Enrique Peña Nieto pidió perdón por el escándalo de la “casa blanca”, pero la Constitución mantiene que el Ejecutivo federal sólo podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos del orden común.
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro
Por Irving Huerta, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán
Con el Sistema Nacional Anticorrupción, resultará imposible acusar al presidente mexicano por casos como el de la ‘casa blanca’,
debido a que las leyes mexicanas lo continúan protegiendo de
acusaciones por corrupción y le siguen otorgando fuero constitucional.
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el l unes, en Palacio
Nacional, las leyes que hacen operante el Sistema Nacional
Anticorrupción. Se trata de todo un esquema de colaboración y trabajo
para evitar actos de corrupción en la administración pública, tanto para
burócratas como para contratistas de todos los niveles de gobierno.
Uno de los casos que impulsaron la creación de este sistema fue el de la ‘casa blanca’,
una mansión de 7 millones de dólares en poder de la familia
presidencial y construida a su gusto por el contratista del gobierno,
Grupo Higa, que preside Juan Armando Hinojosa Cantú.
Durante el acto de firma de estas leyes, el propio presidente pidió
perdón por el escándalo de la “casa blanca”. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción deja intacta a la figura presidencial y lo protege de delitos que tienen que ver con corrupción.
“No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi
familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el
gobierno. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos. La
entiendo perfectamente. Por eso con toda humildad les pido perdón. Les
reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que
les causé”, dijo en el acto oficial.
La protección legal vigente al presidente mexicano contrasta
con las disposiciones de otros países de la región, como Guatemala o
Estados Unidos, incluso cuando la constitución norteamericana fue la base para redactar la Carta Magna de nuestro país.
El artículo 108 de la Constitución Mexicana dice textual que los únicos delitos por los que el presidente puede ser acusado son aquellos considerados como “graves”, lo cual excluye todos los que tienen que ver con corrupción:
“El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, se puede leer en el segundo párrafo del artículo 108.
En tanto, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica sí contempla el “soborno” (bribery) como una causal de juicio político:
“El presidente, vicepresidente y todos los funcionarios de los
Estados Unidos, deberán ser removidos de su cargo mediante juicio
político por, y condenados por, traición, soborno y otros crímenes y delitos graves”, dice el Artículo II sección 4 de la constitución de ese país.
A diferencia de México, otros presidentes de América Latina
sí han sido acusados por actos de corrupción e incluso algunos fueron
separados de sus cargos.
Los casos más recientes son el de Guatemala, Otto Pérez Molina,
quien está en prisión preventiva por los delitos de defraudación
aduanera y cohecho pasivo, relacionados al llamado caso “La Línea”.
Dilma Rousseff, de Brasil, fue separada del cargo
mientras el Congreso investiga si maquilló cifras del déficit público; o
la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, quien tuvo que enfrentar varios procesos en su contra mientras
estaba en su cargo, entre ellos el caso de los hoteles relacionados con
ella y su familia.
A inicios de 2015, cuando comenzó a discutirse el Sistema Nacional
Anticorrupción, en el Congreso mexicano sí se lanzó la posibilidad de
modificar ese artículo constitucional, pero el PRI y el Partido Verde -partidos que impulsaron a Peña Nieto a la Presidencia- se impusieron e impidieron cualquier cambio.
En la segunda etapa para la aprobación de las leyes anticorrupción,
en la primavera de 2016, el tema no fue incluido en las propuestas de
ley, ni siquiera en la iniciativa ciudadana “3de3”, impulsada por las
organizaciones Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y
Transparencia Mexicana.
El PT sí presentó una nueva iniciativa de ley que contemplaba quitarle protección al presidente, pero no prosperó.
“Insistimos en que mientras el Presidente de la República no
sea imputable de delitos de corrupción y que los presidentes que
participaron en las privatizaciones y la disminución del Estado, todo
esto que los ha hecho inmensamente ricos, no sean llamados a
una comisión de la verdad, todo lo que se diga en materia de
anticorrupción es una simulación”, dijo el coordinador del PT en el
Senado, Manuel Bartlett, en una de las sesiones en las que se discutían
las leyes anticorrupción.
