Resulta
muy lamentable el desencuentro en curso entre el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a propósito de la
encuesta aplicada por el por el Módulo de Condiciones Socioecónomicas
2015, perteneciente al primero, para medir el estado en que se encuentra
la pobreza en México.
Bajo el argumento de que
“medir los ingresos es complejo” en toda la aldea global, porque los
informantes “tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”, el
INEGI por medio del MCS 2015, reportó que el año pasado los hogares más
ricos del país percibieron ingresos 20 veces superiores a los del decil
(la décima parte de la población) más pobre.
Y los
hogares con el decil más alto de percepciones recibieron, en promedio
al trimestre, 161 mil 568 pesos, contra 8 mil 169 pesos de los hogares
del primer decil. Esto implica que los primeros captaron en promedio
19.8 veces más ingresos que los segundos.
Los
estados donde obtuvieron el mayor ingreso promedio son Nuevo León con 66
mil 836 pesos trimestrales, seguido de la hoy Ciudad de México (61 mil
622), Baja California Sur (61 mil 361) y Aguascalientes (59 mil 434
pesos).
Las entidades federativas con menores
percepciones en promedio por hogar –cada tres meses– son Veracruz (31
mil 328), Chiapas (29 mil 648), Oaxaca (28 mil 715) y Guerrero (27 mil
584 pesos).
En el norteño Nuevo León, entidad
federativa con el mayor ingreso promedio, en los hogares obtuvieron el
doble de recursos que en Guerrero, el de menores percepciones. Todo ello
conforme a la información del reportero Juan Carlos Miranda, publicada
en La Jornada (16-VII-16).
La muestra fue aplicada
en 64 mil 93 viviendas y suscitó de inmediato la airada reacción del
Coneval porque los cambios en los criterios de captación del ingreso que
realizó el INEGI fueron su “decisión exclusiva”, se hicieron al margen
del convenio de colaboración con el primero, no fueron “debatidos
técnicamente en conjunto” y “rompen la evolución histórica de las
mediciones de pobreza” que el Consejo Nacional realiza desde hace ocho
años.
Es una pena que dos órganos denominados
autónomos –INEGI y Coneval–, en un país en que abundan por el mal
desempeño de las instituciones burocráticas regulares y, por ello, su
falta de credibilidad, abonen a la mala percepción nacional que de suyo
tienen las estadísticas oficiales, hasta el punto que en automático son
cuestionadas cuando no fortalecen el punto de vista o la percepción de
cada quien.
Pero también es sumamente saludable
que los funcionarios del Coneval hagan públicos sus desacuerdos con la
metodología empleada por los directivos del INEGI por ser “poco
transparente”. Y podrá ser un debate harto enriquecedor en la medida que
métodos y criterios para medir la pobreza a secas y la pobreza extrema
(miseria) sean dirimidas con claridad, sin eufemismos y en lenguaje apto
para los no especialistas.
Es un debate
indispensable, sobre todo en un país en el que las percepciones acaban
predominando sobre las realidades. Esto quiere decir que si la plana
mayor del INEGI busca edulcorar la realidad de la pobreza mexicana, como
ya concluyó el Coneval –las cifras significan el “incremento real de
11.9 por ciento en el ingreso corriente en los hogares y más de 33.6 por
ciento en las casas más pobres en un año–, será demasiado difícil que
las estimaciones del primero logren éxito en la percepción ciudadana,
entre otras razones porque la realidad no es fácil edulcorarla y menos
aún ocultarla.
@IbarraAguirreEd
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