Dos de las asignaciones en la zona marítima conocida como Perdido han sido otorgadas a consorcios en los cuales Pemex es socio minoritario. En una de las áreas ya se han hecho trabajos de exploración, la inversión es por tanto muy segura. Los nuevos socios mayoritarios de Pemex en esos proyectos serán la australiana BHP Billington, para el campo Trión (120 mil barriles diarios), y Chevron (EU)-Inpex (Japón).
Las otras trasnacionales beneficiadas con siete contratos adicionales, agrupadas todas ellas en diferentes consorcios, fueron: Statoil (Noruega); BP (Gran Bretaña); Total (Francia); ExxonMobil (EU); Offshore Oil Corporation (China); PC Carigali (Malasia). Ha sido un festín para esas empresas las cuales ampliarán sus operaciones hacia la zona sur del límite internacional marino del Golfo de México.
Todo lo que se pueda hacer con esos nueve contratos para aguas profundas pudo haber sido planeado hace diez años exclusivamente por Pemex de tal forma que ya estarían en actividad varios campos. Pero durante ese lapso el Estado mexicano, sus grupos políticos decisorios, se dedicaron a ponerse de acuerdo poco a poco hasta que al final definieron la forma exacta en que privatizarían los yacimientos de hidrocarburos. Mientras, siguieron dejando a Pemex sin recursos propios con el fin de que contratara empréstitos que en los hechos y en forma ilegal financiaran el gasto corriente del gobierno.
La empresa petrolera estatal mexicana fue ahorcada también para justificar las actuales subastas petroleras a favor de trasnacionales. Sin embargo, al día siguiente de la asignación de nuevas áreas Pemex lanzó una oferta de deuda para obtener 4 mil millones de dólares pero contrató 5 mil 500 de una demanda de 30 mil. El petróleo sigue siendo negocio aunque el gobierno federal ya no lo quiera operar. Los inversionistas privados se arrebatan los papeles.
La política petrolera del gobierno es una de las formas de poner un país a la venta pues se trata de bienes nacionales no renovables (crudo y gas) cuyos precios son variables y constituyen además reservas de largo plazo. Aunque sea una enajenación parcial, ya que una parte del dinero se quedará como impuestos y otros ingresos, no se puede ocultar el carácter de venta de los yacimientos. Los contratos se firman con una duración que está determinada por la existencia productiva de los pozos y el número de éstos en cada depósito natural será el necesario para extraer todo el hidrocarburo posible. Es evidente que el yacimiento es lo que se está vendiendo con independencia de la forma de determinar el precio del mismo.
El problema no termina ahí. La concesión a las trasnacionales implica que México renuncia a un desarrollo de la ingeniería en general y de la tecnología petrolera. Un país atrasado debe usar sus riquezas naturales no sólo para el gasto social sino principalmente para construir las estructuras productivas permanentes a través de las cuales se forjen trabajadores más productivos y con mayores ingresos. Lo que México requiere no sólo es vender materias primas sino transformarlas y aprender a producir más y mejor. Esa no es la política del gobierno.

La subasta de yacimientos ha sido presentada como un respaldo del “mercado” a México como economía y como gobierno. Eso lo ha dicho el secretario Meade, pero no es más que propaganda. Las trasnacionales han venido a hacer negocios altamente
redituables –eso es lo suyo– aprovechando el entreguismo del PRI y del PAN que fraguaron todo a espaldas al país.

Como la Suprema Corte negó la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada separadamente por el PRD y Morena, la nación fue ubicada en situación de indefensión, pero sólo por lo pronto, es decir, mientras no sean removidos del poder ambos partidos causantes del innecesario e inicuo remate de bienes de la nación.