De acuerdo con el doctor en Derecho, José Roldán Xopa, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “los delitos considerados
como de corrupción, por ejemplo cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otros, no son considerados como delitos graves”, dijo para Aristegui Noticias.
Roldán Xopa también dijo que, aunque el Sistema Nacional
Anticorrupción excluye al presidente en funciones de responsabilidades
penales, sí contempla que sea acreedor a sanciones administrativas.
Para el profesor de cátedra del Tec de Monterrey Campus Ciudad de
México, Francisco García González, no es un tema de leyes, sino de
voluntad:
“La razón de que parezca que un juicio político o una investigación
independiente sobre las finanzas del presidente son escenarios
impensables en México es porque las instituciones con la capacidad de
hacerlos reales (el Congreso y la Secretaría de la Función Pública,
respectivamente) lo decidieron así. Es decir, no es tanto que nos falten elementos legales, sino que falta que las cosas se hagan”.
No obstante, reconoce que hay diferencias institucionales con
respecto a otros países: “En Estados Unidos, la Office of the Inspector
General (OIG) tiene funciones similares a las de la Función Pública,
pero actúa de manera independiente al Poder Ejecutivo”.
En México el Secretario de la Función Pública aún será nombrado por el
presidente, pero ahora tendrá que ser avalado por el Senado.
“Lo que tenemos, en cambio, es un presidente que no se deja evaluar,
un Congreso que se rehúsa a hacerlo y organizaciones de la sociedad
civil que buscan más protagonismo legislativo que entender la corrupción
en México”, dijo García González a Aristegui Noticias.
Algunas de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción
serán operante hasta 2017, por ejemplo la presentación de las
declaraciones “3de3”. Asimismo, aunque el Fiscal Especializado en
Materia de Corrupción ya puede ser designado por el Senado, su
independencia no ocurrirá sino hasta que la Procuraduría General de la
República (PGR) se convierta en la Fiscalía General de la Nación, lo
cual ocurrirá cuando el Congreso expida sus leyes secundarias, en una
fecha que sigue en el aire.
De acuerdo con un análisis del abogado Alberto Herrera para Horizontal,
el modelo mexicano de juicio político fue impulsado por el presidente
Venustiano Carranza en 1917, tomando en cuenta “la necesidad de
establecer inmunidad constitucional al jefe del ejecutivo en las
monarquías constitucionales”.
La renuncia de Andrade a la Función Pública
Horas antes de que el presidente Peña Nieto promulgara las leyes del
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Virgilio Andrade anunció que
dejaba la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Andrade fue nombrado en la Secretaría el 3 de febrero de 2015 por el
presidente, a fin de realizar una encomienda especial: determinar si
existió un conflicto de interés en la compra de la llamada “casa blanca”
y en la adquisición de otra casa que realizó el titular de Hacienda,
Luis Videgaray, ambos vendidos con facilidades por parte de Grupo Higa.
Andrade presentó, el viernes 21 de agosto, los resultados de la
investigación, los cuales no fincaron ninguna responsabilidad a Peña
Nieto ni a Videgaray.
Además, Andrade también emitió un “Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal” como parte de su encomienda presidencial.
Pero al mismo tiempo, intervino para conseguir un empleo, primero en la
Sedesol y después en la Sedatu, a una mujer con quien procreó, en 2013,
un hijo fuera del matrimonio.
De acuerdo con cifras de la SFP, el año pasado fueron sancionados mil 709 servidores públicos de la administración federal por alguna irregularidad administrativa,
lo que significó multas por 2 mil 196 millones de pesos. El último
reporte de la dependencia dice que de enero a mayo de este año 2 mil 681
funcionarios fueron sancionados, con sanciones económicas por 548
millones de pesos.
El presidente Peña Nieto o Luis Videgaray no figuran en estas cifras.
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