
Nacional Anticorrupción, los legisladores de Morena propusieron que se
fundara el Instituto Nacional contra la Corrupción como órgano autónomo
que vigilara la instrumentación de la política en la materia y que el
fiscal especializado no sea parte de la estructura orgánica de la
Procuraduría General de la República (PGR), sino que funcionara de
manera autónoma. Cabe señalar que ninguna de dichas propuestas fue
tomada en cuenta.
Rogerio Castro Vázquez reiteró que para
la bancada de Morena en San Lázaro, “el tema anticorrupción será el
centro de nuestra agenda parlamentaria”, pero reconoció que mientras la
mayoría de los diputados continúen protegiendo actos criminales,
“nuestra lucha llevará más tiempo”.
En semanas pasadas, cuando el Ejecutivo
federal echó mano de su facultad de veto y envió al Congreso de la Unión
observaciones a 10 artículos del Sistema Nacional Anticorrupción, por
mayoría, las comisiones e incluso el pleno del Senado de la República
las avalaron. Días más tarde, la minuta fue enviada a la Cámara de
Diputados y al dictaminarla, el presidente de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción propuso modificaciones a la misma.
Castro Vázquez propuso, con fundamento
al artículo 6 Constitucional en relación a la máxima publicidad entre
quienes hacen uso de recursos públicos, que los empresarios, en lugar de
presentar sus declaraciones fiscales -posibilidad ante la que los
hombres del dinero amagaron con presentar una acción de
inconstitucionalidad- presentaran sólo un informe de los fondos públicos
ejercidos y el monto de las ganancias generadas por dichos contratos.
Sin embargo, estos planteamientos fueron desechados sin siquiera haberse
discutido.
El legislador sostuvo que su grupo
parlamentario será vigilante del nuevo fiscal especial en materia
anticorrupción y también del personaje que sustituya a Virgilio Andrade
al frente de la Secretaría de la Función Pública, aunque advirtió que de
acuerdo a los antecedentes en situaciones similares, no descarta que os
nuevos funcionarios sean gente cercana a Peña Nieto y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados.
Señalamientos y amonestaciones
Por separado, el coordinador de los
diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de
Diputados, Francisco Martínez Neri, también calificó la renuncia de
Andrade como “tardía”, y afirmó que nunca cumplió cabalmente la tarea
que se le encomendó.
“Espero que la renuncia sirva para reflexionar acerca de la necesidad de que la Función Pública se dignifique, con la presencia de personas comprometidas con el país, más que con quien las nombra”, dijo el diputado oaxaqueño y agregó que el amigo de Peña Nieto será recordado por su actuación “nula y deficiente”, además de la resolución que tuvo ante casos de corrupción tan visibles como el ya citado de la “Casa Blanca” y los nexos del Ejecutivo y algunos secretarios de Estado con Grupo Higa, entre otros.
En tanto, el también diputado del PRD,
Rafael Hernández Soriano, integrante de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, celebró la renuncia de Andrade y recordó que de haber
seguido en el cargo, hubiera tenido como mandato inmediato, el
nombramiento o ratificación de los titulares de los órganos de control
interno que vigilarán la Administración Pública Federal.
El coordinador de los diputados de
Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Clemente Castañeda, declaró que
la promulgación de las leyes anticorrupción en Palacio Nacional fue
sólo un acto protocolario que no proyecta, ni en los hechos ni en los
símbolos, un verdadero compromiso del gobierno federal para combatir la
corrupción en México.
“Esta nueva legislación tiene un enorme
hoyo negro: la imposibilidad de permitir a los ciudadanos conocer las
declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de los servidores
públicos, lo que haría posible visibilizar la enorme corrupción
clandestina que hoy tiene su principal epicentro en los contratos
públicos y el tráfico de influencias. Llamamos al presidente de la
República a que la propuesta que enviará al Congreso para nombrar a un
nuevo secretario, se aparte de intereses partidistas y de grupo para que
la designación recaiga en una persona comprometida con el combate a la
corrupción; que haga público su 3 de 3, que no tenga antecedentes
partidistas ni conflictos de interés con el titular del Ejecutivo y el
gobierno federal”, subrayó el coordinador parlamentario.
De acuerdo a su “Informe de Labores
2014-2015”, la SFP reportó que del primero de septiembre de 2014 al 31
de julio de 2015, recibió 26 mil 99 denuncias; en el mismo período, se
impusieron 10 mil 630 sanciones administrativas; sin embargo, casi la
mitad de estas fueron amonestaciones privadas y públicas.
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